De las propuestas lanzadas al aire por los diferentes partidos políticos para lograr que la mayoría de los pacientes afectados por hepatitis C tengan acceso a los nuevos medicamentos que han salido al mercado, una es la que ha centrado las atenciones y los titulares: la “expropiación” de la patente o, como realmente se ha de denominar, la concesión de una licencia obligatoria para que se pueda fabricar un genérico del medicamento Sovaldi® (sofosbuvir).
Pero, ¿qué quiere decir la periodística expresión de “expropiar una patente”? Esto hace referencia a la figura legal de la licencia obligatoria, recogida en los Acuerdos de Doha de la Organización Mundial del Comercio (año 2001) y que permite que en un país se fabrique un medicamento genérico a pesar de éste se encuentre protegido bajo la patente. Esta licencia obligatoria se puede emitir sin previa negociación con la empresa farmacéutica en cuestión (declarando la situación de emergencia sanitaria) o tras una negociación que sea infructuosa.
Antecedentes existen -24 episodios entre 2001 y 2010, 16 de ellos relacionados con el VIH (Beall R, 2012), siendo el más notable el de Brasil y la emisión de una licencia obligatoria para la fabricación de efavirenz, medicamento para el tratamiento del VIH. Su efectividad en la reducción de precios y la expansión del acceso a medicamentos es probada, como demuestra esta gráfica donde se ve la evolución de los precios del tratamiento de marca frente al VIH al aparecer medicamentos genéricos que le hicieran competencia.
Viendo la efectividad de la fabricación de genéricos para bajar los precios de los medicamentos y, de esta manera, facilitar el acceso de los pacientes a los tratamientos… ¿sería una buena idea que España o la Unión Europea otorgaran una licencia obligatoria para que se empezaran a producir genéricos del medicamento sofosbuvir?
Los problemas de España con los medicamentos no son nuevos ni han surgido con los nuevos medicamentos frente a la hepatitis C. España tiene un sistema de financiación de medicamentos y productos sanitarios que hasta los años de la crisis se caracterizaba por: 1) Financiar prácticamente toda novedad terapéutica con independencia de que tuviera algún tipo de utilidad, 2) Ejercer presiones tras su financiación para que las personas prescriptoras (médicos) no prescribieran los medicamentos más caros, especialmente si su utilidad era baja, 3) Presentar un importante retraso entre la aprobación de los medicamentos y su comercialización (esto se puede observar en la siguiente gráfica, con datos previos a los años de la crisis económica) a pesar de ser un mercado relativamente atractivo y tener unos precios solo ligeramente por debajo de la media de los países de su entorno.
Durante los años de la crisis económica en la que nos encontramos, los cambios en las políticas del medicamento no están siendo demasiado notables, dilatándose las decisiones de financiación de medicamentos y huyendo de estrategias sistematizadas de evaluación y fijación de precios en función del valor terapéutico y no en función de la capacidad de negociación de la empresa farmacéutica. En este contexto, abogar por la emisión de una licencia obligatoria (la “expropiación de la patente”) parece buscar la salida de emergencia cuando aún quedan muchas puertas por abrir.
Aprovechar la mediática (así como individual y epidemiológicamente importante) situación de la hepatitis C para abrir la puerta a cambios importantes y duraderos en la manera en la que España paga por los medicamentos que utiliza su población es algo que debe hacerse, y esto puede pasar por asegurar en el corto plazo el tratamiento de los pacientes que más lo necesitan (aquellos en una situación clínica más deteriorada y en los que el medicamento se ha mostrado más eficiente), a un precio similar al de países de nuestro entorno como Italia, y por otro lado probar nuevas formas de financiación que logren que los tratamientos sean accesibles para los grupos de pacientes en una fase más inicial de la enfermedad y para cuyo tratamiento con los nuevos antivirales aún existiría una ventana de tiempo que posibilitaría la investigación de esas nuevas maneras de financiación.
Por otro lado, a nivel europeo, antes de pensar en una expropiación de patentes tal vez sería bueno diseñar la manera de afrontar de forma colectiva retos de acceso a medicamentos que suponen un problema para todos los países de la UE. La importancia de la hepatitis C no es la misma en todos los países, así como el impacto de la financiación de los nuevos medicamentos tampoco lo será, pero sería interesante ver cómo la unión económica se aplica a aspectos sanitarios ligados de forma directa al acceso a medicamentos, tanto en su adquisición y distribución, como en el ejercicio de presión en el nivel institucional que corresponda (Organización Mundial del Comercio) para que las reglas del juego en los aspectos relacionados con las patentes y la protección intelectual sirvan para estimular una verdadera innovación ligada al beneficio del común y a la difusión y construcción de conocimiento como objetivo principal.