Merkel y Rajoy, como cualquier otro ciudadano europeo, hablan de medidas de crecimiento. Necesitamos facilitar la recuperación de la actividad económica, el empleo y las garantías del progreso y del estado del bienestar. Sin embargo, poco o nada debatimos las características del modelo que queremos impulsar. Seguro que todos hablamos de cosas distintas pero el resultado de impulsar un modelo u otro no nos será indiferente. ¿Eurovegas o rehabilitación energética de edificios?, ¿vendemos el litoral o impulsamos la sostenibilidad de Playa de Palma? Optar entre alternativas determinará el nivel de concentración o dispersión de los beneficios de las medidas de recuperación, la prioridad que se dé a actividades industriales de valor añadido frente al consumo bruto de capital natural, la viabilidad a medio y largo plazo de los proyectos, etc.
Es más que probable que antes o después, en efecto, se adopten medidas de estímulo para reactivar la economía. Por ello, es fundamental entender mejor qué condiciones se deben dar para que no caigan en saco roto sino que, al contrario, permitan asentar las bases de un futuro equilibrado y un bienestar sostenido.
Curiosamente, el paquete de energía y cambio climático adoptado por la Unión Europea en 2008 tenía como objetivo fortalecer la competitividad económica y el peso geopolítico de la UE en el medio y largo plazo. La intención respaldada entonces -y posteriormente desarrollada en la estrategia de Lisboa y el énfasis puesto en el uso eficiente de los recursos- parte de un diagnóstico certero y plenamente vigente: la compleja realidad mundial en la que muchos otros actores aspiran a crecer y lo harán más deprisa. Un escenario en el que la UE difícilmente podrá competir con otros en costes laborales o en un mejor o mayor acceso a materias primas. La mejor orientación estratégica para Europa es, precisamente, facilitar herramientas de eficiencia y cambios tecnológicos cuyas sociedades, mejor preparadas -¿todavía?- que otras, pueden aportar. En este contexto, sorprendería que no fueran, precisamente, el criterio de la sostenibilidad ambiental, el impulso de un modelo energético eficiente y renovable y el uso inteligente de los recursos los que se convirtieran en guía de la recuperación.
Sin embargo, las convincentes razones identificadas en su momento parecen haberse olvidado y el riesgo del “todo vale” se siente presente en muchas de las decisiones y declaraciones públicas. En un mundo cada vez más poblado y con presión creciente sobre los recursos, tendremos la necesidad de ser extraordinariamente eficientes en consumos de agua, energía, suelo…; de poner en valor de forma respetuosa las oportunidades que nos ofrece el entorno: paisajes, sol, viento…; de recuperar, reutilizar aluminio, vidrio, cobre, papel, etc.; de apostar por el papel de la tecnología que da apoyo a consumos inteligentes, por soluciones para un transporte limpio que asegure la calidad del aire (y de vida) en nuestras ciudades o por la innovación en materiales.
A España, en realidad, este diagnóstico le sienta como un guante: tanto por disponer de aquello que los demás demandan, como por requerir un proceso interno de eficiencia en consumos que le permitiría canalizar a una gran parte de sus ciudadanos en paro -en gran medida, precisamente, los más vulnerables y con menor formación hasta ahora empleados en el sector de la construcción-.
España tiene una avanzadísima industria que lidera todas las etapas de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de energías renovables. Algo parecido le ocurre con la depuración, saneamiento, desalación y técnicas de uso eficiente del agua. Cuenta con magníficos entornos naturales enormemente atractivos –salvo si se destruyen o se consiente su degradación-. Aprovechar, por tanto, este momento de crisis para impulsar la transición energética hacia un modelo de generación distribuida, eficiente y renovable sería una excelente noticia que nos garantizaría precios estables, bajos y predecibles para nuestros consumos eléctricos. Favorecer la rehabilitación energética de los edificios y el aprovechamiento energético de sus azoteas permitiría generar empleo y la cualificación de los trabajadores de la construcción, reduciría la factura de la luz y el gas de nuestros hogares así como el déficit de nuestra balanza comercial en el capítulo de combustibles. Garantizar la protección del entorno, mantiene y mejora el potencial turístico de calidad, el desarrollo de pequeños emprendimientos locales en ocio, agroindustria de calidad, etc.
Frente a ello, preocupa la obsesión por mantener el statu quo y que nuestros dirigentes vendan como principales atractivos para la inversión en España cuestiones tales como la reducción de costes laborales, la recuperación del litoral para el urbanismo, la supresión de garantías ambientales y figuras de protección de nuestros montes y ecosistemas, la cesión gratuita de suelo para megaproyectos urbanísticos –con rebajas fiscales y eliminación de garantías laborales y sanitarias ad hoc-, la supresión de supuestos sometidos a un régimen de responsabilidad ambiental específico o el “redimensionamiento” del estado.
Da la impresión de que poco o nada hemos aprendido de los excesos cometidos. El espejismo de la riqueza barata se convirtió en una gran hipoteca de la que pocos se enriquecían y todos asumíamos el coste asociado al mantenimiento de infraestructuras inútiles o de poco uso y dudosa oportunidad. Las medidas de estímulo que ayuden a la recuperación deben ser congruentes con los objetivos estratégicos de medio y largo plazo; un futuro en el que la competitividad se medirá por la disponibilidad de tecnologías que faciliten un uso eficiente de los recursos, un sistema energético renovable no dependiente de los precios de los combustibles en los mercados internacionales ni generadores de externalidades que lastren nuestro bienestar o nuestra economía. La acción en ciudades y pueblos, la renovación urbana construyendo entornos sostenibles permite acercar empleo y soluciones locales en ámbitos tan distintos como el transporte, los residuos, los edificios, la distribución de agua, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, etc. Todo un potencial de empleo, actividad económica, mejora de la calidad y el bienestar urbano, generación de atractivos, innovación y ahorro de costes. ¿No tiene mucho más sentido que promover un modelo expansionista, intensivo en consumos de todo tipo, con poco valor añadido y en el que la competitividad se mide por los costes laborales unitarios?
Hay pocas ocasiones como ésta para poner el marcador a cero y reiniciar una senda. Hagámoslo en la dirección correcta.