La otra “pena de muerte” en China

No hace muchos días que supimos de la muerte de la activista y defensora de derechos humanos Cao Shunli en un hospital de Beijing, tras cinco meses de detención policial. Ésta, como otras tantas en los centros de detención chinos, no ha sido una muerte inevitable. La policía conocía sus graves dolencias y la familia hacía contínuas peticiones de que se le administrara el tratamiento necesario. Pero todo fue inútil y acabó sus días en un hospital al que se la llevó demasiado tarde.

Así termina más de una de las detenciones o de las penas arbitrariamente decididas por la policía. Cao Shunli ya había sido enviada a centros de reeducación por el trabajo durante un año en abril de 2010 y durante un año y tres meses en abril de 2011, por su activismo pacífico y su trabajo en favor de los derechos humanos. En esta última ocasión, unos agentes de policía la sacaron del aeropuerto de Pekín, cuando se disponía a asistir a un programa de formación sobre los mecanismos de derechos humanos de la ONU. No se supo nada de ella durante más de cinco semanas.

China no solo es el país que más aplica la pena capital, sino que tiene una forma de condenar a muerte que no pasa por los tribunales ni está recogida en sus normas legales: la muerte por denegación explícita de atención médica a personas que están encarceladas o bajo otras formas de custodia policial. En realidad, la negación del tratamiento médico a activistas bajo custodia, es una táctica habitual con el fin de debilitar o castigar a quienes defienden derechos humanos.

Muy recientemente el mundo supo de la negativa policial al tratamiento prescrito por los médicos a Liu Xia, tras su ataque cardíaco. La presión internacional ha sido enorme, actualmente está siendo tratada en el hospital y se le ha permitido la comunicación con algunas personas.

La poetisa Liu Xia, fue puesta en arresto domiciliario ilegal hace ya mas de tres años, cuando, a su esposo Liu Xiaobo, se le concedió el premio Nobel de la Paz. A Liu Xia se le ha cortado teléfono, el acceso a internet y no puede recibir visitas. Cada vez que puede salir de su casa - para hacer la compra y escasas visitas a su familia o a Liu Xiaobo en la cárcel - permanece bajo estricta vigilancia policial. Su situación es tan angustiosa que se empieza a temer seriamente por su salud mental. Se cree que padece una depresión severa. Liu Xia no ha sido acusada de ningún delito, su único “crimen” es estar casada con el disidente político y premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo.

Y un último ejemplo en el que si no se hace algo se producirá también un trágico final. En la cárcel sufre graves problemas de salud Abdukiram Abduveli, líder religioso defensor del derecho del pueblo uigur a practicar su religión, que lleva mas de 22 años en prisión. Su condena inicial a 12 años, ha sido ampliada, por no cooperar, en cinco ocasiones, sin que en cuatro de ellas haya habido una notificación judicial de la misma. Los periodos de incomunicación y la prohibición de las visitas de la familia han sido castigos habituales.

La familia dice que lo encuentra en un estado de salud cada vez mas deteriorado y que no recibe la atención médica necesaria. En noviembre de 2011 se notificó verbalmente a los familiares de Abdukiram Abduveli, que éste había desarrollado cáncer de hueso y articulaciones, pero les negaron el acceso a él y sólo les permitieron verle en una grabación de vídeo. Según su madre su estado físico ha llegado a tal punto que no puede ver ni oír.

Estos no son más que tres ejemplos de personas que nunca debieron ser detenidas, que han pagado o corren el riesgo de pagar con su vida su lucha por los derechos humanos en China, como una forma de tortura añadida a las otras muchas que sufren durante sus detenciones. Negar los tratamientos médicos que necesitan tan desesperadamente representa un acto de crueldad que, con cierta frecuencia, termina por provocar la muerte de estas personas.

Es necesario que el gobierno chino garantice la asistencia medica necesaria a las personas que se encuentran bajo custodia policial y depure responsabilidades sobre muertes como la de la activista Cao Shunli.

No hace muchos días que supimos de la muerte de la activista y defensora de derechos humanos Cao Shunli en un hospital de Beijing, tras cinco meses de detención policial. Ésta, como otras tantas en los centros de detención chinos, no ha sido una muerte inevitable. La policía conocía sus graves dolencias y la familia hacía contínuas peticiones de que se le administrara el tratamiento necesario. Pero todo fue inútil y acabó sus días en un hospital al que se la llevó demasiado tarde.

Así termina más de una de las detenciones o de las penas arbitrariamente decididas por la policía. Cao Shunli ya había sido enviada a centros de reeducación por el trabajo durante un año en abril de 2010 y durante un año y tres meses en abril de 2011, por su activismo pacífico y su trabajo en favor de los derechos humanos. En esta última ocasión, unos agentes de policía la sacaron del aeropuerto de Pekín, cuando se disponía a asistir a un programa de formación sobre los mecanismos de derechos humanos de la ONU. No se supo nada de ella durante más de cinco semanas.