La semana pasada, y con apenas un día de diferencia, la Junta de Andalucía dio dos pasos con los que confía en resolver el malestar que desde hace meses acumulan, por las mismas causas y motivos opuestos, cientos de opositores y cientos de interinos. El lunes remitió una carta al Ministerio de Hacienda, suscrita también por los sindicatos CCOO, CSIF e ISA, en la que plantea la posibilidad de ampliar las plazas para estabilizar interinos. Menos de 24 horas después, se enviaron al BOJA, al fin, los nombramientos de los nuevos funcionarios del cuerpo C2.1000 (auxiliares administrativos) que tomarán posesión de su plaza a partir del próximo 3 de mayo, completando así la ronda iniciada el pasado viernes.
La sincronía no es casual. Desde hace meses la función pública andaluza vive un supuesto conflicto entre interinos y los llamados “opositores fantasma”. Fue el propio Nieto quien, ante el Parlamento Andaluz, explicitó que los destinos de ambos grupos están unidos: “Si esas personas [los opositores fantasma] se incorporan de inmediato, de inmediato salen también los interinos que ocupaban esas plazas”.
Ambos grupos se consideran víctimas. Los interinos, porque la Junta de Andalucía ha hecho durante años lo que no se permite a ningún empleador privado: encadenar contratos temporales para cubrir la misma plaza, un fraude de ley, y ahora los va a poner en la calle. Los “opositores fantasma”, porque ganaron su plaza mediante unos exámenes convocados en 2019 y finalizados a mediados de 2021, tras los cuales han sufrido un rosario de retrasos de los que nunca han recibido explicaciones. Algunos creen que se debe la presión ejercida por los interinos para retrasar su cese.
Un conflicto cocinado a fuego lento
La Junta de Andalucía, árbitro del presunto conflicto, es también su creador. Durante los años de gobierno socialista la administración andaluza calentó a fuego lento una gran olla a presión de interinos, ignorando (igual que otras administraciones) el aviso de que tanta contratación temporal concatenada era ilegal.
Nada más llegar, el Gobierno del PP y Ciudadanos prometió tabla rasa, y también azuzó el fuego. “Ya no habrá que tener carné del PSOE para trabajar en la Junta”, anunció Elías Bendodo en el Parlamento Andaluz, haciendo recaer la responsabilidad del abuso sobre los abusados y cargándolos con el peso del estigma sin aportar pruebas: “Enchufados”. También anunció un proceso para sacar a concurso-oposición todas esas plazas.
Cuatro años después, José Antonio Nieto (sustituto de Bendodo en la competencia de Función Pública) se comprometió en la misma sede parlamentaria a rebuscar cualquier alternativa para que mil de esos interinos, la mayoría mujeres y con más de cincuenta años, no se queden en la calle tras décadas de servicio público ininterrumpido. “Yo sé que no han entrado por el morro”, dijo.
Entre tanto, los “opositores fantasma” llevan meses clamando con el apoyo del sindicato SAF, y denunciando que los retrasos injustificados en sus procesos obedecen a una estrategia de la Junta de Andalucía para apaciguar a los interinos al borde del cese, mientras rastrea algún resquicio legal que avale su continuidad.
Este martes, la Junta de Andalucía anunció un nuevo retraso para la toma de posesión uno de los cuerpos de opositores “fantasma”, el A1.100 (administradores generales), prevista para el 3 de mayo. “Deviene de imposible ejecución a la luz de las vacantes ofertadas y los requisitos para la ejecución de las mismas”. Después de tres años, en los días previos la Junta había requerido documentación a los candidatos. Supuestamente, el retraso se debe a un error con los requisitos de algunas de las vacantes ofertadas. Una piedra más en un camino plagado de obstáculos.
Interinos con oposiciones aprobadas, funcionarios a la espera de su plaza
Valle Pérez tiene 57 años, 33 de los cuales ha trabajado para la Junta de Andalucía. Como otros interinos, su trayectoria en la administración empieza en 1987 con un contrato laboral a través del Andalucía Joven. Aquel programa del INEM, aprobado por el gobierno de José Rodríguez de la Borbolla, pretendía fomentar el empleo juvenil en Andalucía en un contexto complejo: el paro era del 31,3% y el desempleo juvenil del 54,7%, según el INE. Desde entonces, Valle Pérez ha aprobado seis oposiciones, siempre sin plaza. “He aprobado todas las que ha habido, menos la de estabilización, que fue criminal”. Desde 2013 ha ocupado ininterrumpidamente una plaza en la Consejería de Turismo.
El reverso es Mercedes C., una funcionaria a la espera: tiene 47 años, vive en Málaga y hace cinco meses que busca trabajo, pero no encuentra. “He dedicado seis años a estudiar encerrada en casa: ¿qué empresa me va a querer?”. Además, si lograra empleo sería para poco tiempo. O en eso confía. Terminó los exámenes al cuerpo de auxiliares administrativos en julio de 2021. Desde el 15 de julio de 2021 sabe que está aprobada, y espera una plaza: “No tengo dinero, pero sí una plaza de funcionaria”, concluye con desesperación.
La historia de Mercedes y de Valle Pérez se entrelaza a partir de 2019, cuando la Junta de Andalucía convoca los exámenes de la oferta de empleo público 2017-2019. Aunque se trata de una convocatoria de estabilización, el proceso está abierto a cualquiera y se realiza por concurso-oposición. Los exámenes (que superaron ampliamente los plazos entre prueba y prueba) terminaron a mediados de 2021 para la mayoría de los cuerpos, y la administración aún tardó más de un año en publicar los listados de aprobados.
Tanta demora ha provocado que los “opositores fantasma” vayan a tomar posesión de su plaza a la vez que los de la OPE 20-21, que hicieron sus exámenes casi dos años después. “Han tardado cinco meses en hacer lo que para nuestra oposición llevó dos años y un mes”, critica Mercedes. Como ella, sus compañeros de oposición ataron cabos: la administración está demorando sus nombramientos para no enfrentarse al cese de los interinos. “Es un colectivo con el apoyo de todos los sindicatos menos SAF y todos los partidos políticos. Si corren, está gente se va a la calle. Es una patata caliente que se arrastra de años de incompetencia”, comenta.
Advertencias desde hace veinte años
La generación de este tapón no viene de ayer. En 2013 la Junta de Andalucía ya tuvo que improvisar la continuidad de miles de interinos por Decreto-Ley. En 2019, un grupo de interinos andaluces promovió una Iniciativa Legislativa Popular que reclamaba una oferta pública de empleo mediante un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos, con el fin de que unos 30.000 estabilizaran su plaza. Inicialmente obtuvo el respaldo de la cámara para su toma en consideración, pero el proceso acabó truncándose en la Mesa del Parlamento, tras el rechazo de PP, Ciudadanos y Vox.
Es conocido el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas españolas y, en particular, de las autonómicas, donde los interinos han llegado a superar el 30% de la plantilla. Un informe de 16 académicos y altos cargos elaborado en 2005 para asesorar en la elaboración del Estatuto del Empleado Público, alertaba en términos graves de la alta tasa de temporalidad o precariedad en el empleo público y del carácter “ficticio o artificial” de la mayoría de las interinidades.
Los expertos lo tenían claro: las causas estaban en la administración: retraso de convocatorias, falta de agilidad en los procesos, límites presupuestarios... “Sin duda”, esas administraciones debían hacer algo, decían los expertos, que llegaban a proponer una responsabilidad disciplinaria, patrimonial o, en su caso, penal, del titular del órgano de contratación que prorrogase irregularmente interinidades. Esas propuestas no se recogieron finalmente en la norma.
En 2021, quince años después, llegó la llamada de atención definitiva de Europa. Tras una sentencia del Tribunal Europeo, la Comisión afeó a España que su administración haga con descaro lo que ninguna empresa puede hacer: abusar del empleado encadenando decenas de contratos temporales. Y le instó a corregirlo. En diciembre de 2021, el Gobierno recogió el guante: aprobó un marco excepcional y de duración limitada para estabilizar a interinos de larga duración de todas las administraciones, convocando concursos de méritos para cubrir las plazas que hayan ocupado ininterrumpidamente durante años.
Pero para los interinos de la Junta de Andalucía, la norma llegó tarde, porque sus plazas ya habían salido a estabilización mediante concurso-oposición. Para ellos, los exámenes fueron una escabechina. Sólo lograron el 4% de las plazas a estabilizar. Y mientras ven cómo los interinos de larga duración obtienen su plaza en el SAS, Educación (que van aparte), universidades, municipios o diputaciones, 1049 interinos de la Junta de Andalucía ven acercarse el cese al borde de la jubilación. “Es verdad que heredaron el problema, pero el instrumento para solucionarlo lo ha tenido el Gobierno del PP. Y solo la Junta de Andalucía lo ha hecho mal”, lamenta Valle Pérez.
“Su derecho no quita el mío”
“Andalucía es la única comunidad autónoma que no ha solucionado el problema de estas personas”, apunta Rocío Luna, secretaria de Acción Sindical de Iniciativa Sindical Andaluza. “Caben todos. Falta personal en la Junta de Andalucía, y hay plazas desdotadas o por cubrir. No hablamos de que el derecho de uno lesione el de otro”.
Pero en los últimos meses, el ambiente se ha caldeado en foros y redes sociales, con acusaciones a los interinos de “boicotear” el acceso de los opositores. También hay un choque entre sindicatos: de un lado, CSIF, UGT, CCOO e ISA, que alertan del “drama humano” de los interinos que tendrían que incorporarse al mercado laboral al filo de la jubilación. Y de otro, SAF, el único que ha apoyado a los “opositores fantasmas”, que hace bandera del lema “A la administración por oposición” y advierte de que recurrirá las alternativas.
“No entiendo tanta inquina. Es muy doloroso”, lamenta Valle Pérez: “No estamos en contra de los opositores. Han aprobado y tienen que coger sus plazas. Pero su derecho no quita el mío. La finalidad de la norma es consolidar la persona que está en abuso. Si no, ¿yo pago las consecuencias del abuso del infractor?”, dice la interina. “Nos culpan a nosotros, y somos igual de víctimas”.
“Nos enfrentamos los colectivos, y el que es responsable mira para otro lado”, admite Mercedes, la opositora a la espera de plaza, quien sin embargo cree que el “ruido” de la salida de los interinos está perjudicando a los opositores. “Que los indemnicen o busquen una solución, pero que no nos bloqueen. Yo no quiero enfrentarme, solo quiero lo que me he ganado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”, concluye la opositora: “Tengo una plaza, dicen que desde el 30 de septiembre, y estoy en mi casa sin cobrar nada, sin derechos, perdiendo antigüedad, mermando mi carrera profesional. Que le den la solución que quieran, pero yo quiero trabajar ya, que me lo he ganado”.