Caso Fundescan

Caso Fundescan: más empleados de UGT declaran que desconocían que cobraban por los cursos de formación

Nuevos empleados de UGT Canarias entre 2006 y 2010 han declarado este martes ante la Audiencia de Las Palmas que desconocían que se les computaran horas de trabajo por los cursos de formación que ofrecía Fundescan cuyas supuestas irregularidades sobre las subvenciones que recibía del Servicio Canario de Empleo se juzgan.

En la quinta sesión del juicio que se sigue en la Sección sexta de la Audiencia de Las Palmas por el caso Fundescan, estos testigos han señalado, como ya lo hicieron otros trabajadores que han declarado en la causa, que no tenían ninguna relación contractual con la citada fundación laboral de UGT, encargada de impartir los cursos de formación para personas ocupadas sobre los que el tribunal deberá pronunciarse.

Estos testigos, algunos de los cuales siguen siendo trabajadores de UGT, han admitido que sí informaban sobre la existencia de los cursos para ocupados, como una oferta más que aportaba el sindicato, porque además formaba parte de sus funciones, en el caso de los organizadores sindicales que han declarado en esta jornada.

La primera testigo de los nueve que han depuesto en esta sesión ha sido una letrada de los servicios jurídicos del sindicato entre los años 2006 y 2010 que ha dicho que “no sabe de dónde salía su salario, esa información no se daba al trabajador”, así como que no recordaba que en sus nóminas constaran horas de trabajo de Fundescan.

Ha indicado también que en esos años, en alguna ocasión, pudo ofrecer a modo explicativo determinados conceptos laborales a asistentes a los cursos de formación que se ofertaban, aunque ha remarcado que no recuerda en qué año pudo hacerlo.

Según las acusaciones, a esta empleada se le imputaron en 2009 un total de 635 horas de los cursos de formación continua para ocupados ejecutados por Fundescan ese año y aprobados en 2008, pero al igual que el resto de testigos que han declarado hoy no estaban al corriente de ese proceder por parte del sindicato y han coincidido en que desconocían las horas que se les asignaban como trabajadas.

Además, todos los testigos han dicho que no recordaban que tuvieran que fichar a la entrada y salida del trabajo.

Una de las trabajadoras a la que según las acusaciones se le llegó a triplicar las horas computadas por haber trabajado en Fundescan, lo que implicaba que su nómina también se multiplicó por tres en dos años, ha dicho que siempre cobró lo que estipulaba el convenio, y que además estuvo de baja laboral más de un año por lo que “es imposible que pudiera hacer esas horas”.

Así mismo, un empleado de administración de UGT desde septiembre de 2010 hasta la actualidad ha explicado que contabilizaba facturas y nóminas, al igual que otros compañeros de su departamento.

En los tres meses de 2010 que trabajó como administrativo no sabe si se destinaron subvenciones recibidas para un fin a otro distinto del debido, pero ha asegurado que más de tres días a la semana se dedicaba a la contabilidad de las subvenciones del plan de formación ejecutado ese año, y del que percibió, según las acusaciones, 5.218 euros por horas imputadas a Fundescan.

Este testigo, entre otras cuestiones, ha explicado que tanto los gastos directos como los indirectos de las ayudas percibidas se reintegraban si no eran ejecutados.

La Fiscalía y las acusaciones personadas en la causa, entre ellas el Gobierno de Canarias, atribuyen a la presidenta de Fundescan en el periodo de los hechos que se enjuician, Alicia R.B., y a la que era secretaria, Manuela F.H., un delito continuado de estafa y tres de los cuatro delitos de defraudación en materia de subvenciones.

Además de ellas, hay otros diez procesados por esta causa, después de que en la primera sesión del juicio las acusaciones retiraran los cargos contra una de las imputadas, Dulce María Q.C..

Todos ellos se enfrentan a penas de entre uno y 16 años de cárcel por delito continuado de estafa y varios contra la Hacienda Pública en la modalidad de subvenciones.

En esta causa también está imputado, como responsable civil de los presuntos fraudes cometidos, el propio sindicato UGT, al que pertenecía la Fundación para el Desarrollo de Canarias (Fundescan).

En concepto de responsabilidad civil, la acusación del Gobierno de Canarias interesa que la indemnización a abonar quede fijada en 1.090.122 euros, mientras que las ejercidas por los trabajadores afectados interesan también pagos en este concepto por los perjuicios que les ocasionaron estos hechos.