Buenos Aires, 17 abr (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Argentina desestimó este miercóles dos acciones legales emprendidas contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, emitido por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, al considerar “inexistentes” las alegaciones de inconstitucionalidad planteadas en los dos casos.
La Corte Suprema, el máximo tribunal judicial del país suramericano, rechazó en las últimas horas tanto el recurso de amparo presentado por el abogado Jorge Rizzo y la Asociación Civil Gente de Derecho como la acción presentada por la provincia de La Rioja, cuyo gobernador, el peronista Ricardo Quintela, que ha sido uno de los mayores opositores a las reformas iniciadas por el Ejecutivo de Milei.
En el caso del recurso de amparo, los jueces consideraron que este “no explicó de qué modo la aplicación de ese decreto (el DNU 70/23) les causa una afectación personal diferenciada de la que podría recaer sobre el resto de la población”, el núcleo en torno al que emprenden este tipo de acciones legales.
En cuanto a la acción emprendida por La Rioja, la Corte desestimó la denuncia y puso en duda la “existencia” de un caso.
“La demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia que se encuentra afectado de manera actual y concreta”, consideró el fallo.
Las dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia suponen un respiro para el Gobierno del ultraliberal Milei, que, hasta ahora, se había enfrentado a varias decisiones judiciales desfavorables.
En particular, la reforma laboral incluida en su amplio DNU de diciembre fue suspendida temporalmente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo días después de ser promulgada.
Ahora, el Ejecutivo planea incluir ese texto dentro de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -más conocida como 'ley ómnibus'-, que fue rechazada en su trámite parlamentario y que el Gobierno de Milei está reelaborando para alcanzar más apoyos en el Congreso.
El DNU, una de las iniciativas legales estrella del oficialismo, fue rechazado por los senadores del país suramericano, aunque seguirá vigente hasta, al menos, su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza (LLA), la fuerza de ultraderecha que lidera Milei, es minoritaria.
Las propuestas del decreto, que desregula muchos aspectos de la economía argentina en la defensa que el Ejecutivo hace del libre mercado, han sido duramente criticadas por los sindicatos, la sociedad civil y los rivales políticos del presidente.