El sueldo de los funcionarios absorberá la mitad del aumento de gasto social del primer Presupuesto andaluz de PP y Cs

El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos ha lanzado este martes las “líneas maestras” de su primer presupuesto autonómico, que prevé aprobar en Consejo de Gobierno cuatro días después de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo. Se suponía que serían unas cuentas “no bonitas, pero realistas”, según lo adelantado hace semanas por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, pero en plena campaña electoral el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha redefinido los números con un optimismo inesperado. El primer presupuesto de un Gobierno de centro derechas en Andalucía será el más “expansivo” de todo el histórico autonómico, con un crecimiento previsto del 4,9% hasta alcanzar la cifra récord de los 36.455 millones de euros.

Las cuentas andaluzas de 2019 aumentarán casi tres décimas por encima del crecimiento previsto de la economía regional (2,3% del PIB), según Analistas Económicos. Es un incremento de 1.700 millones de euros respecto a 2018, de los que 1.000 millones representan gasto no financiero: 770 millones más para sanidad; 220 millones más para educación y 47 millones más para dependencia, que alcanzará los 88 millones. Estas cifras permiten al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, hablar del “presupuesto más social de la historia de Andalucía”.

En realidad, la mitad de ese aumento en el gasto no financiero -alrededor de 500 millones de euros- irá destinado a abonar la subida salarial del 2,25% para los más de 270.000 empleados públicos de la Junta (que vienen cobrando ya desde enero), según el acuerdo suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos de la función pública en marzo de 2018 (y posteriormente ejecutado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez). El incremento en el capítulo de personal en el Presupuesto andaluz será del 5,4% (la subida media salarial para los funcionarios asciende a 600 euros al año). Esta fórmula de computar la nómina de médicos y profesores como gasto social no es nueva, también lo hacía el PSOE andaluz cuando presentaba sus presupuestos “con ocho de cada diez euros para gasto social”.

Menos impuestos, ¿más ingresos?

Los números “expansivos” del nuevo Gobierno andaluz para 2019 -que se aprobarían casi con el ejercicio en curso finiquitado- se sustentan en tres patas: una mejora notable de los fondos europeos (6,6%), un aumento del 5,4% de las entregas a cuenta del Gobierno central y una previsión de incremento de ingresos del 10% a través de los tributos propios, que representan el 9% del total de ingresos no financieros de la Junta. Este último dato sorprende, sobre todo, porque las cuentas incluirán la tan anunciada rebaja fiscal global de PP y Cs, que causará una merma considerable de ingresos en las arcas públicas: la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del primer tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros... La bajada del impuesto de sucesiones (-20,9% menos de ingresos) se compensará, según Hacienda, con una brusca subida de ingresos por el impuesto de transmisiones patrimoniales, gracias a la mayor compra-venta de vivienda en Andalucía.

La Junta perjura que esta caída en los ingresos no repercutirá negativamente en la calidad de los servicios fundamentales, como la sanidad y la educación, sino que será amortiguada por el crecimiento natural de la economía andaluza: las cifras “récord” de turistas, las exportaciones, la compra-venta de viviendas que estimulará el impuesto patrimonial… “No vamos a subir impuestos, vamos a recaudar más porque hay más actividad económica”, asegura Bravo.

Además, PP y Ciudadanos se han comprometido a reducir el gasto en todo aquello que consideran superfluo de la anterior Administración socialistas, “partidas infladas” o eliminando “subvenciones ”que no han funcionado, que nadie solicita ni recibe...“. Bravo ha puesto el ejemplo del alquiler o venta de edificios públicos que están en desuso y también se ha referido a ayudas ”que no sirven“, pero sin entrar en detalle. De hecho, el consejero de Hacienda no ha querido entrar en la letra pequeña del Presupuesto -cuyo borrador aún no es público- ”para que no nos acusen de hacer electoralismo en campaña“.

Ni Memoria ni igualdad 

Con este argumento, la prensa se ha quedado sin saber -a pesar de las reiteradas preguntas- si el Presupuesto andaluz de 2019 contempla partidas para la lucha contra la violencia de género o para la Memoria Histórica, dos de las políticas vetadas por Vox, socio de Gobierno necesario para la aprobación de estas cuentas. La formación de extrema derecha, con 12 diputados, ha anunciado que no apoyará un Presupuesto que dedique un euro a la Memoria Histórica o a la igualdad de género, pero PP y Cs confían en que los de Santiago Abascal se fijen en las macrocifras -con aumento del gasto en educación, sanidad y dependencia- y no pongan en riesgo las cuentas y la estabilidad del nuevo Gobierno planteando líneas rojas insalvables. El titular de Hacienda, que es quien negociará las cuentas con Vox y el resto de partidos del Parlamento, ha destacado “la buena relación y el intercambio fluido de impresiones” con la formación de Santiago Abascal en Andalucía.

La ley de Presupuestos Autonómicos es la ley que permite a un Gobierno traducir en partidas de gasto sus políticas, es la ley que, por fin, descubre a las claras cuáles son las prioridades de esta nueva Administración. Hasta ahora, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, con poco más de 100 días de vida, ha dedicado más tiempo a fiscalizar lo que dejó en los cajones el anterior Gobierno socialista y ha anunciar propuestas, programas y medidas que aún no han cristalizado del todo. El presupuesto de 2019 es el punto de inflexión, la primera prueba de fuego.

El avance de las cuentas andaluzas que ha hecho la Junta no contiene una previsión de creación de puestos de trabajo, como era habitual. El consejero de Hacienda se aferra al informe de la Airef sobre la buena marcha de la economía regional, a los buenos datos de la Encuesta de Población Activa sobre afiliados a la Seguridad Social, y que el 70% de los nuevos autónomos están en Andalucía. Pero Bravo no se aventura a dar una cifra estimada, por ejemplo, como los 600.000 empleos que se crearían en esta legislatura, según lo prometido por el PP en campaña.