El pasado día 26 de octubre, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea han hecho públicos los resultados del análisis comprensivo del sistema bancario europeo, formado por un ejercicio doble: la revisión la calidad de los activos bancarios (AQR) y los denominados Test de Stress, analizando la solvencia de 150 entidades bancarias de los países de la Unión y, especialmente, de países de la eurozona. Los resultados publicados dejan en buen lugar a las 25 entidades bancarias españolas analizadas, y, salvo en el caso de Italia, muestran un panorama tranquilizador sobre la salud del sistema financiero europeo.
Son buenas noticias, pero… ¿qué es un test de stress bancario?
Para comprender su significado, hay que comenzar por conocer la estructura financiera de una entidad bancaria. Como el de todas las empresas, los bancos tienen un balance formado por activos, pasivos y capital. Los activos son los derechos de los bancos, es decir, aquello que tienen o que pueden reclamar: dinero en las cajas, inversiones y préstamos a clientes. Los pasivos son aquellas obligaciones por las cuales los bancos deben responder: dinero que han pedido prestado o los depósitos de los ahorradores. El negocio bancario es pedir prestado –en los mercados interbancarios o al Banco Central Europeo- o captar depósitos –de inversores o de ahorradores- y luego invertirlo ellos mismos dando prestamos a las empresas o particulares o invirtiendo en acciones y otros títulos. El capital del banco son aquellos fondos que, no siendo exigibles por los prestamistas o los depositantes, también sirve para financiar las operaciones del banco. En condiciones de equilibrio el balance de un banco debe cumplir el criterio:
Activos=pasivo+capital
Es decir, las operaciones del banco son financiadas por terceros (pasivo) o por el propio banco a través de sus recursos (capital). Como en cualquier empresa, este equilibrio contable es fundamental, pero al mismo tiempo, y por tratarse de entidades en las cuales los inversores y depositantes dejan su dinero con la esperanza de recuperarlo, su tratamiento es especialmente sensible. Si un cliente abre una cuenta de ahorro en un banco, espera poder contar con su dinero siempre y con independencia de los buenos o malos resultados que tenga la entidad con sus operaciones financieras. De no ser así, la confianza en las entidades bancarias se desplomaría y con ella el sistema financiero.
Para evitar que esto pueda ocurrir, las entidades bancarias se someten a una regulación internacional que exige un mínimo de capital propio, suficiente para cubrir eventuales pérdidas en las operaciones de inversión y préstamo, sin tener que “tocar” los depósitos de los clientes. De esta manera, si un banco concede un crédito hipotecario y este crédito es fallido –no se devuelve nunca- las pérdidas serían absorbidas por el capital del banco, y no por los depósitos de los ahorradores. Estas normas son dictadas por el Comité Internacional de Supervisión Bancaria, y se conocen como normas de Basilea. En estos momentos, y tras la crisis financiera internacional, estamos en pleno proceso de transición hacia la tercera versión de estas normas (Basilea III). Forman parte del capital propio el capital social de la entidad, los beneficios no distribuidos, las provisiones, las reservas, y otros instrumentos de inversión denominados “hibridos”, como, por ejemplo, las participaciones subordinadas o las preferentes (de infausto recuerdo en el caso de las cajas de ahorro). El capital se divide entre diferentes niveles de calidad, siendo el de más calidad el denominado “Core Capital” o “Tier 1”.
Se supone por lo tanto que un banco debe tener capital suficiente para absorber un porcentaje determinados de pérdidas en sus operaciones de crédito e inversiones –deterioros del activo- sin dejar de poder responder a sus obligaciones con prestamistas y ahorradores depositantes (pasivo). Para que ello ocurra, se debe cumplir la condición:
Capital propio > deterioros probable de activo.
Los test de stress miden precisamente esta condición: partiendo de un escenario base en términos económicos y suponiendo unas condiciones de crecimiento económico, desempleo, etc., los test de stress someten a simulación qué pasaría con los activos de los bancos en diferentes condiciones, cuánto se deteriorarían, y qué capacidad tendría el banco de asumir dichas pérdidas con su capital propio. ¿Qué le ocurriría al banco si el desempleo se dispara y se producen nuevos impagos hipotecarios? ¿Cuánto perdería si hay una bajada de acciones en la bolsa? Una vez determinadas las pérdidas por fallidos (créditos hipotecarios, inversiones, etc. que están contabilizadas por su valor y que lo pierden), se calcula cómo quedaría el banco en términos de capital –qué deterioro sufriría el capital propio del banco- y se valora si cumple con los criterios mínimos para no poner en peligro los depósitos de los ahorradores:
Activo “simulado” (contando las pérdidas)=Pasivo real +Capital simulado (tras absorber pérdidas).
Y esto es exactamente lo que ha hecho la Autoridad Bancaria Europea: someter a condiciones de “stress” los balances de los bancos, examinar cuál sería el deterioro probable de sus activos en situaciones económicas adversas, y valorar si cuentan con el capital propio suficiente para seguir siendo solventes. Este es el tercero de los test realizadosy su importancia se centra en que es el test previo a la puesta en marcha de la Unión Bancaria aprobada en el primer semestre de este año.
En este ejercicio, los límites establecidos en el peor de los casos –escenario más adverso- sitúan el límite de capital exigido en el 5,5% del balance. La mayoría de los bancos españoles lo superan con creces y sólo uno, Liberbank, se acerca a ese límite. No fue así en las anteriores pruebas, realizadas en 2010 y 2011, donde cinco entidades financieras españolas suspendieron en necesidades de capital y la mayoría de las mismas estuvieron mucho más cerca de los límites exigidos.
La razón fundamental de este cambio en el examen de solvencia de nuestras entidades financieras es la intervención pública desarrollada entre 2012 y 2013.
Durante esos años, España, a través del FROB, inyectó más de 37 mil millones de euros en el capital de las cajas de ahorro, concentró el sector, y desagregó los llamados activos problemáticos para su gestión a través del SAREB, por un valor de 50 mil millones de euros adicionales, para que nuestro sector financiero pudiera cumplir estos requisitos de solvencia. Hubiera sido motivo de profunda reflexión que, tras esta inyección de fondos en nuestro sistema financiero, no se hubiese mostrado como uno de los más solventes del continente.
¿Significa esto que fluirá el crédito más y mejor que antes? No necesariamente. Los problemas de acceso al crédito por parte de la economía española no tienen, ahora, tanto que ver con la solvencia de las entidades, como con la situación de familias y empresas. Tras las recapitalizaciones, los rescates, y los fondos prestados por el Banco Central Europeo, el mercado financiero español cuenta con solvencia y liquidez suficiente, pero el crédito se sigue dando con cuentagotas. Hemos solucionado el problema de solvencia de las entidades financieras, pero no los problemas de endeudamiento de familias y sector productivo. Desde el año 2011, las tasas interanuales de variación del crédito a familias y empresas están en negativo y nuestra deuda total apenas ha descendido. Nos queda todavía un largo camino.