Adiós al impuesto al sol

La ciudadanía, las comunidades de vecinos, cooperativas, empresas e instituciones que quieran producir su propia energía para consumirla, almacenarla o vender la que les sobre vertiéndola a la red de distribución cuentan con el apoyo de la Unión Europea. Su derecho a hacerlo ha quedado blindado, lo que supone un primer paso en la revolución hacia una economía basada en energías renovables como la solar y la eólica. Y hay una importante novedad que afecta directamente a España: al ejercer este derecho, no podrá haber recargos de por medio, al menos hasta el año 2026, con independencia de la potencia que se tenga instalada. Un acuerdo entre las tres instituciones pilares de la UE —el Parlamento de la UE, que ha desempeñado un papel clave en favor de las energías renovables, la Comisión y el Consejo— colocaba a mediados de junio en el punto de mira el llamado impuesto al sol vigente en España para las instalaciones de más de 10 kW de potencia y que satisfacía a las eléctricas.

Pero no habrá que esperar el tiempo máximo que existe hasta la entrada en vigor de la nueva directiva de energías renovables (hasta 2021). El pacto europeo sobre la nueva directiva prácticamente ha coincidido en el tiempo con el cambio de Gobierno en España. El PSOE es contrario a los recargos sobre el autoconsumo eléctrico y es partidario del autoconsumo compartido. Ha coincidido, además, en el tiempo con la reedición del frente contra el impuesto al sol en el Congreso de los Diputados, que reúne a todos los grupos de la hasta hace poco oposición (todos menos el Partido Popular, Ciudadanos y Foro Asturias), que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez disponen de suficientes votos para promover un tipo de generación de energía renovable que ayuda a reducir los costes de producir energía y a disminuir también su impacto medioambiental. También Ciudadanos, que en su momento se posicionó junto al PP contra la iniciativa, ha presentado ahora la suya, favorable a la generación distribuida.

Tanto el texto de las proposiciones de ley como los documentos del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) del PSOE ven en el autoconsumo el modo de involucrar a la población en la transición energética hacia una economía descarbonizada necesaria para combatir el cambio climático.

El sector fotovoltaico, las ONG medioambientales como Greenpeace y Ecologistas en Acción y las entidades sociales que han estado batallando contra el impuesto al sol se muestran satisfechas con este nuevo marco favorable. Las cooperativas de energías renovables reunidas en EScoop.eu han celebrado “el reconocimiento del empoderamiento de la ciudadanía en la política energética europea”.

“Lo más importante de la directiva es que establece el derecho de los ciudadanos a consumir y a almacenar su propia energía o energía autogenerada y recibir retribución por su excedente, tanto a nivel individual como colectivo”, señala José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Para la industria, “el impacto de este cambio es positivo, reactiva el sector y supone la realización de nuevos proyectos fotovoltaicos”. Sin peaje de respaldo y una agilización de trámites, UNEF prevé la instalación de alrededor de 300 MW de autoconsumo al año en España. Según sus cálculos, dicha instalación podría ayudar a evitar la emisión de más de tres millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Posible revisión

A partir de 2026, los países europeos podrán reevaluar qué hacer con los recargos, pero las condiciones para que puedan hacerlo son exigentes: la revisión únicamente se podrá hacer si se puede demostrar con un análisis coste-beneficio el impacto negativo de la exención de los peajes sobre el sistema eléctrico, y si, además, el autoconsumo alcanza un 8% del mercado —hoy apenas supera el 1%—. Esta posible revisión no podrá afectar, además, a instalaciones de autoconsumo de una potencia inferior a los 25 kW, que se mantendrán exentas de peajes.

En España, poner unas placas solares en una casa y consumir la energía generada ya era legal y no había que pagar impuesto. Así que para casas y pequeñas granjas aisladas que tienen luz gracias a la energía solar de sus placas no va a cambiar gran cosa, salvo por la tranquilidad de que lo que hacen tiene apoyo institucional y político. La potencia que necesita un hogar normal no alcanza más de 3 o 4 kW. También hasta ahora era posible tener el suministro eléctrico habitual y, además, instalar placas solares, siempre que la instalación no vuelque energía a la red eléctrica. El impuesto al sol en España entraba en juego, al menos sobre el papel, en instalaciones con una potencia a partir del 10 kW, aunque fuentes del sector indican que a los pequeños productores apenas se les ha aplicado, y que se iba a por potencias de más de 100 kW, a por grandes instalaciones.

La última norma que ha regulado la cuestión hasta ahora es del año 2015 y distinguía dos modalidades de autoconsumo: la primera, en la que la instalación no se conecta a la red de distribución, de modo que no comercializa la energía generada; y la segunda, aquella en la que la energía excedentaria —si se genera más de la que se consume— se vuelca a la red. En este último caso, es necesario inscribirse en un registro como productor de electricidad y si tienen más de 10kW de potencia sí que tenían que pagar dos peajes de acceso.

Raquel Paule, responsable de Proyectos de la Fundación Renovables, explica que el primer peaje es un cargo fijo que se aplica a las baterías en las que se almacena la energía destinada al mantenimiento de la red, y el segundo cargo, llamado transitorio, se aplica a la energía generada y la cuantía varía en función precisamente de esta.

Bajada de costes

La idea de que estos cargos hacían inviables las inversiones en energía solar para el consumo propio ha calado en la opinión pública. Como suele ocurrir a menudo con la tecnología, los costes se abaratan con el tiempo. “La caída de precios ha sido tal que las instalaciones son viables incluso con los cargos, aunque puede que el plazo de amortización de la inversión se alargue un tiempo”, explica Paule. La Fundación Renovables lleva tiempo exigiendo la derogación del Real Decreto de 2015 y confía en que la generación distribuida alcance el 10% de la cobertura de la demanda de electricidad en España en el año 2030.

Según el informe sobre la situación del autoconsumo en España difundido en marzo, los costes de instalación solar se han reducido un 76% durante el periodo que va de 2010 a enero a 2017. El año pasado, la inversión media de la instalación realizada en clientes residenciales es de 4.000 euros y la amortización promedio, de 7,5 años. Según los cálculos de SotySolar, el ahorro medio de una instalación de autoconsumo acaba siendo del 34%.

La Organización Europea de Consumidores BEUC apunta: “Los costes de instalación aún pueden ser bastante altos para parte de la población, pero las energías renovables compensan [la inversión] a largo plazo”.

Por otra parte, los miniproductores han estado lidiando con trámites administrativos largos y laboriosos, y con precios cambiantes. “Además de la inmoralidad, el problema ha estado aquí, en los trámites administrativos, y en el hecho de que, como las cargas figuran en la disposición transitoria del real decreto, los peajes pueden ir cambiando y ello no da seguridad”, añade Raquel Paule.

Los jueces han ido rechazando recursos contra los peajes, salvo en el caso del Tribunal Constitucional (TC). En verano pasado, el TC tumbó el artículo que prohibía el autoconsumo compartido —placas solares en una comunidad de vecinos que quieran compartirlas—, una prohibición que había recurrido la Generalitat catalana por razones de competencias. El fallo ayudó al cambio de criterio de Ciudadanos. La directiva europea, por otra parte, permite el autoconsumo compartido, aunque deja su concreción en manos de los Estados miembros.

El anterior Gobierno del PP justificaba la regulación por razones económicas: supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

[Este artículo ha sido publicado en el número 60 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La ciudadanía, las comunidades de vecinos, cooperativas, empresas e instituciones que quieran producir su propia energía para consumirla, almacenarla o vender la que les sobre vertiéndola a la red de distribución cuentan con el apoyo de la Unión Europea. Su derecho a hacerlo ha quedado blindado, lo que supone un primer paso en la revolución hacia una economía basada en energías renovables como la solar y la eólica. Y hay una importante novedad que afecta directamente a España: al ejercer este derecho, no podrá haber recargos de por medio, al menos hasta el año 2026, con independencia de la potencia que se tenga instalada. Un acuerdo entre las tres instituciones pilares de la UE —el Parlamento de la UE, que ha desempeñado un papel clave en favor de las energías renovables, la Comisión y el Consejo— colocaba a mediados de junio en el punto de mira el llamado impuesto al sol vigente en España para las instalaciones de más de 10 kW de potencia y que satisfacía a las eléctricas.

Pero no habrá que esperar el tiempo máximo que existe hasta la entrada en vigor de la nueva directiva de energías renovables (hasta 2021). El pacto europeo sobre la nueva directiva prácticamente ha coincidido en el tiempo con el cambio de Gobierno en España. El PSOE es contrario a los recargos sobre el autoconsumo eléctrico y es partidario del autoconsumo compartido. Ha coincidido, además, en el tiempo con la reedición del frente contra el impuesto al sol en el Congreso de los Diputados, que reúne a todos los grupos de la hasta hace poco oposición (todos menos el Partido Popular, Ciudadanos y Foro Asturias), que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez disponen de suficientes votos para promover un tipo de generación de energía renovable que ayuda a reducir los costes de producir energía y a disminuir también su impacto medioambiental. También Ciudadanos, que en su momento se posicionó junto al PP contra la iniciativa, ha presentado ahora la suya, favorable a la generación distribuida.