El declive

En su intervención parlamentaria del 2 de diciembre, José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, lanzaba desde el estrado un alegato en contra de la burocracia que los docentes padecemos a lo largo del curso. Esta labor termina comiendo horas no sólo a nuestra propia labor docente, atentando contra la calidad de nuestro trabajo, sino también devorando horas de nuestra vida, que dedicamos más allá de lo estipulado a rellenar formularios que nadie lee mientras bregamos con el trabajo cotidiano en el aula y en la elaboración de material curricular.

Ante todo, estoy de acuerdo con José Ignacio: no nos confundamos, este trabajo burocrático es necesario como medida de control, de levantamiento de acta de lo que ocurre en los centros, en las aulas, con unas personitas que se encuentran en un proceso de desarrollo fundamental; sin embargo, el exceso de celo por el control burocrático de la actividad docente lleva a sinsentidos donde las exigencias no se acompañan de acciones institucionales que ayuden a pasar mejor por los trámites, a modo de guía, al menos. Por poner un ejemplo: durante la primera semana de diciembre, por motivos desconocidos, la red de internet de los centros educativos ha estado caída, en un momento crucial para las evaluaciones. En muchos casos, si no hay red no se puede trabajar, pero la obligación de entregar los papeles a tiempo es perentoria, no entiende de fallos generalizados, obligando, como ya se ha extendido el refrán, a que los docentes metamos en Séneca las notas o hagamos papeleo digital “a las tres de la madrugada”, que es cuando sabemos que Séneca va a funcionar. 

Se nos puede achacar pereza o vagancia porque, como sabemos, los docentes vivimos muy bien, tenemos muchas vacaciones y lo que queremos es hacer menos. No dudo que esto sea verdad en un amplio espectro de la fauna docente; pero hacer recaer todo el peso de la culpa, sea por la administración, sea por la sociedad civil, en la anécdota individual del docente que pasa de todo, es una forma de hacerle el juego a una administración pública que se esfuerza en encontrar maneras de recortar financiación a un sistema educativo ya bastante baldado.

La consejera valora el esfuerzo de los docentes y tiene un compromiso en mejorar la financiación y bajar la carga burocrática de los docentes para mejorar la calidad educativa; pero esto, dicho hace pocos meses, ya se dijo en 2022, y se habrá repetido mucho antes muchas veces

Moreno Bonilla se ha jactado de que el sistema educativo andaluz es el más grande de España, con mayor gasto, superando los 9000 millones de euros. Esto es cierto, algo hasta cierto punto necesario cuando Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población menor de 18 años de España (en torno a trescientas cincuenta mil personas, datos del INE de 2022). Sin embargo, lo que no cuenta Moreno Bonilla es que, en este gasto público en educación proporcionalmente, Andalucía es la comunidad autónoma que menos gasta en educación infantil y primaria (dato muy relevante cuando Moreno Bonilla rechazó los 112 millones de euros para la escolarización en infantil y primaria), apenas supera la media en el gasto en secundaria y educación superior y destina menos del 0’5% de su presupuesto a formación del profesorado.  

Esto resulta relevante cuando, a pesar de los millones, vemos como contrapartida un refuerzo de la educación concertada: de nuevo, Moreno Bonilla se jacta de que los nuevos presupuestos van a aumentar en 72 millones la partida para el concierto educativo. Es cierto que proporcionalmente no representa más que un 10% del gasto público en educación, viéndose en esta proporción Andalucía superada por mucho por otras comunidades (Madrid y Cataluña casi un 20%, País Vasco un 25%, por ejemplo); sin embargo, es la tercera Comunidad Autónoma tras Madrid y Cataluña con mayor gasto bruto (datos del Ministerio de Educación, FP y deportes, actualizados a 2020; a día de hoy es mayor).

La consejera valora el esfuerzo de los docentes y tiene un compromiso en mejorar la financiación y bajar la carga burocrática de los docentes para mejorar la calidad educativa; pero esto, dicho hace pocos meses, ya se dijo en 2022, y se habrá repetido mucho antes muchas veces. Pero los hechos son un refuerzo de la concertada a través de una devaluación de la pública mediante una financiación no ajustada a las necesidades de la población menor de Andalucía, algo que para la primaria roza el estrangulamiento, cada vez con menos medios a pesar de aumentar el gasto. Y esto sin mencionar las universidades, donde en poquísimo tiempo han brotado cuatro universidades privadas, que aumentan su financiación en contra de las universidades públicas, que ven recortados sus presupuestos. 

Al final, la defensa del profesorado frente a una burocracia asfixiante debe ser, como comenta José Ignacio, la punta de lanza de algo más grande: la unión del profesorado para la denuncia de una situación injusta para el alumnado y la mejora de las condiciones de desarrollo de su aprendizaje

Esta infraestructura económica deja un panorama académico desalentador. Hay que asumir que la inesperada pandemia fue un reto para los docentes para el cual no estábamos preparados y, en la mayoría de casos, se funcionó a base de ingenio más que con recursos generales. Pero el confinamiento supuso una enorme brecha para el desarrollo de las competencias básicas del alumnado más joven. En un contexto, además, completamente inactualizado a la realidad digital (no por voluntad, sino siempre por recursos), y un ambiente cultural tendente al anti-intelectualismo (de lo cual tiene culpa tanto la sociedad y las familias como la escuela, no hay que quitarse culpas tampoco en el análisis global de la situación, donde el profesorado se está volviendo cada vez más apático tanto con la normativa como con el alumnado por la sensación de abandono), los resultados globales resultan una amenaza para el desarrollo adecuado a corto plazo de los menores y a largo plazo para el desarrollo de la sociedad.  

El estudio TIMMS (en principio, metodológicamente más aceptable que las perversas pruebas PISA), publicado hace poco, muestra a España a la cola de los países de la OCDE en los resultados en matemáticas y ciencias para la primaria. A su vez, en estas pruebas Andalucía se encuentra a la cola de España, con una brecha de género muy importante. Al mismo tiempo que salían estos datos, la Junta ha destinado más de trescientos mil euros de los fondos Next Generation para el desarrollo de un “traductor automático” (usando IA, probablemente subcontratando a una gran tecnológica que agudice más el cambio climático y desarrollando un software deficiente), para la comunicación de cuestiones administrativas de forma clara para la ciudadanía. Es decir, en lugar de desarrollar la voluntad espiritual y material de formar adultos autónomos, que sean capaces por sus propios medios, capacidades y recursos, de tomar para sí el conocimiento y desenvolverse libremente en un contexto social complejo, crear medios para mantener a la ciudadanía esclava, infantilizada, incapaz. El dinero hará todo lo demás.  

Andalucía se encuentra en un momento crítico para su sistema educativo (como para la sanidad, como ya sabemos). La marea burocrática que ahoga a los docentes es sólo un síntoma de un sistema que se sostiene en la buena voluntad en muchos casos; no en unos medios que no se ajustan a las necesidades, no en una formación del profesorado que responda a las necesidades, no en una estructura cooperativa que se dirija al bien común, sino en una estructura corporativa que atomiza y desengancha tanto a alumnado y familias como al profesorado. Y, mientras tanto, alguien se beneficia de todo. Al final, la defensa del profesorado frente a una burocracia asfixiante debe ser, como comenta José Ignacio, la punta de lanza de algo más grande: la unión del profesorado para la denuncia de una situación injusta para el alumnado y la mejora de las condiciones de desarrollo de su aprendizaje. No es la defensa de un privilegio gremial lo que está en juego, sino la defensa de un derecho universal: una educación pública, gratuita, comprensiva, inclusiva, para todas las personas.