En Álava hay 708 condenados a trabajos en beneficio de la comunidad. Vitoria tan solo oferta 10 plazas para que se cumplan. Todas ellas en el centro de protección animal. Por este motivo el Ayuntamiento busca reforzar su colaboración con la Administración de Justicia. Ainhoa Domaica, la concejala de Asuntos Sociales, quiere “que nadie se quede sin cumplir condena”.
Los trabajos en beneficio de la comunidad son “una pena alternativa para delitos menores y faltas”, explica Domaica. Se dan sobre todo en casos de seguridad vial o de violencia de género. Los condenados tienen que llevar a cabo actividades de utilidad pública en comedores sociales, de apoyo a discapacitados, a víctimas, en centros de día, o en talleres formativos, por ejemplo.
Las 10 plazas que oferta Vitoria resultan insuficientes. “Es una oferta poco ambiciosa, queremos posibilitar un mayor número”, afirma la concejala. El equipo de gobierno busca nichos donde los condenados puedan cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad. Se intentarán encontrar en campañas de prevención y sensibilización, en servicio de mantenimiento o como refuerzos para el plan de nevadas o para diferentes eventos de la ciudad.
Existen ya dos convenios firmados por el Gobierno vasco y Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, con el Ministerio del Interior, para que estas penas de trabajo en beneficio de la comunidad se cumplan efectivamente. Vitoria, en cambio, no está adherida a ninguno de los dos, “aunque colaboramos”, sostiene la concejala.
En la próxima Junta de Gobierno se planteará adherirse a los dos convenios existentes, además de determinar el número de plazas a ofrecer. “Queremos colaborar para que los condenados puedan cumplir sus condenas”, ha dicho Domaica. A finales de 2012 aún había 196 casos pendientes.