Ser madre y padre representa una gran heroicidad en el sentido griego del término: mostrar extraordinarias capacidades para afrontar todo inconveniente que se interponga en su camino. En nuestro país, las mujeres jóvenes expresan su intención de tener una criatura, pero aplazan su maternidad hasta los 30 a 33 años, en vez de los 26 a 28 de los años 80, según datos del INE. Nos hallamos ante una paradoja: una decisión que más que un deseo se convierte en un cálculo sobre los recursos disponibles. Por su parte, las trabajadoras medirán su coste de oportunidad por los efectos de la maternidad sobre su promoción o permanencia en puestos de responsabilidad. “No me han hecho una lobotomía, sólo he sido madre” declaraba Amparo Moraleda, entonces responsable de IBM en un Congreso de Economistas en Madrid.
Para el trabajador, el mercado de trabajo le demandará una disponibilidad sin horarios, ni jornadas y, si además es padre, esta condición supondrá un mecanismo de fidelización a la empresa, incluso en situaciones de recortes de derechos laborales. Ya como pareja, comenzarán su odisea al combinar su rol laboral con su expectativa de ser padres o madres. Estarán emplazados a evaluar, en tiempo y dinero, la distancia entre su hogar y las guarderías públicas, o el domicilio de los abuelos, especialmente los maternos, los transportes públicos, los lugares de ocio, entre otros elementos.
Bien es verdad, que ninguna heroicidad se sostiene sin pagar un precio. Primero, muchos sujetos renuncian a su maternidad y paternidad debido a un balance negativo de recursos. Desde el 2008, el INE muestra, en comparación con el año 2012, una severa reducción de la natalidad en un 12,8%; el máximo en los últimos 30 años. Segundo, la ampliación del permiso de paternidad aún no forma parte de la cultura de empresa, ni de las organizaciones. Regulado en la Ley de Igualdad Efectiva, 3/2007 tuvo grandes obstáculos por parte de la CEOE y CEPYME, alarmados ante un posible uso fraudulento, como si otras contingencias estuvieran exentas de toda sospecha, por lo que hubo que hacer frente a las resistencias que provoca toda novedad y se optó por aumentar en 13 días los 2 días ya fijados por nacimiento. Posteriormente se ampliaría a 30 días en el 2011. Sin embargo, esta tarea la incumplió el mismo Gobierno que legisló por primera vez el permiso de paternidad.
Una incoherencia a reparar en octubre de 2012 gracias al acuerdo de todos los grupos parlamentarios, con el fin de equiparar el permiso de paternidad con el de maternidad. Pero a día de hoy esta medida está totalmente paralizada bajo el comodín de la crisis. Fue una propuesta que se inspiraba en la muy tardía Directiva Europea sobre la ampliación del permiso de paternidad y sobre el cual los Estados Miembros deberían legislar en el año 2012. Pero como bien sabemos la UE debe contentar a todos los Estados y las dificultades se acumulan.
En el año 2010, el mismo año que aprueban la Directiva, 27 Estados rechazan la ampliación a 20 semanas del permiso de maternidad al contabilizarlo como gasto y no como inversión, algo incomprensible dada la preocupación de la UE ante la costosa provisión de las pensiones, teniendo en cuenta que en el año 2050, 37 millones de europeos cumplirán 80 años según los datos presentados en The Ageing Report 2012: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060). Sin embargo, la solución dependerá de la definición del problema. Para empezar, los permisos no son un asunto particular a discutir por la pareja, como tampoco debe tratarse como un “tema de mujeres”. Si las Administraciones Públicas responden sectorialmente, las cuentas no salen. De ahí la inquietud del Ministro de Trabajo alemán que no interroga a las empresas por sus políticas de recursos humanos, o no contempla incentivos al permiso de paternidad, pero, en cambio, sí pregunta a las mujeres “¿por qué no queréis tener hijos, cuando este país invierte más del 4% del PIB en políticas de natalidad?” El problema de fondo estriba en los grados de corresponsabilidad de madres y padres frente a la mal llamada “conciliación”, que sólo recae sobre las mujeres. Se llega hasta el extremo de acusar a las trabajadoras de conciliar gracias a otras mujeres de otras nacionalidades, esquema que omite el análisis del grado de participación del resto de los miembros de la familia en el ámbito doméstico.
Si bien la UE fija permisos de cuatro semanas, al mismo tiempo permite que se transfieran entre progenitores, lo que podría implicar un aumento del disfrute de la madre en detrimento del de el padre. Justo lo que quiso evitar la Ley de Igualdad Efectiva, de cuyos encuentros con asociaciones surgió la Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles que, con un valioso seguimiento internacional, subraya la no cesión de los permisos.
Si la paternidad como ejercicio cotidiano depende de la condescencia de la política de personal de la empresa, está abocada al fracaso, excepto en el sector público. Por lo tanto, decidir ser padre o madre se mantiene como un asunto privado y no público, con lo que la inversión en políticas sociales en esta materia fluctuará en función de las prioridades de la agenda política. Esta creencia coincide también con la opinión general, como refleja la Encuesta del CIS Familia y Género en 2012, donde un 61% manifiesta que es el entorno familiar el principal responsable del cuidado de los menores, y por ello no se demandan servicios ni prestaciones a las Administraciones Públicas. En resumen, mientras los permisos sean considerados favores y no estén definidos como derechos inherentes a la igualdad de trato, nos veremos abocados a trazar biografías como si la condición de padre o madre fuera un empeño particular y no un asunto de interés general.