De ampliar la imputación a finales de julio a dar carpetazo al caso. Mercedes Alaya ha archivado definitivamente la causa judicial abierta contra seis empresarios por supuestas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Entre los imputados se encontraban, ya en pasado, dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pero los delitos han prescrito. Alaya carga además contra la Fiscalía por un “error de cómputo”, la misma Fiscalía a la que la propia jueza, en otra macrocausa que instruye, la de los ERE, pide que se pronuncie sobre los plazos para ver “si procede encomendar la investigación” a la Guardia Civil en algunos aspectos.
Alaya había dictado un auto el 31 de julio en el que atribuía a los empresarios, además de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, los presuntos delitos de prevaricación y fraude y exacciones ilegales. Hace unos 20 días emitía una providencia en la que daba por prescritos dos de ellos y ahora archiva definitivamente esta rama del caso Mercasevilla porque no se le puede aplicar un tercero. En este caso estaban imputados Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa.
De este forma, en un auto dictado el pasado martes, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, la magistrada declara extinguida la responsabilidad penal de seis empresarios, a los que tomó declaración el pasado mes de junio en los juzgados de Sevilla y que negaron la existencia de un concierto para que el concurso para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla fuera finalmente concedido a Sanma. Un informe de la Guardia Civil veía ilógica la puja de los hermanos Báñez en Mercasevilla, pero el caso queda archivado contra los empresarios por la prescripción de los delitos, puesto que el contrato se firmó en febrero de 2006.
Un “error de cómputo” de la Fiscalía
La jueza recuerda en esta nueva resolución que fue la Fiscalía de Sevilla la que había solicitado en abril de 2013 que acudieran los citados empresarios como imputados por tener “la presunta aviesa intención, junto a ésta y a Sanma, de fijar artificialmente un precio favorable a esta última a fin de que se adjudicara el referido concurso”. La misma Fiscalía es la que ahora pedía que se declarara extinguida la responsabilidad de los empresarios puesto que “no sería predicable el tipo de la prevaricación por extraneus”, aludiendo la jueza a un “error de cómputo” por parte de la Fiscalía pues “los ilícitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones”, justificándole “por su asistencia a varias macrocausas”.
Alaya critica que dicho “error” por parte del Ministerio Público ha provocado “cierto retraso en la tramitación” de las actuaciones y ha originado “un esfuerzo inútil”, pues “hubo que tomarles declaración” al considerar que “el fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma. Además, ”ha provocado un incidente que no es de agrado en una instrucción de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente“, a lo que hay que sumar, asimismo, ”las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática“.
Los empresarios imputados eran en concreto Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa; Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness; José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa; Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar (absorbida por Noriega en junio de 2007) y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
No hay referencia al archivo de la causa respecto a José Romero González pero sí se refiere a Fernando Mellet, exdirector general del mercado. La jueza rechaza en este sentido su petición de archivo “habida cuenta la presunta existencia del delito de prevaricación, entre otros, al tener Mellet condición de funcionario público a efectos penales, pues Mercasevilla es una entidad municipalizada, argumentos que se expusieron en extenso en el procedimiento del jurado del que derivó la presente causa”. Mellet fue condenado por cohecho en una de las ramas de este caso.
En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio RodrigoTorrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.