Huelva, 8 ene (EFE).- Un total de 1.197 pozos han sido clausurados en el entorno de Doñana desde el año 2019, de los cuales 475 eran legales, tratándose el resto de captaciones ilegales con la consiguiente detracción de agua que estos suponen para el acuífero que surte de agua al espacio natural.
Según se recoge en el informe de avances del Marco de Actuaciones para Doñana del mes de diciembre de 2024, consultado por EFE, para restablecer el funcionamiento ecológico de Doñana es necesaria la recuperación del nivel freático de las aguas subterráneas, y esta solo se producirá si se evita que, al impacto del cambio climático, se sume la demanda de agua destinada a la producción agrícola.
De las 722 captaciones ilegales a las que se refiere el documento, 294 han sido selladas -162 voluntariamente y 132 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); y otras 205 se encuentran, actualmente, con sellado en trámite.
Se destaca en el documento que el cierre de pozos en procedimientos de ejecución forzosa ha venido acompañado de la ejecución de medidas cautelares de precintado de tomas en el seno de procedimientos sancionadores, cuyo objeto es impedir la continuidad de la infracción (derivación ilegal de aguas).
Así, el número total de tomas precintadas cautelarmente a fecha diciembre de 2024 asciende en la actualidad a 55, si bien, hay 19 medidas provisionales adoptadas que afectan a invernaderos -unas 283 hectáreas- en los que no se pudo detectar la procedencia del agua de riego, consistiendo en estos casos la medida cautelar en abstenerse de regar.
Por otra parte, se ha ejecutado el cierre de pozos “legales” vinculados a la concesión de aguas trasvasadas para la Comunidad de Regantes de El Fresno-Guadalquivir.
A fecha actual, se han cerrado en esa zona 450 captaciones, entre las que se incluyen 82 pozos de cuya existencia no se tenía constancia con anterioridad; el cierre de estos aprovechamientos es un requisito recogido en el condicionado de su concesión de aguas superficiales.
En cuanto, a la evolución de la superficie en la que se implantan los cultivos bajo plástico en esta zona, el informe señala que se viene reflejando una leve, aunque progresiva disminución, reduciéndose desde las casi 6.000 hectáreas que se reconocieron a comienzos de la serie (primavera de 2017) a unas 5.496 hectáreas en la actualidad.
De estas superficies cultivadas, unas 700 hectáreas se sitúan fuera de la superficie agrícola regable, por lo que sobre ellas hay una presunción de ilegalidad, aunque algunas tienen derechos de agua reconocidos legalmente, que motiva las inspecciones que realiza la CHG.