Cuando empecé a escribir este texto pensé en titularlo: “873.000 personas tienen en riesgo su derecho humano a la salud en España” o “En las Islas Baleares se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 20.000 personas”.
Pero ¿somos realmente capaces de dimensionar estos números? ¿de qué estamos hablando cuando decimos “casi un millón de personas”? ¿Y 20.000?. Y es que las cifras suelen ser buenas aliadas para cuantificar nuestras reivindicaciones, pero a la vez pueden deshumanizar la denuncia; convertirla en algo abstracto, en algo menos indignante.
Desde mediados del año pasado, he llevado a cabo una investigación sobre el impacto que tiene la reforma sanitaria en las personas inmigrantesinvestigación, mal llamadas “sin papeles”. Concretamente, el 1 de septiembre de 2012 entró en vigor un Real Decreto-Ley según el cual las personas migrantes en situación administrativa irregular -las “sin papeles”-, y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para visitar al médico o hacerse analíticas.
El caso es que enredado en análisis de estadísticas, legislación española y estándares internacionales de derechos humanos, visité Palma de Mallorca para encontrarme con Silvia y Luis; ella, uruguaya; él, chileno; ambos viviendo en España en situación irregular desde hace años y con problemas de salud.
A diferencia de lo que sucede con el frío análisis de laberintos leguleyos –que si tal artículo dice “puede” no es lo mismo que “debe”, etc.-, su testimonio me despertó cierta rabia; rabia que ayuda, con justicia, a relativizar la importancia de algún que otro tecnicismo.
Luis fue operado de cáncer de vejiga en 2010, cuando aún en España se garantizaba la universalidad del derecho a la Salud. Ahora no tiene trabajo estable y le han retirado la tarjeta sanitaria; según la ley, no tiene derecho a asistencia sanitaria gratuita.
“Tengo que controlar el cáncer, pero no sé si cuando vaya [al hospital], me van a atender”, me explicaba. Aquellas palabras me hicieron pensar en lo dramática que resultaba esta simple afirmación: tener cáncer y no saber si te van a atender. Quizá por eso me sorprendió tanto su determinación de querer hacer algo y de confiar en que su situación puede cambiar; que tiene que cambiar.
Cuando hablé con Silvia por primera vez, me contó que ya no tenía tarjeta sanitaria, que tenía depresión pero que había suspendido el tratamiento por el coste de los medicamentos; y que tenía “EPOC”. Recuerdo que repitió esa palabra varias veces y pasó un rato hasta que tomé coraje para hacer pública mi ignorancia y preguntarle qué era “tener EPOC”.
Me explicó que es una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, un trastorno pulmonar, cuyo síntoma principal es la disminución de la capacidad respiratoria y que se caracteriza por ser progresiva y en general no reversible.
“El último informe me lo dieron hace dos años y tenía un 37% de capacidad pulmonar, pero cada vez estoy peor; muchas noches me despierto porque no puedo respirar; ahora no sé cómo estaré”.
A pesar de su estado de salud, me impresionó el entusiasmo de Silvia cuando le pregunté si quería participar en esta campaña de Amnistía Internacional para defender el derecho de acceso a la salud. “Yo no pienso parar; haré lo que pueda, mientras pueda”. “Contás conmigo para lo que sea”; esta frase me la dijo muchas veces.
Siempre que lanzamos una campaña, lo hacemos con la convicción de que ayudará a mejorar una determinada situación de derechos humanos. Creo que Silvia y Luis comparten esta convicción. Y lo que es aún más inspirador: actúan para convertirla en realidad.
Tú también puedes actuar para que todas las personasactuar
que residen en España, independientemente de su situación administrativa,
tengan acceso a su derecho a la salud.