El nuevo decreto de vivienda del Gobierno canario “usurpa funciones a los ayuntamientos”

Tras la aprobación este lunes en el Consejo de Gobierno de Canarias del nuevo decreto sobre vivienda, NC-BC ha llamado la atención en la comisión de Obras Públicas del Parlamento regional sobre uno de los puntos del texto, y es el hecho de que, con el argumento de agilizar la concesión de licencias urbanísticas, se permita desde ahora que los informes técnicos, que hasta ahora elaboraban los técnicos de los ayuntamientos, puedan ser realizados por personal externo.

La razón esgrimida por el Gobierno este lunes para adoptar esa decisión es que las licencias tardan una media de dos años en concederse, cuando la ley marca que sean máximo seis meses. Sin embargo, esta afirmación, así como otros aspectos del decreto, ha levantado las primeras críticas por parte de la oposición al Ejecutivo de CC-PP, entre otras cosas porque, según NC, no hay datos oficiales que suscriban que ese plazo de dos años sea cierto; según el Gobierno canario, el dato proviene de informes privados de consultoras y empresas constructoras.

La diputada de NC-BC Carmen Hernández ha reprochado directamente al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, que se utilicen datos de informes privados y no de organismos oficiales dado que el análisis está “incompleto”, al tiempo que ha defendido que “no es la tónica general” en todos los ayuntamientos que el plazo medio para conceder una licencia sea de dos años.

Hernández ha dicho también que “empieza a parecer” que se acusa a los ayuntamientos de ser “responsables de todos los males de la vivienda” y ha incidido en que hay suelos públicos “secuestrados” en muchos municipios.

Además, como el decreto recoge que los informes técnicos para conceder una licencia podrán elaborarlos también personas externas a los ayuntamientos, NC ha acusado al Gobierno de Canarias de abrir la puerta a la suplantación de las funciones de los ayuntamientos: “¿Cómo una ley de carácter autonómico va a interferir en una competencia estrictamente municipal y además reglada y sometida al dictamen de un funcionario en el ámbito local?”, ha cuestionado.

En su opinión, “suplantar” las funciones de los funcionarios “es un claro ejercicio de vaciar de contenido al Estado y a sus instituciones”.

La diputada ha afeado también al Ejecutivo que haya optado por el “camino más corto” y con “poco éxito” de promover la construcción de vivienda protegida en el ámbito privado y “no ha querido apostar por la construcción de vivienda social para los colectivos con menos renta”.

En su respuesta, el consejero ha dicho que el decreto ha sido negociado con la Federación Canaria de Municipios (Fecam). “No estamos hablando de algo futurible, fue hablado, dialogado y negociado con la propia Federación Canaria de Municipios”. E indicó que el Tribunal Supremo ya concluyó que una administración puede recurrir a la colaboración de otros organismos en la tramitación de procedimientos administrativos en circunstancias excepcionales o cuando no hay medios técnicos y materiales para desarrollarlos.

“Lo que estamos planteando es colaborar con los ayuntamientos generándoles un mecanismo y unos instrumentos nuevos para que puedan resolver problemas que hoy no son capaces o no pueden resolver”, ha comentado.

Sin embargo, a renglón seguido ha dicho que no hay que “señalar” a los ayuntamientos por el “problema de la emergencia habitacional”, que tampoco “es exclusivo de Canarias”, sino que se da en todo el Estado y en la Unión Europea. “Todos tenemos parte de responsabilidad, unos más y otros menos, y lo que buscamos ahora no es buscar responsables ni señalar responsables, sino buscar soluciones, y esto es una solución más”, ha destacado.

Rodríguez ha apuntado que “no se puede negar” que el actual Ejecutivo es el que está “movilizando más instrumentos y herramientas” para afrontar la crisis de la vivienda, entre ellos el desarrollo de los suelos que tiene el Instituto Canario de Vivienda a su disposición. “O están en construcción o están en proyecto, es decir, no hay ningún suelo que esté muerto de la risa como ha pasado tantos años”, ha afirmado.

Ha comentado que la obtención de una licencia urbanística es un “vía crucis” en muchos ayuntamientos, especialmente para construir vivienda protegida ya que requiere de una calificación provisional por parte del Gobierno de Canarias, luego se da la licencia y finalmente se obtiene la calificación definitiva.

“No en todos los 88 municipios es igual, pero sí es cierto que hay ayuntamientos, por ejemplo, que solo tienen un técnico municipal informando de todas las licencias, es evidente que es insuficiente”, ha explicado.

El Gobierno se ha amparado, para elaborar su decreto de agilización de licencias, en informes de asociaciones de constructores y de alguna consultora que fijan el retraso en una media de dos años cuando el plazo legal es de tres meses.

Asimismo ha indicado que el retraso de una licencia supone un sobrecoste también en la propia vivienda que oscila entre 5.000 o 9.000 euros.

El nuevo decreto busca agilizar las licencias y poner suelo a disposición de las constructoras, pero no incluye medidas para sacar al mercado las 200.000 viviendas vacías que se estima que hay en las Islas ni medidas para garantizar que las nuevas viviendas sean adquiridas por quienes las necesiten en vez de ser adquiridas por grandes tenedores o personas que buscan especular con ellas.

Viviendas de la Sareb

Pablo Rodríguez también ha asegurado que es más eficaz dar recursos a las comunidades para políticas de vivienda que la empresa pública estatal que planteó el Gobierno de España hace meses y que, según el Ejecutivo canario, ha paralizado acciones como la compra de activos de la Sareb por parte de las autonomías.

Rodríguez, en respuesta a la diputada del Partido Popular Jennifer Curbelo, ha lamentado durante su intervención que el Gobierno de España no haya materializado “las 180.000 viviendas” prometidas en campaña electoral.

El consejero ha insistido en que desde 2023 les parece oportuno que las viviendas que pertenecen a la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) pasen a manos de las comunidades autónomas para que, a su vez, puedan ponerse en alquiler social para familias vulnerables.

En esa línea trabajaban, ha dicho, para comprar unos 300 inmuebles de la Sareb con ese fin, si bien ha aseverado que desde el anuncio del Gobierno de España de convertir la empresa pública Sepes en una empresa estatal de vivienda esas iniciativas de compra se han paralizado.

“Nos comprometimos a facilitar un plan donde anualmente adquiríamos vivienda, lo hicimos en el 2023 y en el 2024, pero todo ese plan se ha frenado. No nos parece adecuado, nosotros teníamos expectativas sobre la incorporación de esas 300 viviendas que pasarían a ser públicas”, ha ahondado Rodríguez.

Ha subrayado que no le parece mal que administraciones como el Gobierno de España se impliquen para resolver el problema de emergencia habitacional, que es un problema europeo, ha agregado, pero ha pedido hacerlo con “eficiencia”.

“En autonomías y ayuntamientos tenemos empresas ya constituidas, que ya funcionan, con experiencia en la promoción y gestión de viviendas públicas... Debería el Gobierno de España replantearse la opción y ver que es más eficaz dar medios y recursos a empresas públicas de las comunidades y ayuntamientos que crear una empresa de la que no sabemos nada y que ha paralizado acciones”, ha resumido el consejero regional.

Por último, ha planteado que el Sepes, la empresa de gestión de suelo público reconvertida en empresa estatal de vivienda, cuenta con “suelos en lugares estratégicos que podrían ser de extraordinaria utilidad y que también han quedado paralizados”.