Un estudio de la prestigiosa ETH de Zürich, cuna de más de 20 premios nobel, ha expuesto tras analizar treinta millones de empresas un núcleo de 147 grandes corporaciones que configuran lo que anónimamente denominamos “los mercados”. Un equipo que agrupa unos nombres muy conocidos: Barclays, Fidelity Axa, JP Morgan Chase, UBS, Merryll Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, Natixis, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc. Estas corporaciones, en su mayoría bancos y grupos de inversión, son a su vez propietarias de las mayores empresas multinacionales. Otra alineación también muy conocida: Apple, Microsoft, Wells Fargo, Coca Cola, Philip Morris, Hewlett Packard, Kraft, Monsanto, Starbucks, Procter&Gamble, Johnson&Johnson y Exxon.
El estudio destaca también que estas compañías comparten la propiedad de muchas de ellas, es decir, que hay un “entrecruzamiento” accionarial. Además, sus principales accionistas forman parte de las cerca de 60 mil personas que en el mundo tienen un patrimonio superior a 100 millones de dólares. Algunos de ellos son también bimillonarios. Un grupo de unas dos mil personas cada una con una fortuna superior a los mil millones de dólares. El denominado 1%, en realidad una fracción decimal mucho menor, configura una estructura oligárquica, como una suerte de nuevo estamento de dimensión planetaria, al que le interesa una Europa débil, dividida y a su servicio.
Una Europa federal y social es un recurso democrático para poder hacer frente al avance de la oligarquización y al declive de los Estados-nación europeos. Implica un poder europeo dotado de instituciones y recursos que no dependan de delegados o contribuciones de los Estados Miembros y habilitado para poder dar respuestas a los retos que superan las dimensiones estatales. Hoy el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de gobierno de los Estados o el Consejo de Ministros de la UE cuyos miembros lo son en representación de los ejecutivos estatales, responden a intereses nacionales y actúan en buena medida al servicio de círculos oligárquicos. Sin embargo, no se trata de que Europa la dirija un directorio autocrático sino un órgano de gobierno democrático. Por eso, el ejecutivo europeo debería federalizarse y responder a una legitimidad democrática que pudiera ser parlamentaria, como en Alemania o Canadá, o presidencialista como en EEUU o Brasil, o según un sistema mixto como en Francia o Argentina. En todo caso, la ciudadanía debiera poder mediante unas elecciones europeas elegir o cambiar la orientación política del gobierno europeo. Una parte de los diputados de su parlamento podrían elegirse en circunscripciones territoriales y otros conforme a listas europeas comunes.
El carácter social de la Unión implicaría además orientar sus políticas al empleo de sus ciudadanos y cubrir con un seguro de desempleo europeo a los parados. En lugar de consentir la comercialización de productos elaborados, fundamentalmente en Asia, al margen de la normativa laboral o medioambiental que se exige en Europa y que beneficia particularmente a las grandes corporaciones multinacionales, la Unión debería establecer garantías para impedir que esos abusos redundaran en el traslado de la producción fuera de Europa. Una consecuencia inevitable si en China la hora de trabajo en jornadas de 10 horas seis días a la semana se paga a 0.5 euros y en Bangladesh o Vietnam no supera los 0.12 céntimos. Siguiendo una simple lógica economicista el desmantelamiento industrial europeo y el traslado masivo de servicios a Asia no cesará de aumentar, salvo que se asiatizen los mercados europeos, una orientación a que parece apuntar la creciente precarización de sueldos y salarios en la UE.
En cualquier caso las consecuencias de las políticas neoliberales que desde la UE se promueven para sus Estados miembros están resultando catastróficas para el modelo de bienestar europeo. Además, están dando impulso a fuerzas políticas opuestas a la integración que amenazan con desestabilizar el futuro Parlamento Europeo. La globalización neoliberal también tiene un efecto esquilmatorio sobre los ingresos de las arcas públicas dado que la conexión entre las corporaciones multinacionales, los paraísos fiscales, el fraude y la elusión fiscal es muy intensa. De hecho, los grandes beneficiarios de la globalización apenas contribuyen fiscalmente. A través de un entramado internacional de “ingeniería de matrices” aportan menos del 1% de sus ingresos. Resulta urgente una nueva política fiscal europea e imprescindible acometer desde Europa la existencia de los paraísos fiscales. Pero una nueva Europa también requiere de una red educativa y destinar mayores recursos a la formación y el intercambio, universalizando programas como Erasmus. También exige redes comunicativas transeuropeas: televisiones, periódicos, radios, publicaciones que contribuyan a configurar una opinión pública que vincule en un mismo espacio comunicativo a su ciudadanía y controle al poder.
O Europa da pasos hacia una federación democrática y social o las democracias estatales y la UE pueden quedar reducidas a un decorado institucional. Además de un aumento de recursos presupuestarios y de una Unión bancaria, Europa debe renovar urgentemente sus fundamentos democráticos y emprender nuevas políticas laborales en defensa del empleo y de la dignidad salarial; desarrollarse socialmente ofreciendo una cobertura europea a los desempleados; impulsar redes comunicativas y educativas europeas o establecer una nueva fiscalidad frente a las grandes corporaciones y las transacciones financieras.