Adelante Andalucía pide a la Cámara de Cuentas que investigue las contrataciones exprés del Gobierno de PP y Cs

Adelante Andalucía ha pedido a la Cámara de Cuentas que investigue las convocatorias y contrataciones exprés para todo tipo de personal que la Junta de Andalucía ha realizado en las últimas semanas. El grupo parlamentario considera que el procedimiento de la administración hace imposible fiscalizar estos contratos, que se cuentan por cientos, y pide a la cámara que recabe información e investigue si se está haciendo un mal uso de los fondos públicos.

En las últimas semanas, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas ha lanzado varias convocatorias para cubrir diversos puestos en la Junta de Andalucía, con la característica común de que todas ellas se abren y cierran en 24 horas, ignoran el mérito y la capacidad, seleccionan supuestamente por orden de presentación y excluyen a determinados colectivos. Para algunos expertos, esto es inconstitucional.

Todas las convocatorias justifican el proceso exprés por la “emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19”, aunque las plazas ofertadas no guardan relación directa con tareas de emergencia. En plena pandemia, la Junta de Andalucía aprobó una norma que le permite contratar interinos que atiendan “una situación de extrema urgencia”, siempre que se hayan agotado la bolsa única y las bolsas de las distintas especialidades. Estos procedimientos, pensados para reclutar personal de urgencia para hospitales, residencias y centros de menores públicos, se está usando ahora para cubrir otro tipo de vacantes.

“Nos parece inmoral que se esté aprovechando el estado de emergencia de la Covid 19 para meter por la puerta de atrás a personal técnico y funcionarios interinos”, ha protestado Ismael Sánchez, portavoz de Adelante en la Comisión de Presidencia: “Se está contratando a personas no para combatir la pandemia y estar en primera línea, sino para realizar labores de informática, pesca, veterinaria, administradores generales o técnicos en cultura. No nos parece que sea decente”. Sánchez ha avanzado que registrarán una pregunta parlamentaria a Elías Bendodo, consejero de Presidencia.

“Posible malversación de fondos públicos”

Este procedimiento también tiene la particularidad de que los nombramientos y las contrataciones no están sujetos a la fiscalización previa de la Intervención General. “Nos preocupa una posible malversación de los fondos públicos. Es un procedimiento imposible de fiscalizar”, ha señalado Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario. Además, Nieto ha extendido su sospecha al criterio de selección. “Es extraño que sea el orden de llegada de un correo electrónico el que permita a una persona optar a un puesto de trabajo de funcionario interino”.

A la portavoz de Adelante Andalucía le parece “inexplicable” que las convocatorias realicen un cribado de candidatos en función de la edad, el sexo o sus condiciones de salud, tal y como informó eldiario.es/Andalucía. En concreto, las convocatorias excluyen a quienes están en los siguientes grupos: “Diabetes; enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión); enfermedad hepática crónica; enfermedad pulmonar crónica; enfermedad renal crónica; enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas; inmunodeficiencia (incluyendo VIH); cáncer”. “A estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres que estén embarazadas o en período de lactancia y los mayores de 60 años”, señala la norma.

La Junta de Andalucía está realizando las exclusiones remitiéndose a una norma cuya finalidad era muy distinta. La Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 13 de marzo de 2020, que establece los grupos de riesgo ante la Covid-19, tenía como finalidad facilitar el teletrabajo a los trabajadores públicos que estuviesen en alguno de esos grupos.

Según Jesús Cruz Villalón, catedrático de derecho del trabajo de la Universidad de Sevilla, estas restricciones son inconstitucionales porque discriminan por razón de edad, género y discapacidad.

Procesos exprés para cientos de plazas

La Junta de Andalucía ha ofrecido de esta forma 122 plazas de administradores, especialidad administradores generales (distribuidas en todas las consejerías); 159 plazas de interino para el Cuerpo Superior Facultativo y el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio (arquitectos, ingenieros agrícolas, técnicos de pesca, veterinarios); dos de interinos archiveros; diez plazas de interino para conservadores de patrimonio y 254 de interinos de técnico de prevención de riesgos laborales. Elías Bendodo llegó a anticipar mil contrataciones temporales para “agilizar la carga administrativa de proyectos vinculados a la recuperación económica y la creación de empleo”.

La primera vez que usó esta fórmula fue para contratar a primeros de junio a 3.000 auxiliares de control de playas, si bien en aquella primera ocasión sí anunció públicamente el proceso. Desde que se cerró la convocatoria, los sindicatos recibieron múltiples quejas. Carolina Ortiz, secretaria general de la federación de Servicio a la Ciudadanía de CCOO de Málaga, explicó a este medio que recibió quejas de familiares que presentaron la solicitud a la misma hora, unos con respuesta y otros sin ella. Por eso, los sindicatos han pedido información sobre los registros de presentación de las solicitudes.

Tal y como ha venido contando este medio, estos procedimientos han generado situaciones de indefensión para los candidatos y algunos contratados, cuyo contrato ha sido resuelto después de varias semanas trabajando, sin haber sido oídos ni haber dispuesto de plazo de subsanación.

“La trazabilidad de estos procedimientos no está garantizada, la emergencia que pudo dar lugar a su implantación no justifica su opacidad y su reiterada utilización profundiza en las dudas más que razonables que se están extendiendo sobre su idoneidad desde el origen”, señala el escrito presentado por Adelante Andalucía ante el registro de la Cámara de Cuentas.