La impunidad de la banca

Los ciudadanos no se han tragado el discurso de la recuperación económica que ha dejado millones de desempleados y familias empobrecidas. Más de 2,5 millones de electores han abandonado al partido del Gobierno en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. Ha sido el rechazo más palpable al modelo económico y social del Partido Popular, que ha privilegiado los intereses de la banca a costa del sacrificio de los ahorradores y las expulsiones de decenas de miles de familias de sus viviendas. Una política que ha comportado un aumento de la desigualdad y la pobreza, como están corroborando los últimos informes oficiales nacionales e internacionales.

Un buen reflejo de esta percepción social es que las candidaturas encabezadas por Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid, comprometidas con la defensa de los más desfavorecidos, hayan cosechado un resultado tan destacado. Es sintomático que Colau haya alcanzado el primer puesto en Barcelona precisamente por su empeño en lograr que las familias más frágiles puedan seguir viviendo en sus casas. Se trata de una causa que muchos ciudadanos han aplaudido.

Los bancos, salvados con el dinero de los ciudadanos, no han correspondido con el mismo trato cuando los deudores no han podido hacer frente a sus deudas. Cada vez está más claro que el excesivo coste del saneamiento bancario en España, equivalente al 8,4% de la producción económica, el doble que la media europea, ha sido uno de los principales responsables del recorte de prestaciones económicas y sociales que tanto han deteriorado las condiciones de vida de los ciudadanos. Un estudio del Parlamento Europeo concluye: “El rescate bancario fue más costoso para los contribuyentes de lo que debiera haber sido, incluso teniendo en cuenta el motivo de la estabilidad financiera que se esgrimió para aquella acción”.

Durante el mes de mayo se ha conocido el octavo y último informe oficial sobre la estafa de las preferentes y subordinadas de tres grupos bancarios (Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa). El resultado revela que, a través del procedimiento oficial de arbitraje, el medio millón de afectados sólo ha recuperado el 32% del dinero que le habían atrapado estos tres grupos bancarios. Es un balance realmente muy injusto.

Un número considerable de afectados por estos productos tóxicos han reclamado ante los juzgados con unas 40.000 demandas, que han supuesto un verdadero colapso. Los magistrados de primera instancia dan la razón a los clientes en un porcentaje elevadísimo, que en Bankia y Catalunya Caixa alcanza el 85%. Pero en muchos casos se requieren varios años para que se celebren las vistas, y no son pocos los casos en que las entidades recurren a las audiencias y así se eternizan los litigios. El resultado es que, aunque los bancos sean condenados finalmente a devolver el dinero, han ganado igualmente la partida porque han dispuesto de muchos años para arreglar sus cuentas.

A diferencia de lo que ocurre en varios países europeos y en Estados Unidos, la pasividad del Gobierno y los reguladores españoles ha agravado la indefensión de las familias hipotecadas y de los ahorradores. Estos días estamos conociendo las cuantías de las multas impuestas a Barclays, UBS, RBS, JP Morgan, Citigroup y Bank of America por manipular el mercado de divisas, que superan los 5.200 millones de euros. La noticia llega un mes después de la sanción de 2.300 millones al Deutsche Bank por manipular los tipos interbancarios. No hay mes sin una gran sanción. En total, los grandes bancos norteamericanos y europeos han pagado entre 150.000 y 200.000 millones de euros por sus malas prácticas.

En España, las entidades financieras se encuentran protegidas por los reguladores, y las cuantías de las sanciones por sus malas prácticas son absolutamente ridículas. A pesar de la gravedad de los abusos en desahucios, que siguieron aumentando un 17% en la primera mitad del año pasado, las entidades financieras apenas han sido castigadas por la multitud de tropelías que van desde las participaciones preferentes a las cláusulas suelo o a las permutas financieras, conocidas como swaps, que han dañado a muchas empresas. En este país, la sanción más elevada es la recibida por el Banco Santander por la comercialización de Valor Santander, que no llegó a 17 millones de euros.

Un exponente de la práctica impunidad con que actúa la banca es que el año pasado sólo rectificaron en el 17% de los casos en que el Banco de España había dado la razón a los clientes que habían presentado sus quejas al regulador. Vemos como los ciudadanos deben seguir un largo recorrido de varios años por los juzgados hasta llegar al Tribunal Supremo para que se reconozca que unos intereses de demora del 21,8% son abusivos. Igualmente frustrante ha sido la solución dada a las cláusulas suelo limitando la recuperación de los intereses cobrados indebidamente al período posterior a mayo de 2013.

La acumulación del poder económico y financiero en pocas manos y la desprotección de los ciudadanos son algunas de las causas que están originando el aumento de la desigualdad y la pobreza. El último informe de la OCDE, que sitúa a España como el tercer país europeo más desigual, advierte de que este injusto reparto de la renta frenará la recuperación económica. El organismo internacional apremia al Gobierno a combatir las desigualdades con varias medidas como “mejorar la redistribución a través de un mejor diseño de sistemas fiscales y de prestaciones sociales”. El mensaje es muy claro.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Los ciudadanos no se han tragado el discurso de la recuperación económica que ha dejado millones de desempleados y familias empobrecidas. Más de 2,5 millones de electores han abandonado al partido del Gobierno en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. Ha sido el rechazo más palpable al modelo económico y social del Partido Popular, que ha privilegiado los intereses de la banca a costa del sacrificio de los ahorradores y las expulsiones de decenas de miles de familias de sus viviendas. Una política que ha comportado un aumento de la desigualdad y la pobreza, como están corroborando los últimos informes oficiales nacionales e internacionales.

Un buen reflejo de esta percepción social es que las candidaturas encabezadas por Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid, comprometidas con la defensa de los más desfavorecidos, hayan cosechado un resultado tan destacado. Es sintomático que Colau haya alcanzado el primer puesto en Barcelona precisamente por su empeño en lograr que las familias más frágiles puedan seguir viviendo en sus casas. Se trata de una causa que muchos ciudadanos han aplaudido.