Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Sánchez rearma la mayoría de Gobierno el día que Feijóo pide una moción de censura
Miguel esprinta para reabrir su inmobiliaria en Catarroja, Nacho cierra su panadería
Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Wert, responsable de la ley antipirateo, se apropia de contenidos hechos por profesores

José Ignacio Wert, ministro de Educación y Cultura

Raquel Ejerique

El ministro que sacó adelante en febrero de 2014 la Ley de Propiedad Intelectual que castiga la piratería se ha aprovechado del trabajo de docentes de centros públicos de toda España utilizando dudosamente la Ley de Subvenciones.

José Ignacio Wert convocó en julio de 2014 unas ayudas para que profesores de la escuela pública de toda España desarrollaran materiales didácticos. El objetivo era “motivar al profesorado en el desarrollo de recursos innovadores (...) y dotar al profesorado de un banco de recursos accesible como soporte y ayuda para su planificación y labor docente”.

Todo bien, si no fuera porque esos materiales los usó sin pagar por ellos -ni contrato, ni factura, ni IVA-, se hizo con los derechos y se reservó la posibilidad de modificarlos, distribuirlos o transformarlos. El problema es que Ministerio hace esta convocatoria a través de la Ley de Subvenciones que especifica en su artículo 2.1.a que para que sea una subvención, la entrega de dinero ha de hacerse “sin contraprestación directa de los beneficiarios”. Es decir, es una ayuda que no puede pedir al receptor nada a cambio.

El disfraz de la subvención

Como explica el abogado experto en Derecho Administrativo Ignacio de Luis a eldiario.es, “la doctrina del Tribunal Supremo se inclina por un criterio restrictivo del concepto de subvención (concepto mucho más estricto que el general de ayuda). La confección de material didáctico bien pudiera considerarse como un contrato para la prestación de servicio concreto que queda disfrazado como subvención directa, luego podría considerarse un uso fraudulento de la norma”.

La convocatoria estaba dotada con cuatro millones de euros, que se deberían haber dado a los profesores como ayuda sin contraprestación. Sin embargo, esta resolución “tiene por objeto (...) la elaboración de recursos didácticos que serán incorporados a las plataformas de acceso público del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. Es decir, la plataforma de publicaciones. Ahí se pueden encontrar materiales gratuitos y también de pago, como uno sobre Finlandia de más de 17 euros o sobre Wordpress por 5,08 euros.

Es más, Educación -concretamente la exnúmero dos, Montserrat Gomendio, que es quien firma la convocatoria- pone una condición relativa a la autoría: “El autor cederá a título gratuito a favor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los derechos de explotación de la propiedad intelectual, y en especial los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de los recursos didácticos entregados”.

Lógico en cuanto a propiedad intelectual

Tanto el abogado de Propiedad Intelectual Carlos Sánchez Almeida como la profesora de Derecho en la UNED Carmen Fernández Rodríguez señalan que este procedimiento de pedir derechos es habitual en la Administración pública. “Desde la perspectiva de propiedad intelectual no hay nada raro en que haya un retorno a la pública ya que se apoya desde lo público”, interpreta Almeida. “Aunque sea una resolucion en materia de subvenciones, es un clásico en productos culturales. Eso sí, lo que ha sido objeto de subvención no pueden venderlo ni comercializarlo”, apunta la experta en Derecho Administrativo.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ya llamó la atención al Ministerio por utilizar la Ley de Subvenciones para maquillar prestaciones de servicios. Fue en el caso de las revistas culturales. A cambio de una subvención pública, las revistas entregaban ejemplares gratis a Educación. El propio Wert lo admitió en una sesión en el el Congreso en 2012: “Estamos buscando una fórmula de encaje legal, (...) pero lo tenemos que hacer desde el cumplimiento de la legalidad y no utilizando fórmulas que han sido puestas en cuestión por el Tribunal de Cuentas”.

Dos años después de esta declaración, en 2014 el Ministerio ha seguido sin encontrar ese “encaje legal” y ha seguido utilizando esta fórmula. El Ministerio de Educación no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre esta convocatoria de subvenciones, por qué usó esa fórmula o qué hizo con los materiales que elaboraron los docentes de toda España.

Etiquetas
stats