La dependencia de la sociedad civil organizada del Estado explica en parte la propensión de los españoles a expresar demandas políticas a través de movimientos sociales. Se fuerza laidentificación de la protesta con la antipolítica en la medida en que contribuye a extender el mensaje de que todos los políticos son iguales, de que la corrupción es omnipresente y de que el formalismo de la democracia representativa impide la participación. También se suele señalar que los movimientos sociales canalizan la protesta pero no influencian decisiones políticas. Sin embargo, merece la pena analizar el encuadre de la crisis por parte de un movimiento como el 15M y su influencia en la agenda. Los encuadres no son una ideología completa sino una serie de marcos explicativos sobre el mundo político y social en competencia con otros. Por ejemplo no es lo mismo hablar de los desahucios como un “drama” que como una “estafa”. Los grupos sociales compiten por imponer sus marcos interpretativos en la definición de la agenda política.
El examen de los marcos del 15M lo sitúa muy lejos de la anti-política. Al contrario, el encuadre de este movimiento tiene una fuerte carga política e institucional. El análisis de las primeras demandas del movimiento (20/05/2011) muestra un equilibrio casi perfecto entre reivindicaciones típicas de un movimiento de izquierdas, desde el derecho a la vivienda hasta la memoria histórica (2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15), y peticiones centradas en reformas institucionales como la ley electoral, las remuneraciones de los cargos electos y la separación e independencia de los poderes públicos (1, 5, 6, 8, 9, 13, 16).
En realidad estamos ante lo que podríamos llamar un marco de imputación responsabilidades políticas. Esquemáticamente, se señala como culpable de la crisis al capitalismo financiero, que hace tiempo se ha desligado de la economía productiva imponiéndose como único modo de organización económica. Esto se produce según el movimiento porque los partidos de gobierno no pretenden regular ni gobernar la economía financiera, lo cual reduce fuertemente las alternativas reales de los ciudadanos en la medida que el programa sustancial de los grandes partidos es idéntico. El encuadre explica que son necesarias soluciones políticas a la crisis (puntos 2, 3, 4, 7, 10, 11 y 12 señalados más arriba) pero critica que estas no se producen porque el sistema político está sesgado en favor de los intereses de una minoría. Este sesgo es posible porque los grandes partidos pueden permitirse no responder al mandato de las urnas gracias a un sistema electoral que impide la consolidación de alternativas y de una falta de transparencia que además facilita la institucionalización de la corrupción (lo que se aproxima a la tesis del partido cártel en ciencia política). Por ello el movimiento reivindica reformas institucionales que mejoren la representatividad y transparencia del sistema (puntos 1, 5, 6, 9, 13 y 16 del manifiesto).
Hay que preguntarse qué efecto está teniendo este encuadre en la agenda política. Se pueden señalar tres de manera no exclusiva: ha erosionado el apoyo a los dos grandes partidos, ha introducido cuestiones en la agenda política y ha normalizado nuevas formas de realizar demandas.
A diferencia de los años 90, en los que los escándalos de corrupción y el desastre económico facilitaron la alternancia política, hoy la erosión del partido de gobierno no favorece al primer partido de la oposición. La crítica del 15M a los dos grandes partidos contribuye, entre otros factores, a alterar el equilibrio habitual del sistema político, el trasvase de votos entre los partidos centrales del sistema, favoreciendo el auge del tercer y cuarto partido nacional (Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia respectivamente).
En segundo lugar, los encuadres del 15M están sin duda detrás del impulso de iniciativas legislativas recientes sobre transparencia, reformas electorales o sobre la remuneración de los representantes políticos. En este sentido varios gobiernos autonómicos han justificado las propuestas de reducción del número de diputados autonómicos en Galicia o Madrid, o la anulación del sueldo de los diputados castellano-manchegos por la indignación sobre las condiciones de vida y trabajo de la “clase política” (propuesta número 5). El que dichas reformas electorales puedan reducir en lugar de aumentar la representatividad del sistema muestra que la desconexión entre marcos de protesta y política representativa facilita manipulaciones interesadas como el bulo de que en España hay 500.000 políticos.
En tercer lugar el movimiento crea nuevas oportunidades para introducir asuntos en la agenda. Las reivindicaciones relativas al derecho a la vivienda (punto 2 del manifiesto del 20/05/2011) han entrado en la agenda legislativa y judicial de manera probablemente irreversible. La agenda pública es el resultado de la intersección entre problemas que buscan soluciones y propuestas elaboradas anteriormente que se reformulan como solución a un problema que adquiere atención mediática. En este sentido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido representar los desahucios como una injusticia en lugar de como un drama a través de acciones de desobediencia y denuncia. El éxito de las manifestaciones de estos movimientos contrasta también con una cierta atonía ante las convocatorias de las organizaciones establecidas.
Con todo ello no queremos decir que el 15M vaya a revolucionar definitivamente el sistema político español. Es posible que el PSOE consiga recuperar una buena parte de los votos que pierda el PP a través de una renovación de sus cargos y una propuesta electoral creíble. Es más que probable que las reformas que finalmente se adopten sobre derecho a la vivienda sean muy decepcionantes para la PAH. Sin embargo se puede señalar que ya está teniendo un efecto notable en la redistribución de oportunidades y costes políticos y por ello algunas de sus propuestas, quizá adulteradas o descafeinadas para los activistas, acabarán convirtiéndose en realidad.