El acogimiento se congela en Andalucía: ni baja el número de menores en centros de protección ni aumentan las familias

En Andalucía, 2.419 niños y adolescentes tutelados por la Junta están con una familia acogedora (978 atendidos por familias ajenas -sin relación de parentesco- y 1.441 por familias extensas -con relación de parentesco con su familia de origen-), de acuerdo a una información facilitada a elDiario.es Andalucía por el Portal de Transparencia. Actualmente hay otros 2.306 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial en centros de protección de Andalucía a la espera de la oportunidad de vivir en un hogar como el que proponen esas familias de acogida.

A tenor de las cifras, que detallan la evolución de esos datos entre 2013 y 2023 a instancias de este periódico, el número de familias acogedoras no aumenta (había 3.333 en 2013 y se ha estancado en los últimos años en torno a las 2.500) mientras que el número de menores en centros de protección no logra reducirse (de hecho, había menos en 2013: 2.114). Esto es, hacen falta más familias de acogida para hacerse cargo de esos 2.306 menores en centros de protección, de acuerdo al llamamiento de la propia Consejería de Inclusión Social, que antes del verano destacaba el dato de que más de 300 familias andaluzas se habían acercado al acogimiento de menores a raíz de la campaña 'Acoger, adoptar, colaborar da mucho', que se replicó en septiembre.

La cuestión es que la tramitación y el proceso de acogimiento no siempre satisface a las familias que dan el paso. “Hay muchas familias que quieren y pueden acoger, pero falta personal para certificar su idoneidad y que puedan darle un nuevo hogar a un menor que lo necesita”, resumen desde una asociación de familias de acogida y colaboradoras de Sevilla. Aunque el cariño y la atención individualizada que recibirían con sus nuevas familias son fundamentales, la tramitación administrativa no siempre acompaña y la “falta de recursos personales” provoca que los expedientes “se acumulen”, denuncian las asociaciones, con el respaldo de la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras, compuesta por nueva asociaciones que representan a las ocho provincias.

Consciente de ello, la Junta acaba de anunciar la licitación de nuevos conciertos sociales, con una inversión de 3,7 millones de euros, financiados con fondos Next Generation, para reforzar dos servicios y que suponen 102 nuevos profesionales a través de 51 equipos para atender y apoyar a estas familias en todo el proceso. En los Servicios de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores (SAAF) se subcontratan entidades que los gestionan y hacen las valoraciones para la idoneidad de las familias (Aproni y Márgenes y Vínculos, por ejemplo, en el caso de Sevilla). Son empresas ganadoras de licitaciones públicas millonarias y que “no alcanzan a atender, formar, dar el seguimiento adecuado a familias y, sobre todo, intervenciones a los menores”, denuncian algunas asociaciones y familias concretas.

“Menos centros, más familias”

La Junta, que trabaja ya en una nueva 'Estrategia en materia de cuidados y protección de los niños, niñas y adolescentes tutelados en Andalucía 2024-2030', formulada hace un mes, es consciente de que los datos sobre acogimiento residencial en los últimos años “siguen arrojando cifras excesivamente altas de niños, niñas y adolescentes acogidos en centros de menores y especialmente de niños y niñas de corta edad”. Por eso, la estrategia apuesta por “el incremento del acogimiento familiar en sus distintas formas”. “Menos centros, más familias”, apuntillan fuentes de la Consejería de Inclusión Social.

Las asociaciones, con el visto bueno de la federación andaluza, que forma parte de la asociación estatal ASEAF, han ido trasladando a la Junta esa “falta de seguimiento y de acompañamiento real y efectivo del acogimiento y del menor” por parte del Servicios de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores, si bien la Consejería niega la mayor y apunta a este periódico que “no hay registrada en los últimos meses ninguna queja formal en los servicios centrales de Infancia” a ese respecto. “El diálogo con las entidades está abierto permanentemente”, añaden desde la Consejería, aludiendo a una reunión el pasado 12 de julio con la federación andaluza de familias para abordar ciertos aspectos en los que se está trabajando desde la Consejería.

“Son algunos de los problemas enquistados de estos niños olvidados”, relata una de esas asociaciones en comunicaciones a la propia Junta, desde donde se alerta de que “muchas familias se quedan en el camino por desesperación”. Piden, sobre todo, que se refuerce la coordinación entre instituciones como Salud, Educación e Infancia, desde donde parecen estar atendiendo las reivindicaciones de las familias asociadas, al menos en cuanto a refuerzo de personal. En todo caso, las asociaciones reclaman “personal formado y sensible”, así como “puntos de encuentro y jornadas conjunta entre profesionales y familias”, puesto que la Junta tiene la tutela “pero los menores viven en familia todos los días del año”, apuntalan las fuentes.

“Los protocolos funcionan en las etapas iniciales hasta el acoplamiento pero después de muchas familias no se sienten acompañadas”, apuntan las asociaciones, que critican la “falta de respuesta sistemática a los escritos presentados por familias”. “Los plazos y la resolución de expedientes se eternizan, especialmente para familias de urgencia y temporales”, lamentan, teniendo conocimiento de la “falta de personal en equipos” de las delegaciones territoriales, según qué caso, provocando que “las familias tienen muchas dificultades para comunicarse con los equipos responsables del menor”. Las fuentes añaden que cuando se cuenta con las familias de acogida y las asociaciones el sistema puede mejorar, confiando en que los movimientos de los últimos tiempos den frutos.

A la Fiscalía de Menores en Córdoba

Esa “falta” de recursos en este ámbito se denunció públicamente en Córdoba, aunque en lo relativo al propio Servicio de Protección de Menores de la Junta. Sus trabajadores llegaron a denunciar la situación ante la Fiscalía de Menores, como informaron los compañeros de Cordópolis, porque no había quien valorara a las familias para acoger y adoptar para continuar los expedientes de los niños. Las empresas externas, que dicen que solucionarán conflictos, contratan con pagas indignas media jornada a los psicólogos, que están en gran precariedad, denunciaron. Las mismas fuentes añaden en cambio que, en el caso específico de Córdoba, y también en otras provincias, se acaba de implantar un refuerzo tanto para expedientes de seguimiento de acogimiento como de adopción abierta, así como de valoración y formación de nuevas familias, con tres equipos más al ahora existente, lo que agilizará trámites y gestiones, si bien este nuevo apoyo tiene la vigencia de un año.

También apuntan las fuentes “falta de comunicación real y efectiva y falta de coordinación entre las administraciones competentes que afectan a la vida del niño o la niña”, por lo que piden “una apuesta real por el acogimiento familiar por parte de las administraciones competentes y por la desinstitucionalización de los niños y niñas, como también se recoge en la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía”, que ha cumplido dos años y que “apenas ha desarrollado” los numerosos artículos dedicados al acogimiento familiar, del 99 al 107.

Las fuentes también llaman la atención de “las desigualdades de tipo económico” existentes entre aquellos que viven en centros tutelados de menores y los que comparten sus vidas en el seno de familias de acogida. El artículo 107 de la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia en Andalucía dice que “todas las personas menores con una medida de protección de acogimiento familiar tienen el derecho público subjetivo a las prestaciones para atender sus necesidades de alimentación, cuidado y educación”. De acuerdo a las fuentes, eso “es una bonita declaración impresa sin su correspondiente materialización práctica”. En lo que respecta a las familias, “lo normal es que vayan acumulando meses de retrasos en el abono de la percepción que tienen reconocida los menores que tienen en régimen de acogida”. Una situación “si cabe más sangrante en aquellos casos de menores con necesidades especiales”.

La llamada de atención desde las asociaciones también aluden a “retrasos en pagos de las asignaciones económicas”, “denegación de becas” “incumplimiento” de los servicios de apoyo y atención por parte de las entidades que gestionan los servicios de acogimiento. Según habían alertado desde alguna asociación a la Junta, “las familias de acogida llevan gritando, la mayor parte del tiempo, sí que es cierto, al vacío, para que las condiciones de estos menores mejoren, independientemente del color que se siente en el gobierno de nuestra comunidad autónoma, porque lo cierto y verdad es que ninguno de nuestros dirigentes han puesto sus ansias y aspiraciones en pro de estos niños. Y eso lo afirmamos por el continuismo manifiesto de las políticas, que se saben que no funcionan, porque estos niños olvidados, no olvidemos, constituirán el que va a ser el futuro”.