Peligro: agua potable en tuberías con amianto. Cuando el problema, camuflado, sale del grifo... El uso y fabricación de materiales de fibrocemento está prohibido por ley. En la Unión Europea (UE) y en España, desde 2001. Pero bajo el suelo permanecen, al menos, 40.000 kilómetros de tubos confeccionados con la mezcla de cemento y asbesto que tanto éxito cosechó en el franquismo.
Al hilo del “riesgo para la salud” que entrañan estas instalaciones, IU ha presentado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) para elaborar un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de fibrocemento. Exigen eliminarlas en cinco años. El Servicio Nacional de Salud estima en un 83 por ciento el repunte de enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación y gestión de este producto y, según IU, los informes estiman que en España quedan unos 150.000 kilómetros de tuberías con amianto en redes de abastecimiento y 95.000 en alcantarillado, con el 60 por ciento bajo gestión de las administraciones públicas.
Como paradigma, el asunto es una inquietud diaria en Isla Mayor (Sevilla), alega el alcalde, Juan Molero (PSOE). “El principal problema”, sostiene, de un pueblo azotado en los últimos tiempos por la crisis del cangrejo rojo, las amenazas reincidentes al cultivo de arroz y hasta la detención de medio cuartel de la Guardia Civil por presunta colaboración con el narcotráfico. Misma zozobra que serpentea por pueblos y ciudades que suman gotas en el océano del amianto que continúa instalado en España.
Una clave: “no existe evidencia conclusiva de que el amianto ingerido sea cancerígeno”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como sí ocurre en el caso de la inhalación de fibras del mineral: la contaminación con polvo de asbesto es causante de una mortandad calificada por expertos como genocidio industrial. Unos 125 millones de trabajadores, en el mundo, siguen expuestos.
“Aquí nadie bebe agua del grifo”
Una cifra: 40.000 kilómetros de tuberías de fibrocemento. Es el remanente español en datos –en 2012– de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS). La revolución del amianto en la segunda mitad del siglo XX sembró el país con unos 150.000 kilómetros. Aquellos populares elementos de construcción están hoy prohibidos. Queda un puñado por retirar.
Y una respuesta: el principio de precaución aconseja sustituir “de manera urgente” estas conducciones, señalan los estudios consultados por eldiario.es/andalucia. No hay evidencias que relacionen beber agua de tuberías fabricadas con asbesto, pero mejor prevenir, vienen a decir. La ley marca una excepción en instalaciones con “vida útil”, considerada en 40 años de media. Casi toda la red nacional supera esa edad.
El caso particular de Isla Mayor refleja así una realidad oculta bajo tierra. Una suerte de sinécdoque poco poética que designa la parte local como ejemplo del todo. El abastecimiento de agua llega al pueblo marismeño por una red de 30 kilómetros para surtir a más de 6.000 habitantes. Pocos isleños, sin embargo, beben de un grifo que escupe una inquietud diaria. “No nos fiamos”, dicen unos vecinos.
Las añejas instalaciones dejan un gesto básico atado por costumbre a una parada en tiendas y supermercados para cargar litros de agua mineral. Nadie prohibió nunca consumir el líquido de la red de abastecimiento que solo muestra en análisis “un alto nivel de cloruro”. Y algo “de mal sabor”, apunta el alcalde.
“Aquí nadie bebe agua del grifo… la mosca está detrás de la oreja, claro”, certifica el temor un isleño. La calidad del agua ha recibido “expedientes y alguna sanción” por parte de la Junta de Andalucía, según fuentes municipales, aunque la Consejería de Salud no ha respondido, por ahora, a las preguntas de este medio al respecto.
Roturas en las tuberías: un problema oculto
Desde el Ayuntamiento de Isla Mayor deslizan un desasosiego añadido: “la cantidad de roturas que tiene la red” causa “alarma”. Desde la toma de agua en pozos subterráneos “todo es fibrocemento” y el cálculo alcanza “un 30% de pérdida de agua en el trasporte”. Cuestiona el primer edil: “¿Quién certifica que con esas roturas no pasa nada? Es muy difícil”, dice.
Y plantean, además, un doble obstáculo. Sustituir los 30 kilómetros de tuberías, dicen, tiene un coste cercano a los “3 millones de euros”. Una cantidad inasumible en solitario por el pueblo. Otra circunstancia que atasca el asunto es la privatización del servicio de abastecimiento –contrato en vigor hasta el año 2026 y un coste de resolución de 300.000 euros– en favor de Urbaser y su filial Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Depuración de Isla Mayor (Socamex).
“El agua es captada, tratada y transportada en Alta mediante una conducción subterránea de fibrocemento hasta los Depósitos Principales”, describe la página web oficial. De las captaciones en pozos –en la finca privada Casa Nieves, a unos 12 kilómetros del núcleo principal de población– hasta varias estructuras de almacenamiento situadas en Isla Mayor y la pedanía de Alfonso XIII.
De la revolución 'uralita' al riesgo sanitario
Aquella revolución del amianto que vestía miles de tejados españoles con la conocida uralita desde los años 60, estalló asociada a enfermedades graves. Caso del cáncer de pulmón o mesotelioma y el aumento en el riesgo de contraer tumores de garganta, riñón, esófago o de vesícula biliar. Un rastro mortal certificado en casos por inhalación de asbesto que tardan años en dar la cara.
El uso masivo en la construcción inundó el país de redes de abastecimiento, saneamiento y riego. Pese a la prohibición, la legislación española salva a materiales no friables (que no se descomponen fácilmente en fibras) “ya instalados” hasta “el fin de su vida útil”. Como las tuberías de fibrocemento, cuya reparación entraña serios riesgos sanitarios y exige medidas extremas de seguridad laboral. O los residuos abandonados de forma indiscriminada que esconden la exposición ambiental al mineral cancerígeno.
¿Y beber de tuberías de fibrocemento? Diversos estudios confirman que el consumo de agua contaminada con amianto es habitual. En Canadá, Holanda, EEUU… y en España. La teórica no friabilidad se ve alterada por varios factores que liberan fibras de amianto como la erosión continuada a lo largo de decenas de años de servicio o la degradación del cemento. La clave es determinar si la cantidad que sale de los grifos constituye un riesgo y ahí, dicen los expertos, debe prevalecer el principio de precaución.
“Ninguna exposición al amianto es segura, por ello debe de ser retirado lo antes posible”, señala el presidente de la Federación Española de Asociaciones y Colectivos de Víctimas del Amianto, Juan Carlos Paúl. La “tragedia” sanitaria acabará cuando las administraciones “tomen conciencia” del caso como “un problema de salud pública”, dice en una tribuna abierta titulada Amianto, sustancia inmoral.
Fibrocemento: material artificial compuesto de cemento y fibras de amianto o asbesto (entre un 10 y 25% de la mezcla). El popular elemento, conocido también como uralita o internit, está prohibido por la relación entre la inhalación de polvo o microfibras y graves dolencias causadas por esta contaminación. Caso de mesotelioma, un tipo concreto de cáncer de pleura, y asbestosis, enfermedad rara que causa fibrosis pulmonar, entre otras.
Componente muy usado en la construcción por su bajo coste y fácil manipulado, tuvo su pico más alto de popularidad en los años 70 del siglo pasado pero a partir de ahí aparecen los primeros casos de afección por partículas cancerígenas. En 1984 España desatiende las recomendaciones sanitarias y no prohíbe el amianto hasta el año 2001. Ahí arranca la cronología, dos años después que la UE (aunque anticipaba el límite máximo que expiraba en 2005). En el 91, el Banco Mundial aprueba no financiar la fabricación de estos productos y una década más tarde el Convenio de Róterdam cierra las puertas al asbesto en cien países firmantes.
¿Qué dicta la ley?
A nivel estatal, la Orden que modifica el Real Decreto de 1989 dice sobre el amianto: “se prohíbe la comercialización y la utilización de esta fibra y de los productos que contengan esta fibra añadida intencionadamente”. El texto pasa la mano con materiales “ya instalados o en servicio” hasta “su eliminación o el fin de su vida útil”. La Ley de Aguas española subraya el ciclo hidrológico como recurso “subordinado al interés general” con derecho universal a la información, con énfasis en materia de “vertidos y calidad”.
La legislación andaluza, por su parte, regula las competencias autonómicas y locales con un fin: “garantizar las necesidades básicas del uso del agua a la población” compatibilizando el objetivo con un “uso sostenible”. Y aunque la UE fija una Europa sin amianto para el 2028, la Carta Europea del Agua articula desde 1968 la correcta gestión del líquido elemento como “bien común” que no es “inagotable”. “No hay vida sin agua”, sintetiza el marco redactado en Estrasburgo.
El Libro Blanco del Agua criticaba, en 1998: “es evidente que la Administración hidráulica no ha sido capaz de reconvertirse en sus estructuras, objeticos y capacidades, al ritmo que exigía la nueva legislación de aguas y, ambas, a las demandas sociales”. Sobre los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano versa el Real Decreto 140/2003. Detalla, por ejemplo, los controles analíticos necesarios: organoléptico, microbiológico y de eficacia del tratamiento.