5.000 es la cifra mínima estimada de personas detenidas desde 2009, cuando empezaron las operaciones militares contra el grupo armado Boko Haram en el noroeste de Nigeria. Muchas han sido brutalmente sometidas a tortura u otros malos tratos. La situación de violencia e inseguridad, ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Las fuerzas de seguridad, lejos de proteger a la población civil, está torturando a mujeres, hombres y niños en todo el país, están llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, reclusiones ilegales y detenciones arbitrarias.
500 es el número de entrevistas con supervivientes de tortura, detenidos y sus familiares realizadas durante 10 años en un total de 20 visitas de investigadores de Amnistía Internacional al país. La organización ha comprobado la frecuencia alarmante con la que se detiene a personas en extensas operaciones “de barrido”, y después se las tortura como medida de castigo, de extorsión para conseguir dinero, u obtener “confesiones” como atajo para “resolver” casos pendientes. Las cámaras de tortura en comisarías son habituales e incluso existe el puesto no oficial de encargado de tortura.
Con 24 años Abosede fue detenida. Una mujer policía la llevó a un cuarto pequeño y la ordenó que se quitara la ropa. Le roció con gas lacrimógeno la vagina para que confesara que era una atracadora. Empezó a sangrar. Un año después sigue con dolores en el útero. Moses sólo tenía 16 cuando le detuvo el ejército y le acusó de robrar tres teléfonos. Le dispararon en la mano, le golperaron y le llevaron a comisaría. Ahí siguió recibiendo golpes, le mantuvieron durante horas colgado de los pies, le arrancaron las unas de las manos y de los pies para obligarlo a firmar dos confesiones. Finalmente fue condenado a muerte por un delito que el nunca reconoció haber cometido.
12 son los métodos habituales de tortura documentados en el informe de Amnistía Internacional. Palizas con distintos tipos de objetos, violación y agresión sexual, disparos en las extremidades, extracción de uñas y dientes, asfixia, aplicación de descargas eléctricas, o negación de alimentos o agua, entre otros. Todo ello unido a que a las personas detenidas se las somete a un régimen de incomunicación, sin posibilidad de contacto con el exterior, incluidos abogados e instancias judiciales; y a que los tribunales admiten como prueba las confesiones conseguidas tras la tortura.
Por su parte, en la búsqueda de miembros de Boko Haram, el ejército de Nigeria está llevando a cabo miles de detenciones y están cometiendo las mismas violaciones de derechos humanos que el grupo armado. Mahmood, adolescente de 15 años del estado de Yobe, fue detenido por soldados junto a otro medio centenar de personas, en su mayoría varones de entre 13 y 19 años. El ejército lo mantuvo tres semanas privado de libertad, durante las cuales los soldados le golpearon reiteradamente con porras, machetes y culatas de fusil, derramaron plástico derretido sobre su espalda, le obligaron a caminar y rodar sobre botellas rotas y a presenciar ejecuciones extrajudiciales de otros detenidos. Lamentablemente, Amnistía Internacional ha podido documentar este tipo de actos. Fue liberado en abril de 2013.
Aunque Nigeria prohibe en su Constitución la tortura y otros malos tratos y ha firmado un total de 7 protocolos internacionales de derechos humanos que prohíben esta violación de derechos humanos, las autoridades siguen apartando la vista ante esta práctica y la tortura sigue sin considerarse delito. Todo ello pese a que hace ya 7 años que el Relator Especial de la ONU sobre la Cuestión de la Tortura concluyó que esta práctica se había convertido en “parte intrínseca del funcionamiento de la policía en Nigeria”.
Y aunque el Gobierno es consciente de lo que pasa, la tortura alcanza estas proporciones porque no se exige rendición de cuentas a nadie, no hay investigaciones, y cuando las hay no son públicas. Nadie responde ante la justicia por ello y las víctimas no obtienen reparación. Es hora de que el Ejecutivo de Nigeria tome medidas eficaces como tipificar la tortura como delito y no permita que la impunidad perpetúe esta práctica.
Este tipo de cifras no suman en la lucha contra grupos violentos como Boko Haram, tampoco a la hora de reducir la delincuencia. Estos números sólo restan en el respeto por los derechos humanos.
5.000 es la cifra mínima estimada de personas detenidas desde 2009, cuando empezaron las operaciones militares contra el grupo armado Boko Haram en el noroeste de Nigeria. Muchas han sido brutalmente sometidas a tortura u otros malos tratos. La situación de violencia e inseguridad, ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Las fuerzas de seguridad, lejos de proteger a la población civil, está torturando a mujeres, hombres y niños en todo el país, están llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, reclusiones ilegales y detenciones arbitrarias.
500 es el número de entrevistas con supervivientes de tortura, detenidos y sus familiares realizadas durante 10 años en un total de 20 visitas de investigadores de Amnistía Internacional al país. La organización ha comprobado la frecuencia alarmante con la que se detiene a personas en extensas operaciones “de barrido”, y después se las tortura como medida de castigo, de extorsión para conseguir dinero, u obtener “confesiones” como atajo para “resolver” casos pendientes. Las cámaras de tortura en comisarías son habituales e incluso existe el puesto no oficial de encargado de tortura.