Antoni Zabalza - Doctor en Economía por la London School of Economics, y secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con el gobierno de Felipe González
Finalmente se han publicado las balanzas fiscales, ¿existe el problema económico catalán?
Los problemas actuales de Cataluña los está causando la crisis; no su balanza fiscal. Los nuevos resultados del Ministerio de Hacienda calculan la balanza fiscal observada de 2011 en -859 millones de Euros (-0,4% del PIB catalán). Es decir, el Estado ha obtenido en impuestos en Cataluña 859 millones de Euros más de lo que ha gastado en esa región ¿Es mucho o poco? Si los ingresos impositivos del Estado en todas las comunidades fueran proporcionales a su PIB y los gastos proporcionales a su población, la balanza fiscal de Cataluña observada en 2011 habría sido -1.755 millones. La acción presupuestaria del Estado en Cataluña ha sido pues beneficiosa para esta región: el Estado ha obtenido en Cataluña 896 millones menos de lo que cabría esperar dada la renta per cápita de esta región.
Y llegaríamos a prácticamente la misma conclusión si en lugar de la balanza observada en 2011, que es un año de crisis y déficit sustancial del Estado, utilizáramos un medida promedio de la misma a lo largo del tiempo para una situación hipotética de déficit cero del Estado: la balanza fiscal estructural. En tal caso, y siguiendo la metodología empleada por la Generalitat, la comparación sería entre -9.687 millones y los -10.581 millones que le corresponderían a Cataluña según su PIB per cápita. A lo largo del tiempo, el Estado estaría obteniendo en Cataluña 894 millones menos de lo esperable según la riqueza de esta región.
¿Qué podría ofrecer Rajoy a Más?
Nada que luego no pueda ofrecer a las demás comunidades autónomas. Ofrecer una mejora en el tema territorial es, en el contexto legal vigente, hacer una oferta multilateral. De hecho, para empezar a arreglar la cuestión territorial, lo primero que Rajoy debería hacer es eliminar los enormes e injustificados privilegios del País Vasco y Navarra.
Javier Pérez Royo - Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla
Javier Pérez Royo - Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla
¿Qué salida política y jurídicamente viable en relación con la consulta debería resultar de la reunión entre Mas y Rajoy?
La confesión de Pujol me parece que dificulta todavía más abordar el tema sobre la viabilidad de una negociación sobre la consulta. Artur Mas y Convergencia no pueden seguir como si no hubiera pasado nada, entre otras cosas porque no es difícil pensar que las responsabilidades de todo tipo, incluidas las penales, acaben extendiéndose más allá da la familia. La gestión de un asunto tan transcendental como la consulta no la puede hacer un President que fue Consejero de Hacienda con Jordi Pujol y secretario de CDC. Ningún Presidente del Gobierno de España podría entrar a negociar en tales condiciones.
Mercè Barceló - Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona
¿Considera que un reconocimiento formal de Catalunya como nación supondría un cambio en la voluntad secesionista de una parte de la ciudadanía catalana? ¿Cómo debería traducirse jurídicamente?
Es posible que las fuerzas políticas que no han tenido una tradición independentista en su ideario más que en esta última legislatura renuncien a la defensa del proceso secesionista en tanto tenga lugar un reconocimiento simbólico del hecho nacional de Cataluña del que pudieran derivarse determinadas consecuencias jurídicas. Y supongo que, para dichas fuerzas políticas, tales consecuencias podrían concretarse en lo que tradicionalmente ha sido el núcleo de sus reivindicaciones: mejor sistema de financiación y blindaje de competencias, especialmente en el ámbito educativo, cultural y lingüístico.
Cuestión distinta es la posición de la ciudadanía que no creo que quiera renunciar en este momento a expresar su posición sobre la continuidad en España. Porque lo importante no es lo que se pueda ofrecer o no a Cataluña, sino que se ha tomado consciencia del papel de cada ciudadano en este proceso secesionista y en otros procesos sociales de su interés. Está calando la idea que el sistema no responde y que es necesario encontrar nuevas formas de implicación de la ciudadanía en la gestión de lo público. Por lo tanto, en mi opinión, difícilmente podrá convencerse a la ciudadanía de abandonar la posibilidad de votar sobre el futuro de Cataluña como comunidad política.