Hace diez días lo avanzaba y ahora Abengoa reconoce que se está llevando a cabo “ajustes continuados”, como parte de su plan de reestructuración planteado a raíz de la presentación del preconcurso de acreedores, que implican, entre otros, “la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos”, tras lo que ha asegurado que está operando “con normalidad” todos los activos, y que “sólo en algún caso puntual se está analizando la viabilidad del mismo”.
Abengoa ha reconocido que se está llevando a cabo “ajustes continuados”, como parte de su plan de reestructuración planteado a raíz de la presentación del preconcurso de acreedores, que implican, entre otros, “la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos”, tras lo que ha asegurado que está operando “con normalidad” todos los activos, y que “sólo en algún caso puntual se está analizando la viabilidad del mismo”.
Fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que la compañía, “como parte de su plan de reestructuración, está llevando a cabo ajustes continuados” que “implican, entre otros, la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos”.
Han apuntado que todo ello se produce “con el fin de adaptar la operativa a los objetivos de eficiencia y cumplir con los objetivos de competitividad necesarios en la coyuntura actual”.
En ese sentido, las fuentes han asegurado que la compañía “se esforzará para llevar a cabo estas ambiciosas medidas, que continuarán aplicándose hasta llegar al equilibrio óptimo para la sostenibilidad del negocio”.
Asimismo, Abengoa ha asegurado que “cumple rigurosamente con la legislación”, de manera que, en relación con los empleados de la compañía que hayan sido destinados a Estados Unidos u otras geografías, la compañía “mantiene sus compromisos contractuales, ofreciendo todas las garantías para su traslado y retorno a su país de origen”.
Con respecto a los proyectos, Abengoa ha asegurado que “está operando con normalidad todos los activos, como las plantas termosolares Solana (Arizona) y Mojave Solar (California), propiedad de Abengoa Yield, así como sus activos de bioenergía o sus proyectos de ingeniería y construcción”.
Ha matizado que “sólo en algún caso puntual se está analizando la viabilidad del mismo, con el objetivo de garantizar su actividad”. En este sentido, las fuentes han explicado que “se estudiarán todas las posibilidades, entre las que también se encuentran eventuales paradas de algún proyecto con vistas a retomar su funcionamiento una vez se garantice su continuidad de forma estable”.
UGT un proyecto para salvar la situación
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, espera de Abengoa palabras de “tranquilidad a la plantilla” y “un proyecto con el que se pueda salvar la situación con los acreedores y el proyecto tecnológico, empresarial y el empleo” en la reunión que mantendrán este martes en Madrid la compañía y los representantes sindicales.
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de clausurar en Sevilla, junto a la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, el acto de presentación del libro 'Balance de Legislatura 2011-2015. Cuatro años de regresión social y económica'.
Méndez ha señalado que se trata de una empresa que forma parte de la 'marca España' e incluso fue “altamente valorada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama”, por lo que ha insistido en que “el Gobierno central no debe mantenerse en posición de pasividad”.
“La responsable es la empresa, pero las repercusiones de las decisiones de la empresa pueden afectar negativamente a nuestro país, a nuestra política de reindustrialización y a las energías renovables”, ha subrayado Méndez, quien ha apuntado que “contar con una empresa líder en energías renovables tras el acuerdo de la Cumbre de París es importante”.
Así, ha destacado que “el gobierno no puede mantenerse pasivo ante la presión de los acreedores”. “Debe ser beligerante a favor del interés general, que pasa por el empleo y preservar el patrimonio tecnológico”, ha explicado, ya que “si por satisfacer los intereses de los bancos, la empresa se desprende de una parte del patrimonio tecnológico, se haría una operación de país desafortunada”.
Así, ha insistido en que esta situación es “un reto a cuatro: acreedores, empresas, trabajadores y administración pública”. Esta última, a su juicio, no puede ser “mero espectador” y menos cuando la compañía ha sido “fuertemente subvencionada”.