Según ha explicado esta mañana la Cadena Ser en sus informativos nacionales y regionales, citando “fuentes de la investigación”, la juez Alaya “decide no remitir el caso (ERE) al Supremo, a medio plazo”.
No hacerlo, añade la cadena radiofónica, “le impedirá dar ningún paso hacia los dirigentes políticos a los que viene señalando en sus resoluciones, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán”.
En definitiva, la juez habría decidido mantener la investigación del caso y no inhibirse para poder imputar a personas aforadas como Griñán y otros altos cargos que ocupan escaños parlamentarios como el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera o la actual consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo.
Un hecho que, añade la SER, “podría traducirse, según algunos abogados, en nulidades. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, no comparte esta postura porque no ha solicitado esa inhibición y entiende que hay que investigar hasta el final para buscar todas las pruebas de los supuestos delitos y sólo entonces cabe remitir el asunto al Supremo, para que allí se investigue sólo lo que afecte a cada uno de estos aforados”.