¿Cuál puede ser el futuro del Parlamento? La institución, aquejada de una permanente crisis y cuya existencia, sin embargo, puede seguir considerándose como parámetro de cualquier democracia, ha alcanzado en nuestro país un grado de desprestigio que, contrariamente a lo que se cree, no es de origen reciente ni viene motivado solamente por la mala situación económica. ¿Cómo mejorar el funcionamiento y, con él, la legitimidad de los 18 Parlamentos y 19 Cámaras existentes en España? Este post intenta esbozar los puntos principales de una propuesta que, sin duda, habrá de enmarcarse en proyectos de reforma mucho más ambiciosos.
1. Un Parlamento que legisle o que controle
Si hemos de creer la afirmación del Prof. Rubio Llorente según la cual el control no se contrae a determinados procedimientos del Parlamento sino que es una perspectiva desde la que contemplar todas sus funciones, el énfasis de la institución debe recaer justamente en el control del poder, cuestión ésta que acampa extramuros de las normas de las Cámaras para situarse en el terreno de la cultura política que es su presupuesto. Pero ello no debe dejar de lado la mejora del ejercicio de la potestad legislativa: si la decisión política está en la esfera del Ejecutivo, el Parlamento tendrá confiada una misión integradora de la ley que se base en armonizar esa decisión con los intereses generales, y deberá preocuparse más por la evaluación sucesiva y vigilante –al cabo, el control– de su aplicación, además de velar por la buena técnica normativa en todas sus vertientes.
2. Un Parlamento representativo o participativo
No debería constituir una contradicción; es más, se trata de un falso dilema, si se piensa que la función legitimadora de los Parlamentos debe abarcar ambas dimensiones, aunque la representación política sea y deba ser la predominante. La creación de órganos especializados en recibir peticiones de particulares, movimientos y asociaciones y la articulación de cauces de participación que aprovechen las nuevas tecnologías y el trabajo en red no deben obviar que el Parlamento aspira a representar a toda la sociedad, a todo el cuerpo electoral. Potenciar las iniciativas legislativas de los ciudadanos será una tarea útil y necesaria si se repara en que, una vez tomadas en consideración, son iniciativas de toda la Cámara, lo que significa tanto como cumplir esa misión de integración y composición de intereses que tenderá a dar realidad a la clásica definición de la ley como expresión de la soberanía popular.
3. Un parlamentarismo de Pleno y de Comisión
Los ciudadanos perciben –y pocas veces para bien– el Pleno de las Cámaras como su locus principal, y debe seguir siéndolo por la posición privilegiada que ocupa y que debe orientarse no sólo a la escucha de las minorías y a la realización de la mayoría existente, sino también a escenificar la idea del Parlamento como lugar de resolución de conflictos sociales y políticos. Una potente política de comunicación institucional debe ser el altavoz que lo propague y que, asimismo, haga bueno el trabajo de las Comisiones, verdadero centro gravitatorio de la actividad parlamentaria cotidiana donde se debaten asuntos de extraordinaria importancia y amplia especialización que no siempre –por no decir casi nunca– encuentran la resonancia que merecen.
4. Un Parlamento de Grupos o de parlamentarios
El Parlamento ha de explotar las ventajas de la racionalización de sus trabajos tratando de suprimir o mitigar muchas de sus rigideces. Una de ellas es la excesiva dependencia de los Grupos Parlamentarios, propia del Estado de partidos y que no hallará solución sólo con reformas electorales, las cuales serán condición necesaria pero no suficiente para ello. Aumentar el protagonismo del “parlamentario individual”, tan gráficamente denominado, es un tópico que debe materializarse oxigenando la estructura de los debates, con turnos de palabra más flexibles, sesiones que transmitan agilidad y viveza y búsqueda de iniciativas individuales, desde ponencias o relatorías hasta una redefinición del control por medio de preguntas e interpelaciones. Si esto se consigue, casi se puede pensar en que Internet transmitirá un Parlamento que no se limite a la confrontación política, aunque también deba albergarla porque es la única institución democrática que puede y debe hacerlo.
5. Parlamento y transparencia
El Parlamento es el perfecto “convidado de piedra” en el Proyecto de Ley de Transparencia actualmente en tramitación en las Cortes Generales, basado casi exclusivamente en la relación entre ciudadanos y Administraciones Públicas. Una concepción clásica de la publicidad parlamentaria debe ser completada y aun superada por otra que haga de la institución el verdadero “centro de transparencia” de toda la información y documentación de interés público, universalmente accesible sin merma de su detalle técnico, y vinculada a cuantas iniciativas al respecto surjan de los Diputados y de los Grupos políticos. El Parlamento se juega mucho en ello: la recuperación de su razón de ser como gozne entre sociedad y Estado, como mediador entre el ciudadano y el Gobierno; pero puede y debe llevarlo a cabo de la mano de las tecnologías de la comunicación y al hilo de las experiencias participativas que logre activar. La información económico-financiera, la ejecución del gasto o la evaluación de las políticas públicas son sólo tres de los campos en que urge que lo anterior se ponga en marcha.
6. Parlamento y organización territorial
Los Parlamentos autonómicos deben reivindicar su lugar en el ámbito intermedio entre lo local y una soberanía nacional fuertemente condicionada por lo global. Un ámbito de competencias muy cercanas a las preocupaciones y a los problemas comunes y en el que la institución ha de cobrar todo su sentido, erigirse en un Parlamento abierto y trenzar alianzas con otras instituciones de su territorio y de regiones con las que pueda establecer redes de afinidad a escala europea. Ello pone ante nosotros, igualmente, la inaplazable transformación del Senado, encarnando un principio de representación que no puede seguir identificándose con el de la Cámara baja y que, al cabo, debe completar el pluralismo político con todas las facetas del territorial, muy singularmente las de carácter cooperativo y “federalizante”.
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