12 comunidades autónomas piden al ministro que retire las reválidas de Secundaria y Bachillerato
Las ocho comunidades autónomas que gobierna el PSOE no harán la prueba de sexto de Primaria. Al menos no la harán tal y como pretende que sea el Ministerio de Educación, según han explicado esta mañana antes de entrar a decirle lo mismo al ministro, Iñigo Méndez de Vigo, en la Conferencia Sectorial que ha reunido al Gobierno central con los regionales para hablar de las reválidas de Secundaria y Bachillerato, entre otros temas como la ordenación de la FP y las cuantías de las becas.
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana —las ocho regiones que gobiernan los socialistas— también han pedido al ministro en esta cita que retire los exámenes de fin de ciclo de 4º de Secundaria y de 2º de Bachillerato. En esto no están solas. Las otras cuatro regiones que no gobierna el PP (Navarra, País Vasco, Cataluña y Canarias) tampoco quieren estos exámenes. Estas 12 comunidades aglutinan al 75% de la población.
Amenaza con ir a los tribunales
Méndez de Vigo les ha respondido con una negativa. Las reválidas de Secundario y Bachillerato se harán “porque tienen que entrar el curso que viene”, ha explicado tras la cita de más de cuatro horas. Además, ha asegurado que el ministerio “vigilará” las evaluaciones de sexto de Primaria que van a hacer las comunidades y, si la Alta Inspección considera que no cumplen la ley podría acudir a los tribunales. El ministro ha admitido sin embargo que no sabe qué van a hacer, pero les pidió que “reflexionen y se ciñan a la ley”.
A su favor el ministerio tiene el aval de los rectores a la prueba de Bachillerato, con quienes la ha negociado y que está previsto sustituya a la Selectividad. Sin embargo, los consejeros socialistas recuerdan que los rectores no pintan nada en estas etapas preuniversitarias y lo enmarcan como una búsqueda de aliados por parte de Educación.
Mayte Pérez, consejera de Educación de Aragón y que ha ejercido de portavoz de sus colegas socialistas, ha explicado que estas pruebas conducen “a la exclusión” de los alumnos, “gangrenan el sistema” y “rompen la equidad”, y que no quieren ser “cómplices de una ley educativa” que devuelva al país “40 años atrás”. Los socialistas acusan a Méndez de Vigo de ser “casi peor” que su antecesor, José Ignacio Wert, por ser “un lobo con piel de cordero” y exigen “un debate sosegado” sobre estas cuestiones.
Elección de los centros
Los socialistas encararán la evaluación de sexto de Primaria de diferente manera según cada región. Pérez ha explicado que la idea es realizar el informe individualizado que requiere la ley, pero que se hará en base a la evaluación continua que van aplicando los profesores a lo largo del año y no a través de un examen como quiere Educación. Las consejerías enviarán a los centros el “material necesario para hacer los informes”, como criterios de evaluación, y en algunas comunidades, un modelo de examen que los colegios podrán aplicar o no si lo consideran necesario “dentro de su autonomía”. La decisión de hacer la prueba o no queda por tanto en manos de los colegios.
Asturias, por ejemplo, recurrirá a este método. La parte de externalizar la prueba, como exige la ley, queda en manos de una comisión que recibirá estos informes previos y será la encargada de hacérselos llegar a las familias y a los futuros centros de referencia de los alumnos evaluados, que pasan de Primaria a Secundaria. La consejera socialista ha remarcado que sus actuaciones se ajustan a la ley y ha lamentado: “Lo duro es cómo intentamos sortear la ley sin ser insumisos”.
Además, los socialistas van a pedir al ministro que retire las reválidas de Secundaria y Bachillerato. En su opinión son “segregadoras” porque apartarán irremisiblemente a alumnos del sistema educativo. Aprobar ambos exámenes es necesario para obtener los respectivos títulos, según figura en la ley, lo que rechazan las comunidades. Pérez ha explicado que el PSOE está de acuerdo con las evaluaciones al sistema, pero no así. “De los 28 países europeos que las aplican, sólo en cuatro se basan en la nota de un examen”, ha sostenido. Y ha afirmado que las reválidas suponen “invalidar” el trabajo de los docentes a lo largo de los años.
Aducen los gobiernos regionales del PSOE que, más allá de las cuestiones ideológicas, que también las hay, tienen la “imposibilidad material, de recursos económicos y humanos” de realizar estas pruebas, que deben hacerlas trabajadores externos a los centros, según el Ministerio. Lo que no explican es cómo entonces los han realizado, esta misma semana, las comunidades que gobierna el PP, excepto Murcia.
