Las claves del documento sobre 'fracking' que el Gobierno mantiene oculto
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elaboró en 2013 un estudio para el Ministerio de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y corrección que deberían adoptar las empresas que quisieran extraer gas en España medianta la factura hidráulica, más conocida como fracking. Su contenido subraya peligros sobre las sustancias que se inyectan al perforar las rocas, sobre la contaminación de acuíferos, la polución del aire y los riesgos de terremotos. A pesar de reconocer haberlo recibido en “julio de 2013”, el ministerio lo mantiene oculto y secreto. Fuentes del IMGE entienden que era demasiado proteccionista.
El informe no sólo avisa de los riesgos ya constatados en otros países que llevan años practicando la extracción de gas mediante fractura, sino que subraya algunas de las medidas legislativas, regulaciones y restricciones que se han desarrollado en esos países, especialmente en Estados Unidos.
El pasado 9 de junio el Partido Castellano denunció la existencia de este informe y su silenciamiento, el Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) contestó mediante un comunicado que “es rotundamente falso que haya censurado la guía elaborada por el IGME”. 24 horas después, el insituto emitió su propio texto que repetía: “En ningún caso el MAGRAMA ha presionado para modificar el documento de trabajo”. Un portavoz del instituto reconoció al eldiario.es: “Tenemos el documento pero debe ponerlo a disposición del público el ministerio, que es el propietario”.
A pesar de estas declaraciones, el ministerio sigue sin hacer público el documento, que eldiario.es ha solicitado formalmente desde hace más de un mes. Este periódico ha tenido acceso al informe a través del Partido Castellano y también en el buzón de Fíltrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas en la que colabora con Diagonal, La Marea y la revista Mongolia. El texto debería servir para establecer las declaraciones de impacto ambiental obligatorias para abrir un pozo de fractura hidráulica. El IGME pertenece orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad.
El Partido Castellano ha presentado a través del diputado de Compromís Joan Baldoví una pregunta al Ejecutivo acerca de qué está pasando con este documento del Instituto Geológico y Minero de España, ya que consideran que las exigencias que recomienda a las empresas interesadas en poner en práctica esta técnica han silenciado la guía. Estas son algunas de las conclusiones claves de ese estudio, que aquí puede verse completo:
1. Liberación de sustancias radioactivas
Las rocas que se rompen para extraer el gas contienen elementos que, al quebrarse, pueden pasar al agua que retorna a la superficie o que se queda en el subsuelo. “Entre los elementos inorgánicos se encuentra el uranio, elemento radioactivo (...) que tiende a desintegrarse emitiendo radioactividad y dando lugar a otro elemento radioactivo”.
Entre todos los que se registran aparece el radón 222: “Un gas inodoro, incoloro e insípido, muy soluble en el agua, por lo que puede ascender disuelto en el agua de retorno, que puede pasar al aire por descompresión”. El radón se adhiere a aerosoles, polvo y partículas del aire. Por esa razón cuando aspiramos el radón, se deposita en la piel que reviste las vías respiratorias “donde las partículas alfa pueden dañar el ADN y causar cáncer pulmonar”.
Además, el informe explicita que en los yacimientos de gas y roca viven bacterias que no precisan de aire para proliferar y cuyo metabolismo produce ácido sulfídrico. Ese ácido tóxico también es capaz de disolverse en el agua y alcanzar de esa manera la atmósfera. La explotación por fracking impone la utilización de biocidas en el agua para matarlas.
2. Tóxicos en el agua que extrae el gas
El IGME reseña que se han realizado estudios tanto de la Agencia Alemana de Medio Ambiente como del Congreso de los Estados Unidos para identificar las sustancias que se añaden al líquido con el que se fracturan los yacimientos y se libera el gas. En Alemania, la agencia cuantificó en 7,3 toneladas de aditivos los que se usan en cada explotación. De los 88 añadidos, 6 se clasifican como tóxicos, 6 nocivos para el medio ambiente, 25 peligrosos, 14 irritantes, 12 corrosivos y 27 no peligrosos. 8 no se identifican.
En EEUU, entre 2005 y 2009 “las operadoras americanas utilizaron 750 sustancias químicas diferentes. 12 eran cancerígenos y 24 contaminantes atmosféricos”. El inventario público de aditivos usados en cada pozo “es voluntario” para las compañías, avisa el texto.
3. Contaminación de los acuíferos
Todo el proceso de fracking gira en torno al agua que se inyecta a altísima presión para fracturar las rocas y lograr que liberen el gas que alberga. El IGME asegura que “existen evidencias científicas de que la contaminación de acuíferos, especialmente por metano y sólidos disueltos, se podrían transmitir a través de las fracturas producidas, a través de fisuras [...] e incluso a través del casing (tuberías) de antiguos pozos deteriorados”.
Esto quiere decir que las grietas subterráneas creadas por los pozos o la mala conservación de éstos sirven para que la contaminación llegue al agua del subsuelo. Y luego añade que “se puede indicar que las mejores zonas para explotar gas no convencional [...] son aquellas que en las que no existen materiales permeables en su entorno tanto los considerados acuíferos como los que no”.
A pesar de estas dos conclusiones técnicas –peligro de envenenar acuíferos y mayor idoneidad de zonas impermeables– una superposición del mapa de Permisos de Exploración del Ministerio de Industria con el de Unidades Hidrológicas permitió a Ecologistas en Acción constatar que en España “el 80% de los yacimientos en marcha están sobre acuíferos”.
El documento del instituto pone el acento en que, al modificar las condiciones del subsuelo, se “pueden producir conexiones con intercambio de fluidos” entre las perforaciones y los acuíferos. Y no sólo se refiere a la propia zona donde se estén rompiendo las rocas. Es decir, un pozo entraña un riesgo de contaminación para también para un depósito de agua natural muy distante, ya que estos fluidos “pueden llegar a acuíferos mucho más alejados debido al contacto entre las fracturas creadas y previas”, detalla. “Estas afecciones no suelen tenerse en cuenta”, concluye.
Mientras España está abriendo la regulación para extraer gas mediante fracking con cierta opacidad en las exigencias medioambientales, en EEUU, país de referencia absoluta en este sector, diferentes estados dan pasos para contener esta búsqueda masiva de hidrocarburos atrapados en el subsuelo. En cuanto a la cuestión del agua, el estado de Massachusets está tramitando una ley para prohibir el fracking durante diez años. La propuesta del Comité de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agricultura no deja lugar a dudas: Ley para proteger nuestra agua potable de la fractura hidráulica. Aún en proceso legislativo, establecería una moratoria desde enero de 2015 a diciembre de 2024.
4. Una industria sedienta: gran gasto de agua
En la guía del IGME también se hace referencia a la cantidad de agua que se necesita para sacar el gas. Aunque el consumo es muy variable, se puede llegar a “36.000 o 40.000 metros cúbicos por perforación”, lo que pone de manifiesto “el considerable volumen necesario”. Un campo medio de fracking en explotación se extiende por 25 km2, a razón de un pozo cada 2,5 Km2, lo que llevaría el consumo de agua a “80.000 a 350.000 m3”, analiza el documento.
Un estudio de la organización CERES ya explicaba que más de la mitad de los 39.000 pozos abiertos en 2011 en EEUU se abrieron en zonas de “alto o extremadamente alto estrés hídrico”.
5. Las inyecciones de agua están detrás de terremotos
Tras el informe del mismo IGME que relacionó los terremotos frente a la costa de Vinaròs (Castellón) con la inyección de gas en el almacen marino Castor, la generación de seísmos es uno de los puntos más preocupantes de la actividad del fracking. El instituto arranca sus observaciones así: “Existen indicios y cada vez más especialistas están de acuerdo en que las operacones de gas no convencional pueden generar sismicidad”. Y remacha que “existen además numeroso ejemplos en los que se observa una clara correlación entre inyecciones y terremotos”.
Tanto es así que, meses después de la revisión del IGME para el Ejecutivo, un estudio de la Universidad de Cornell (EEUU), publicado en junio de este año en la revista Sciencie, estableció que “el fuerte incremento de sismicidad en el centro de Oklahoma es inducido por la masiva inyección de agua residual” del fracking. El “20% de los terremotos registrados en la zona pueden estar producido sólo por cuatro pozos”, dice el texto.
En lo que va de 2014, ese estado lleva 240 terremotos de 3.0 grados o más cuando antes de 2008 –cuando arrancó la explotación gasística– tenía una media de uno al año, explican los investigadores. Otro estado americano, Texas, ha iniciado en mayo unas audiencias en su Congreso para establecer si los seísmos en su área norte provienen de los pozos de fracking. La Southern Methodist University cuenta 300 seísmos en una zona tupida de pozos y almacenes subterráneos.
Y a eso, el documento remitido al Ministerio de Medio Ambiente le añade que los terremotos que produce el almacenamiento de agua después de ser utilizada –al ejercer presión durante más tiempo– son “de una magnitud mayor”.
6. Metano, ozono y benceno liberados al aire
La evolución de la ingeniería ha permitido a las empresas crear campos de fractura hidráulica con, cada vez, más pozos. Esto ha producido altas concentraciones de gases, partículas y vapores en la atmósfera. Ejemplos que señala el IGME al MAGRAMA: el metano, el ozono y el benceno –este último cancerígeno– del que se registran “altos niveles en los campos de gas”, entre otros.
El informe avisa de que la situación en EEUU la Agencia de Proteccion del Medio Ambiente “ha emitido una legislación” específica para que las empresas deban recoger y almacenar el metano para redistribuirlo por gasoductos.
7. Exigencias a las empresas promotoras
Tras la batería de análisis, el IGME remata sus conclusiones con una serie de “recomendaciones” que serían exigibles a las compañías interesadas en explotar los yacimientos en España. Por ejemplo, pide el “establecimiento de una red de control hidrogeológica de un radio de entre 5 y 10 kilómetros” para vigilar las posibles filtraciones, presencia de lodos residuales o metano (entre otros) de los acuíferos, surgencias, manantiales o pozos“ mediante análisis periódicos.
Para controlar el aire se recomienda una malla de “estaciones de medición de calidad del aire” para comprobar los niveles antes de la explotación y durante la fase de fractura y extracción del gas.
“Los promotores deben realizar investigacones locales específicas para caracterizar los esfuerzos e identificar las fallas”. Es decir, estudiar detalladamente el subsuelo sobre el que quieren actuar para conocer su tendencia a los temblores. Y especifica que “normalmente sólo se han cartografiado las grandes fallas y en superficie” cuando lo que se considera exigible en el asunto del fracking es un informe sobre “fallas en profundidad” que requiere “una cartografía detallada”. Incluso “deben tenerse en cuenta la presencia de fallas potenciales que no puedan ser detectadas”.
