Una mujer enferma del corazón acaba en urgencias durante un intento de desahucio
El miércoles comenzaba con la calle Ocaña, del barrio madrileño de Aluche, totalmente acordonada. Una decena de furgones policiales recibía a las personas que llegaban para evitar un desahucio, el de Ana, enferma del corazón, y su hijo, que finalmente se ha pospuesto hasta el próximo 9 de octubre. La noticia del retraso de la ejecución la ha recibido el hijo de la mujer porque Ana ha tenido que ser trasladada en un ambulancia al hospital. “Ahora lo que nos preocupa es que esté bien y que no empeore su salud”, dice Violeta, una activista de Vivienda Latina que ha seguido su historia.
El corazón de Ana la ha llevado al hospital en varias ocasiones. “En febrero la operaron de urgencia y le tuvieron que cambiar dos válvulas que le habían puesto hace cuatro años”, cuenta Violeta. Su mal estado la salud le ha costado, además, varios trabajos. Ana limpiaba en algunas casas en las que no tenía contrato y donde han cogido a otras personas cuando ha tenido que hacer reposo. “Ahora está de baja y cobra 250 euros de incapacidad del único hogar en el que tenía contrato”, dice la activista.
En su caso, la orden del desahucio llegó por sorpresa. La mujer pagaba el alquiler a unos particulares, que acordaron con ella las mensualidades pero sin ningún contrato, “solo de palabra”, relata Violeta. Lo que no sabía Ana es que los arrendadores no pagaban su respectiva hipoteca y que el propietario, un fondo titulizador de activos, había instado el alzamiento del inmueble.
Credifimo, una entidad de créditos hipotecarios vinculada a CaixaBank y antigua propietaria de la vivienda, es la encargada de las gestiones con la familia y con la que han negociado para evitar el desahucio.
Sin embargo, el diálogo y el estado de salud de la mujer no han evitado que la vivienda amaneciera bloqueada este miércoles. Varias personas que habían acudido a apoyar a la familia no han podido acceder ni siquiera a la calle Ocaña. “Vemos la casa de lejos”, explicaba Javier Romero en conversación con eldiario.es, mientras la comisión judicial permanecía dentro del cordón policial.
Aún no habían llegado los “sí, se puede” para celebrar la paralización temporal y los gritos eran de “vergüenza”. La presencia policial, “excesiva”, según los presentes, hacía presagiar un final diferente. “No sabemos quién está en la vivienda, ni cómo está la mujer”, decía Juan, de Vivienda Chamberí. Mientras, el Samur llegaba para atender a Ana, que finalmente ha sido trasladada al hospital Gomez Ulla, y la policía se llevaba a uno de los activistas.
Un alquiler social en Móstoles
Aunque el día no ha terminado con las pertenencias de Ana y su hijo en la calle, la familia tiene una nueva fecha para abandonar el piso: la próxima semana. “La abogada de la PAH Madrid ha acordado que se paralizara hasta el 9 de octubre”, cuenta Violeta. La intermediaria de Vivienda Latina explica que ayer Credifimo ofreció “un alquiler social en Móstoles”, pero que aún estaban negociando las condiciones. “Se habla de un alquiler de 100 euros al mes durante el primer año y después el precio subirá”, continúa.
De momento, Violeta está pendiente de la salud de Ana. “Íbamos a firmar el alquiler esta tarde, pero lo importante es que ella esté bien”, dice.
