De momento, se trata de construir sobre el papel: la Junta de Andalucía redactará un Plan para el Impulso de la Construcción Sostenible 2015-2020, que Susana Díaz se ha comprometido a que esté para octubre. Será uno de los ejes de trabajo de la Mesa por la Construcción Sostenible constituida este viernes y que se estrena con la aprobación -prometida para marzo- del decreto que regulará la inversión de 200 millones de euros entre 2014 y 2015 -que sí tienen cabida en los presupuestos- destinados a la adaptación de edificios a la legislación en materia de eficiencia energética anunciada la pasada semana por la presidenta.
Este decreto definirá cómo se desembolsará esta partida y quiénes podrán ser beneficiarios, es decir, si será para todas las viviendas o sólo las protegidas, si los particulares podrán solicitar fondos y en función de qué criterios, si se prevén para intervenciones generales o para acciones en barrios concretos... Entonces también podría conocerse qué número de puestos de trabajo calcula la Junta de Andalucía que se pueden crear con este plan porque, de momento, la presidenta sólo ha hablado de que “creará empleo”, incidiendo en un colectivo que le preocupa especialmente dentro afectado por el paro en la construcción: “los mayores de 45 años”. También ha dicho que se va a incidir en “medidas innovadoras en viviendas protegidas” y en “actuaciones integrales en barrios”, pero sin concretar cómo y en qué sentido.
Junto a estas dos patas, y a las reformas en la legislación que ya están en marcha, la presidenta pretende apoyar su apuesta por el sector en una obra pública concreta que considera prioritaria -la Autovía del Almazora- y la rehabilitación del parque turístico de Andalucía “para hacerlo más competititivo”. Igualmente, dentro de la adaptación a legislación de la UE en materia de eficiencia energética, además de lo previsto en vivienda, ha avanzado que la propia Junta de Andalucía “va a adaptar todos sus edificios”, según ha dicho, pero no ha especificado si ahí entra esa inversión de 200 millones de euros o es aparte.
De momento, este jueves ha echado a rodar el compromiso, con la constitución de la mesa en la que por primera vez se ha sentado con sus nuevos interlocutores en UGT-A, Carmen Castilla, y la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, tras la marcha de sus predecesores en medio de diferentes escándalos. No son los únicos, porque la misma está compuesta por una veintenta de integrantes. Lógicamente no siempre se reunirán todos, sino que dependerá de las materias. De hecho, se prepara otro decreto para regular su funcionamiento.
Se trata de una mesa de participación tanto pública como privada, de manera que junto a las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Medioambiente y Ordenación del Territorio; Fomento y Vivienda; e Igualdad, Salud y Políticas Sociales, tienen cabida los sindicatos CCOO-A y UGT-A; la CEA; la Asociación de Universidad Públicas Andaluzas (AUPA); la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); la federación de la construcción Fadeco; el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (Ctaer); la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial; la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean); los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales; las cooperativas de construcción de Faecta; y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).