La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas el próximo día 7 de febrero, es decir, tres años después de su imputación en la causa, según han informado fuentes del caso.
Según las fuentes consultadas, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha fijado un nuevo calendario de declaraciones en el que cita también a declarar, el 25 de febrero, a los peritos que han elaborado el informe de la Intervención General del Estado a fin de que ratifiquen dicho informe.
Hay que recordar que, el 2 de abril de 2013, el abogado de Rivas elevó un escrito al Juzgado quejándose de que, tras ser imputado el 20 de enero de 2011, su cliente llevaba --en esa fecha-- 804 días imputado sin que se le hubiera tomado declaración. A juicio del letrado de Rivas, Jon Ander Sánchez, ello “no es admisible en un Estado que se autodenomina de Derecho”.
Vitalia
Por otr parte, la jueza Alaya considera que el exdirectivo de Vitalia Jesús María Bordallo tuvo una intervención “decisiva” en la inclusión de numerosos 'intrusos' en los expedientes de Dhul, Matadero de Fuente Obejuna, Aglomerados Morell, Surcolor y Samec, entre ellos amigos, conocidos y familiares del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
Bordallo, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, ha comparecido este martes por segunda vez ante la juez Mercedes Alaya después de la declaración prestada en marzo de 2013 a raíz de su imputación en el marco de la primera fase de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil.
La magistrada considera que la “participación” de Bordallo en cada uno de los expedientes citados “obedecía a la influencia que ejercían” tanto él como Vitalia sobre el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, “llegando a manifestar el hoy inculpado que tenía poder para que todas sus decisiones se llevaran a efecto por la Junta de Andalucía”.
La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado nuevas medidas cautelares para el encausado, ya que considera “suficientes” las ya impuestas por la instructora, entre ellas una fianza de responsabilidad civil de 15,2 millones de euros, según el acta de su comparecencia, consultada por Europa Press.