Japón manda a casa a miles de vecinos de Fukushima a pesar de la radiación

Miles de personas que huyeron hace seis años del accidente en la planta nuclear de Fukushima Daiichi tendrán que regresar a sus hogares o perder los subsidios de vivienda, a pesar de que sigue habiendo inquietud por la radiación en sus antiguos barrios. La orden, denunciada por activistas como una violación del derecho de los evacuados a vivir en un entorno seguro, afectará a unas 27.000 personas que no vivían dentro de la zona de obligatoria evacuación después de que Fukushima se convirtiese en el escenario del peor accidente nuclear de la historia en Japón.

La fusión en tres reactores se produjo después de un terremoto de 9 grados el 11 de marzo de 2011, desencadenando un potente tsunami que mató a casi 19.000 personas a lo largo de la costa del noreste de Japón y que fulminó el sistema de refrigeración de esta planta. Como evacuada “voluntaria”, Noriko Matsumoto es una de las personas a la que retirarán su subsidio a finales de este mes. Esto les fuerza a tomar una decisión casi imposible: volver a un hogar inseguro o hacer frente a dificultades económicas mientras lucha por vivir en un limbo nuclear.

“Se que hay muchos otros evacuados en la misma situación”, explica Matsumoto durante la presentación de Unequal Impact, un informe de Greenpeace Japón sobre los abusos de los derechos humanos que están sufriendo los niños y las mujeres que forman parte de las 160.000 personas que, en un primer momento, huyeron de las áreas cercanas a la planta. Hasta el mes pasado, casi 80.000 personas estaban todavía desplazadas.

“Tendrán que enfrentarse a radiación alta si regresan, pero el gobierno les está forzando a volver retirándoles las ayudas para la vivienda. Esto es un crimen”, dice Matsumoto. Cuando se produjo el accidente nuclear, Matsumoto estaba viviendo con su marido y sus dos hijas en la ciudad de Koriyama, a 70 kilómetros al oeste de las instalaciones afectadas, bastante lejos de la zona en la que se ordenó la evacuación de miles de personas.

Al principio Matsumoto se quedó, pero tres meses después, cuando a su hija menor (que entonces tenía 12 años) le empezó a sangrar la nariz y comenzó a tener dolores de estómago y diarrea, decidió dejar a su marido y huir con sus dos hijas a la Prefectura de Kanagawa, a casi 250 kilómetros al sur de Fukushima.

“El gobierno está minimizando los efectos de la exposición a la radiación. Sin embargo, las personas que no quieran volver a lugares como Koriyama después de este mes tendrán que defenderse por sí mismas. Se convertirán en desplazados internos. Sentimos que nuestro gobierno nos ha abandonado”, añade.

Muchas de las personas que abandonaron sus hogares por iniciativa propia después del triple accidente eran madres y niños pequeños. Para los expertos, este sector de la población se enfrenta a mayores riesgos para su salud debido a la exposición prolongada a niveles relativamente bajos de radiación. Las evacuaciones voluntarias han forzado a muchas familias a vivir separadas, mientras los padres luchan por ganar dinero suficiente para poder pagar sus nuevos alojamientos y la hipoteca de sus casas abandonadas.

Nazuko Ito, abogado y secretario general de la ONG con base en Tokio Human Rights Now asegura: “El gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de los evacuados, pero no reconoce esta obligación. En vez de eso, quita importancia al impacto sobre la salud del accidente, especialmente al peligro asociado a la exposición prolongada a la radiación”.

Como miles de familias en Fukushima, el marido de Matsumoto decidió quedarse en Koriyama, una ciudad de 330.000 habitantes que no recibió orden directa de evacuación. Prefirió quedarse allí dirigiendo su restaurante en vez de arriesgarse a quedarse en paro y estar con su mujer e hijas en Kanagawa. El gran coste humano de esto es que la familia se ve una vez cada dos meses.

La ayuda para la vivienda para hogares de dos o más personas en el vecindario de Matsumoto es de unos 90.000 yenes (unos 735 euros) al mes, según informan autoridades locales, que dicen que algunos de los hogares recibirán menos dinero después de que se retiren los subsidios. “El accidente nuclear es el culpable de esta situación, pero se ha dado la vuelta a todo esto y parece que es nuestra culpa, que estamos siendo egoístas”, dice Matsumoto.

Los residentes que no vivían en la zona de obligatoria evacuación cuando huyeron han estado haciendo campaña para seguir contando con los subsidios para la vivienda, desafiando a las autoridades que intentan convencer a los evacuados de que algunos barrios ya han sido debidamente descontaminados.

Los activistas han pedido al gobierno que declare los barrios de Fukushima no aptos para la población humana a menos que se consiga que la radiación atmosférica sea menor de un milisiviert (mSv) al año, el límite de exposición máximo recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica.

Mientras que el 1 mSv al año sigue siendo el objetivo a largo plazo del gobierno, se está animando a la gente que vuelva a zonas en las que la radiación está por debajo de los 20 mSv al año, el límite de exposición máximo que internacionalmente se aplica a trabajadores de plantas nucleares.

Matsumoto cuenta que los esfuerzos de descontaminación sin precedentes han hecho que los niveles de radiación tanto en su casa como en los alrededores cumplan los límites establecidos del gobierno, pero insiste en que los niños todavía corren riesgos en “focos conflictivos”, en lugares como parques y bosques. “Hay áreas que todavía no han sido descontaminadas. Es verdad que los niveles de radiación atmosférica han sido rebajados, pero no en el caso de la tierra y el suelo”, apunta.

A finales de este mes, se levantará la orden de evacuación en cuatro ciudades y pueblos cerca de Fukushima Daiichi. Solo en las más cercanas a la planta, donde la radiación anual es superior a 50 mSv, seguirá vigente la evacuación.

Traducido por Cristina Armunia Berges