Cuatro meses después, han vuelto al lugar de los hechos. Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la localidad sevillana de Coria del Río han llevado este miércoles su movilización al mismo sitio donde fueron identificados durante una acción protesta que les ha llevado incluso a declarar ante un juzgado como imputados. Con una acción simultánea en varias ciudades españolas, la coordinadora andaluza de PAH y grupos de Stop Desahucios han querido apoyar la denominada #acamPAHdaCoria, donde 163 días después siguen pernoctando varias personas frente a la sucursal del Banco Santander de Coria por tres casos “enquistados” de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), sociedad formada por la entidad y BNP Paribas al 50%.
Este miércoles, como aquel día, también han sido identificados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Mientras, un numeroso grupo de afectados trataba de que en la sucursal les sellaran una carta, que han presentado conjuntamente en otras sucursales de España, exigiendo “soluciones” para “tres casos sangrantes”, según explica a eldiario.es/andalucía una de las portavoces de PAH de Coria, Claudia Frau. Manuela y la propia Claudia piden la dación en pago con extinción total de la deuda de sus viviendas. Para Mercedes exigen una quita del 50% para que le reste un importe máximo de 50.000 euros y pueda mantener su vivienda, explica la portavoz.
Según ha informado la PAH, la UCI es una entidad de crédito hipotecario filial del Santander que se ha convertido en “una auténtica ruina para los numerosos clientes que suscribieron hipotecas con ella, creyendo que era un préstamo con garantía hipotecaria lo que en realidad era un producto con condición de crédito”. “UCI ha vendido productos financieros tóxicos que muchas veces se han colocado a personas que no cumplirían los requisitos técnicos adecuados para contraer un préstamo”, denuncian.
La PAH señala que a estos afectados se les han concedido préstamos casi sin solicitarles información de su vida laboral ni documentación, requisitos por los cuales en otras entidades les habían denegado préstamos. “El resultado de este tipo de prácticas financieras fraudulentas es el encadenamiento de la persona hipotecada de por vida”, indicando que “detrás de estas concesiones de préstamos a gente que no puede pagarlos se esconde la venta y titularización mediante bonos de estas hipotecas a otros inversores”.
“El mecanismo que aplica UCI no se puede considerar un préstamo hipotecario al uso”, lamentan. Claudia Frau comenta que siguen tratando de dar visibilizando a estos casos. La semana pasada, el Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río declaró “entidad non grata” en el municipio a la UCI por unanimidad de todos los grupos políticos (PA, PSOE, Coria Puede, PP e IU), recuerda la portavoz.