La investigación que descubrió que los 'protocolos de la vergüenza' de Ayuso se aplicaban antes de la alarma de la COVID

La Comunidad de Madrid empezó a limitar la derivación de mayores con COVID desde las residencias a hospitales una semana antes del estado de alarma y de la publicación del protocolo de la Consejería de Sanidad. Y la medicalización prometida a los centros nunca llegó. Estas son dos de las conclusiones a las que llega un estudio publicado por la revista científica BMC Geriatrics, revelada esta semana por InfoLibre, sobre los conocidos como “protocolos de la vergüenza”, elaborados para restringir las derivaciones de enfermos residentes a hospitales y que derivó en la muerte de 7.291 personas en los mismos hogares de cuidado.

“El número de casos de COVID en las residencias subió una semana después del alza de muertos en la población de 65 años o mayor. Entonces hubo varios días en los que el personal de salud pública pudo haber intervenido, hacer algo para limitar el impacto de la entrada del coronavirus en los centros”, asegura por teléfono el investigador líder de la pesquisa y profesor emérito de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, François Béland.

Se interesó por el caso de Madrid hace cuatro años, cuando se difundió la primera de las cuatro versiones de las instrucciones que impedían las derivaciones de mayores contagiados. “Me atraía la situación de las residencias en la pandemia. En Canadá, el peor panorama lo tuvo Quebec, pero la tasa de mortalidad en Madrid era excepcional. Es inaceptable desde el punto de vista médico y ético”. Las fuentes que consultó fueron la Oficina de Transparencia y el INE para revisar los certificados de defunción y concluir, entre otras cosas, que la media diaria de muertes en los centros de cuidado alcanzó en marzo de 2020 un número 15 veces mayor al promedio pre COVID, mientras que la media diaria de fallecimientos de los residentes hospitalizados solo fue 1,58 veces mayor.

El estudio, que tiene como coautores a los médicos españoles María Zunzunegui, Fernando García y Francisco Pozo-Rodríguez, asegura que el 19% de los ancianos que vivían en los centros de convalecencia de la Comunidad de Madrid murieron. A ese dato se le suma que España tuvo el mayor nivel de mortalidad por COVID-19 entre las personas mayores de 65 años entre los 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que Madrid fue la comunidad con la mortalidad más alta en la primera ola.

Una catástrofe evitable

A diferencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien en febrero de este año aseguró en la Asamblea de Madrid que “cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con la COVID, no se salvaba en ningún sitio”, Béland cree que sí se podría haber evitado la cantidad de muertos. “Reinó un estado de confusión y desorganización en las residencias más que en cualquier otro sitio. No había equipamiento de protección ni camas, y el personal era escaso”. Como ejemplo de gestión, menciona que en la provincia canadiense de la Columbia Británica se compensó económicamente al personal para que acudiera a un solo centro de residencia y no a varios, como suele ocurrir con los trabajadores sociales y geriatras. También menciona que las camas deberían haber estado separadas por sectores de mayores con COVID y sin él. “Es sentido común”.

El protocolo se promulgó el 18 de marzo de 2020. Otras tres versiones se aprobaron los días 20, 24 y 25 de marzo. Sin embargo, la investigación resalta que solo se puso por escrito lo que ocurría desde el día 6. Si la media diaria de derivaciones, detalla el estudio, en febrero era de 120, entre el 7 y 29 de marzo la cifra descendió a 67. El pico más alto de muertes en las residencias llegó el 2 de abril, cuando se registraron alrededor de 330 decesos. Uno de los puntos más polémicos del documento era descartar a los enfermos que tuvieran una fragilidad nivel siete o mayor, es decir, que fueran dependientes para su cuidado personal y necesitaran una silla de ruedas, por ejemplo. También se excluía de los traslados a hospitales a quienes sufrían un deterioro cognitivo importante, pero el estudio sostiene que los hospitalizados presentaban una discapacidad o deterioro cognitivo “significativamente menores que los no hospitalizados”.

“En Quebec, los criterios para las restricciones estaban ligados al avance de la COVID en los mayores, no a si tenían enfermedades crónicas o discapacidad cognitiva. Se derivaban según la gravedad del coronavirus; mientras más alta, había más posibilidades de internación. Desde el punto de vista médico, no se explica el uso de los criterios para el protocolo madrileño. Lo que sucedió no tiene que ver con el virus, sino con las decisiones políticas”, afirma Béland en un perfecto español. La implementación de directrices que condicionaban el traslado de residentes de centros de mayores a hospitales también sucedió en otros países de Europa, como Italia, Reino Unido o Bélgica, pero Amnistía Internacional le afeó a España que fuera una política explícita, emitida por escrito.

“Es un sistema legítimo en situaciones de catástrofe con el objetivo de priorizar la capacidad hospitalaria. En Italia, en Lombardía, por ejemplo, fue una desgracia. Pero hay maneras de hacerlo”. Sobre el encubrimiento de las políticas por parte de Ayuso y su negación a pedir perdón a los familiares —de hecho, reclamó el pago del mes en el que murieron todos los mayores—, Béland prefiere no opinar, pero dice que lo mínimo que se merecen son explicaciones.