El jueves pasado el pleno del congreso aprobó el proyecto de ley de la reforma de las pensiones. Los últimos meses se ha escrito mucho a cerca de las consecuencias de la reforma, pero muy poco sobre cómo influye la desigualdad de la renta en los ingresos de la seguridad social. La desigualdad ha aumentado en la inmensa mayoría de los países de la zona euro durante la última década. España es el país de la OCDE donde más crece la desigualdad durante los últimos años y exceptuando Letonia, es el más desigual de la zona euro.
Hace dos semanas Mariano Rajoy señaló: “No hay en este momento unos indicadores precisos ni en España ni en Europa sobre los datos de desigualdad…” En cambio, cinco días antes, Barack Obama realizó un discurso centrado en la desigualdad de EE.UU., tema muy presente en la agenda pública los últimos años. Es quizás una consecuencia tanto de la alarmante desigualdad de la renta, como de un trabajo constante de denuncia, por parte de think tanks progresistas, periodistas, movimientos sociales y científicos sociales.
En el informe Envejecimiento 2012 de la Comisión Europea, que ha orientado nuestra reforma, no aparece la palabra desigualdad. Los estudios sobre la viabilidad de las pensiones en España, financiados mayoritariamente por entidades financieras, no incorporan los efectos de una desigualdad creciente. En España, en 2012, por primera vez en democracia, las rentas del capital superaron a las rentas del trabajo en relación al PIB total: 46,1% versus 44,2%. Una realidad muy diferente respecto a la UE-15, donde las rentas del capital suponen el 37,4%, frente al 50,4% de las rentas del trabajo.
Dado que las rentas del capital no cotizan a la seguridad social, cuando estas aumentan y paralelamente disminuyen las del trabajo, se reducen tanto las cotizaciones como los ingresos de la seguridad social. Imaginemos que nuestro PIB es 100 y las pensiones públicas se financian con unas cotizaciones (trabajadores y empresarios) del 24% de los salarios. Si las rentas del trabajo representan un 44% del PIB la seguridad social ingresaría 10 euros (24% de 44). Pero supongamos que cambia el gobierno y decide implementar políticas para converger con la UE-15 aumentando las rentas del trabajo hasta el 50%. En este nuevo escenario la seguridad social ingresaría 12 euros, 2 euros más, un incremento espectacular teniendo en cuenta la riqueza del país.
La mayoría de los estudios sobre la viabilidad de las pensiones realizados en España han sido financiados por entidades financieras. Estos estudios erraron estrepitosamente a mediados de la década de los noventa. Proyectaron una población total en 2010 entre 6 y 8 millones menos de habitantes respecto al valor real. También estimaron a la baja la población de 15 a 64 años en 2010, de 5 a 6 millones. Pronosticaron, creando alarma social, la quiebra del sistema, estimando déficit en 2000 (de -0,42 a -1,61 del PIB) 2005 (de -0,75 a -1,80 del PIB) y 2010 (de -0,99 a -2,15 del PIB) cuando realmente existió superávit.
A pesar de estos errores, la insistencia de mensajes sesgados, basados en el catastrofismo demográfico, han acabado creando un imaginario colectivo de colapso financiero de nuestro sistema de pensiones en el futuro. En este contexto parece poco probable que entidades financieras, que han visto aumentar sus beneficios, financien estudios sobre las pensiones, incorporando la variable desigualdad.