Alaya imputa a la exconsejera Magdalena Álvarez en los ERE

La jueza Alaya ha imputado este martes en el caso de los ERE a una veintena de altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la que fuera durante diez años consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Alvarez (1994-2004); su viceconsejero y también consejero por unos meses en 2004, José Salgueiro (1990-2004); Antonio Lozano, exdirector general de Presupuestos (2002-2009) y actual viceconsejero de Presidencia e Igualdad; así como altos responsables de las consejerías de Economía, Empleo e Innovación entre los años 2000 y 2012.

Alaya había empezado la instrucción, como indicaba en alguno de sus escritos, por el primer escalón de la pirámide y ahora que las piezas van encajando, como también ha dicho alguna vez, está avanzando en la investigación. Y avanza hasta imputar a altos cargos, antiguos y actuales, que podrían estar implicados durante la época en la que se desarrolló la presunta en la trama fraudulenta. Siete directores de la agencia IFA (después IDEA), secretarios generales, directores generales de Presupuestos, interventores y los citados altos cargos integran un listado en el que la jueza da una nueva vuelta de tuerca al caso de los ERE mirando al pasado y al presente de las altas esferas de la Administración regional.

Al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que estuvo en prisión preventiva durante casi cuatro meses entre abril y agosto de 2012, se le unen de una tacada como imputados otros tres consejeros del Gobierno andaluz (Magdalena Álvarez, José Salgueiro y Jesús Rodríguez Román), si bien los dos últimos fueron consejeros 'de paso' (entre febrero y abril de 2004) y fueron nombrados temporalmente al ser sus 'jefas' integradas en las listas del PSOE al Congreso cuando ellos eran viceconsejeros.

Tras las elecciones generales y autonómicas, a Rodríguez Román le sustitutuyó en Justicia y Administración la granadina María José López y por Salgueiro, que fue nombrado presidente de Renfe, entró el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó hasta que en 2009 fuera nombrado máximo dirigente de Andalucía. Rodríguez Román fue en 2005 nombrado viceconsejero de Innovación, puesto que ocupó hasta 2010.

La Consejeria de Empleo, donde en 2001 se creó el procedimiento para otorgar las ayudas sociolaborales a la prejubilación y las ayudas a empresas dentro de la partida 31L, siempre ha estado en el centro de la instrucción. Al exdirector general de Trabajo entre 999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, en prisión (y libertad) por partida doble, y a sus sucesores (Juan Márquez y Daniel Rivera, imputados), se le ha unido Justo Mañas, viceconsejero de Empleo entre 2010 y 2012. Su predecesor en el cargo, Agustín Barberá (2004-2010) también está imputado, así como el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, investigado en este caso además de en el de Mercasevilla. Este martes también han conocido su imputación los que fueran secretarios generales técnicos de la Consejería Javier Aguado Hinojal (2004-2008) y Lourdes Medina (2008-2012).

De Innovación (hoy integrada con Economía y Empleo en la estructura de la Junta) también han sido imputados el citado Rodríguez Román y su predecesor, Gonzalo Suárez. Destaca también la imputación de los directores de Presupuestos, sobre todo Antonio Lozano (2002-2009), conocida 'mano derecha' de Griñán en Economía durante cinco años y a quien se llevó de viceconsejero de Presidencia al ser nombrado presidente en 2009, cargo que mantiene en la actualidad. Casualmente, es el viceconsejero de Susana Díaz, quien este viernes dará el paso hacia unas primarias en el PSOE-A con el objetivo de presidir la Junta tras las próximas autonómicas.

El auto

La jueza ha notificado a las partes personadas un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, en el que señala claramente que “ha llegado el momento de dar un paso cualitatativo en la instrucción” de los ERE y “determinar la participación en los hechos investigados de otras personas las cuales, en la ejecución de sus respectivas comptetencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencia de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando”.

Alaya parte de que las transferencias de funaciación eran las aportaciones dinerarias entre la Junta y otras administraciones o entes públicos, una figura “absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales”, algo que se hizo “al margen de su normativa reguladora, en la que se refiere la fiscalización previa por parte de la Intervención”.

La jueza acuerda la práctica de las declaraciones de los imputados “para este mes de julio y meses sucesivos, en función de la agenda de esta instructora”, comenzando por la declaración de Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta entre el 21 de mayo de 2000 y el 15 de abril de 2010, para el 25 de julio a las 10.30 horas. Los motivos de su imputación, según el auto conocido este martes, “por el indiciario conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales y de los desfases presupuestarios que ello estaba generando”.

Entre los ya encarcelados por la jueza en el marco del caso de los ERE destaca el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008), Francisco Javier Guerrero, que ha sido el único que ha salido y entrado dos veces de prisión, en ambas ocasiones delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil. El último en ir a prisión fue, el pasado 18 de junio, el dueño de la mediadora Uniter. Once personas han pasado ya por la cárcel por su presunta implicación en los ERE, cinco de los cuales siguen entre rejas.

El juzgado que dirige Alaya, en la línea de investigación trabajada hasta la fecha, expidió diversos mandamientos semanas atrás dirigidos a diferentes entidades financieras para que faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los productos bancarios (cuentas, préstamos, cobros…), fecha de apertura, titularidad y autorizados, así como el listado de movimientos relacionadas con las cuentas de los imputados o las empresas investigadas en el período comprendido desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2012.

AUTO 2013-07-02 by eldiarioAnd