Un estado de excepción para Cataluña
En los últimos años, en la izquierda se ha extendido la idea de que el sistema político que comenzó con la Constitución de 1978 presenta un estado agonizante. Este sábado 21 de octubre, la derecha ha decidido sumar argumentos a esa idea por la vía de los hechos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha suspendido la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155, el cese del presidente de la Generalitat y de su Gobierno y la asunción por el Gobierno central de todas las competencias que el Estatut da a las instituciones catalanas.
No es sólo el Govern el que es decapitado por una medida que será ratificada por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Hasta su disolución, el Parlament se quedará sin las competencias que tienen los legislativos en un sistema democrático. No podrá nombrar a un nuevo Govern y no podrá realizar las labores tradicionales de control del poder ejecutivo. El Gobierno central gobernará Cataluña y sólo el Congreso y el Senado pueden controlar sus acciones.
El 155 es un síntoma del fracaso del sistema político en esta crisis. Supone acabar con la autonomía catalana durante el tiempo en que esté en vigor el 155, y por tanto clausurar el pacto constitucional que se puso en marcha en 1978. Es cierto que los independentistas catalanes han dado sobradas muestras de que pretenden romper ese pacto y obtener la secesión de Cataluña. No es menos cierto que el 155 supone en la práctica un estado de excepción que cancela el reparto de poder territorial que hizo posible la actual Constitución.
Lo más grave no es la decisión en sí misma de invocar el 155 y convocar nuevas elecciones en Cataluña, sino las repercusiones que tendrá la medida en los próximos meses o años. Si hasta ahora se dice que la actual crisis tuvo como desencadenante los cambios impuestos en el Estatut por el Tribunal Constitucional, sería estúpido pretender que lo ocurrido ahora tenga menos influencia. El legado del 155 nos perseguirá durante mucho tiempo.
Ante un desafío político de la máxima gravedad, el Gobierno ha optado por utilizar al fiscal general del Estado como ariete con el objetivo de amenazar con la prisión y aplicarla en el caso de los dos principales líderes de la movilización independentista. Siempre que la tensión política ha aumentado al límite, el fiscal general Maza ha filtrado a los medios de comunicación su intención de utilizar los delitos de sedición, primero, y después de rebelión para ir contra los responsables de un desafío que es obviamente político. Como dijo Manuela Carmena, “el Derecho penal no cambia ideas”. Su aplicación ciega puede tener como consecuencia hacer más populares las ideas que se quieren perseguir.
En una democracia al final siempre están las urnas esperándote y nada podrá hacerse contra la voluntad de los ciudadanos catalanes. De ellos depende el desenlace de los acontecimientos de los que somos testigos estos días. Hay una cosa que está bastante clara. Dentro de seis meses, el Partido Popular seguirá siendo la quinta fuerza del Parlament (y no es la sexta porque la coalición Junts pel Sí engloba a dos partidos). La legitimidad del Estado se habrá visto seriamente mermada por la situación actual. El discurso de los independentistas se verá reforzado, porque al otro lado habrá un Gobierno que sostendrá que el autogobierno catalán no se ha visto afectado por el hecho de que Cataluña sea gobernada desde Madrid. Esto último es precisamente lo que el pacto constitucional del 78 pretendía evitar.
El mismo Gobierno que prometió que no habría urnas en la consulta del 1 de octubre y que luego lanzó a policías y guardias civiles a que golpearan con saña a los que querían entregar su papeleta –ensuciando la reputación de España en Europa– ahora nos quiere convencer de que la aplicación del artículo 155 servirá para “recuperar la convivencia”, en palabras de Rajoy. Los que se han sido incapaces de hilar un discurso positivo para ganarse la confianza de los catalanes ahora se harán con el control de Tv3 y Catalunya Radio para garantizar que ofrezcan “una información veraz objetiva y equilibrada”.
Si la unidad de España depende de ellos, hay motivos para temer lo peor.
