Madrid, 6 jul (EFE).- Felipe VI ha destacado la “enorme y valiosa” aportación que el Tribunal Constitucional ha brindado a la consolidación de la democracia tras cuarenta años “conciliando” la unidad y diversidad del Estado, y ha pedido apreciar a esta institución con “toda consideración y respeto”.
El tribunal de garantías ha celebrado este lunes su cuarenta aniversario en un acto solemne presidido por el rey y que ha estado marcado por las medidas de seguridad que ha impuesto la pandemia del coronavirus.
Ha sido el presidente del TC, Juan José González Rivas, el encargado de abrir el acto con un discurso en el que ha apelado a valores como la lealtad, la justicia y el sometimiento a la ley y ha resaltado la labor del tribunal como “intérprete supremo” de la Carta Magna, una tarea que supone “un desafío y una responsabilidad permanente”.
Le escuchaban la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, que han asistido al acto junto con otras autoridades políticas y diplomáticas.
“Todos podemos compartir la conclusión de que este tribunal se ha constituido en un defensor eficaz de las garantías democráticas y, por ende, en un garante por antonomasia de nuestra democracia, de la democracia española”, ha proclamado don Felipe en su discurso.
Para el jefe del Estado, el alto tribunal ha contribuido a “velar por la supremacía constitucional en que la democracia, necesariamente, se asienta” y ha ostentado un papel “central” y “clave” durante el periodo “más largo de desarrollo social, político y económico de la historia de España”.
El rey también ha alabado su defensa “del principio de sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la ley, garantizando que las controversias en la vida política se resuelvan a través de los procedimientos legales”.
Como “guardián y garante del sistema constitucional”, en estos cuarenta años el TC ha dictado 8.553 sentencias y, en concreto, 1.486 resoluciones durante el estado de alarma, según ha puesto en valor González-Rivas, que también ha destacado el elevado número de sentencias dictadas desde 2017 en relación a la crisis territorial con Cataluña. Actualmente el TC está estudiando los recursos de los líderes independentistas condenados por el Supremo.
En su discurso, González Rivas ha reafirmado el papel del rey como “símbolo de la unidad y permanencia de la Nación”. Su presencia en el acto, ha añadido, “testimonia la relevancia” del tribunal en el Estado de derecho.
Tras el himno de España, el acto ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la pandemia, cuyas consecuencias en el plano nacional e internacional, según el monarca, “se prolongarán aún por más tiempo”.
“Aunque estoy seguro de que nuestra sociedad continuará afrontándola con prudencia, solidaridad y responsabilidad”, ha añadido el rey, mientras que el presidente del TC ha agradecido la labor de todos aquellos que “han contribuido a mermar los efectos de esta importante crisis sanitaria”: “El pueblo español, que es y siempre ha sido excelente, se ha volcado en la solidaridad”.
En esta atípica celebración marcada por las normas de la “nueva normalidad”, con mascarilla y distancia de seguridad entre los asistentes, el presidente del Constitucional ha agradecido la labor de todos los magistrados que han pasado por el tribunal de garantías.
Especial mención ha hecho el rey a su “querido profesor”, el que fuera presidente del TC, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996.
Aunque González Rivas ha reconocido que la celebración pueda considerarse “inoportuna”, ha indicado que “las circunstancias críticas” vividas avalan la conveniencia de que las instituciones que representan “la normalidad constitucional” lideren y celebren el regreso de la “normalidad social”.
Además de los miembros del Gobierno, han acudido al acto la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la del Senado, Pilar Llop; el del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el líder del PP, Pablo Casado.