Mercedes Alaya pregunta a Teodoro Montes si el PSOE se “financiaba” a través de la Faffe

La jueza Mercedes Alaya ha preguntado este lunes a Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció “graves” irregularidades en la concesión de cursos, si la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía” de la administración. En su sexta jornada de declaración como testigo -continúa este martes- la magistrada también le ha preguntado a este funcionario “si le consta la existencia de alguna otra fundación afín al PSOE” que funcionara de manera parecida.

Sobre la primera pregunta, el testigo ha dicho que no puede contestar directamente porque le asaltan “numerosas dudas que no tienen respuesta”, como por ejemplo por qué la fundación estaba integrada por personas que han desempeñado determinados cargos en el PSOE y sus familiares directos o dónde han ido a parar los “abundantes” fondos que percibía. Ha destacado que se trataba de una fundación que “acogía” a antiguos cargos del PSOE, concejales, alcaldes o familiares directos de estos que, actualmente, trabajan en la administración. Por eso, ha considerado “interesante” analizar las nóminas que todos ellos cobraban y han cobrado estando integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Y ha asegurado que, en la actualidad, cobran hasta tres y cuatro veces más que él.

Sobre la segunda, es decir si le consta la existencia de alguna otra fundación vinculada con el PSOE, ha respondido afirmativamente, precisando que la lista sería “larga”. Ha dicho que no sólo ha habido fundaciones sino también entidades como la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim) o Emartv, que “nace de la nada” y que desarrolla la radiofonía y la televisión local en distintos municipios a la vez que participa de los cursos.

Tras destacar que estas dos entidades han tenido una “larga” asignación de cursos a lo largo de los años, ha opinado que, a través de la formación, se “domina” a la sociedad, por ejemplo, en los medios de comunicación, el sector de la mujer y de los discapacitados y sus familias, la tercera edad y “no digamos” la Faffe, que “constituyó una administración paralela y es un medio para aleccionar y adoctrinar”.

En esta línea, el testigo ha recordado que, estando trabajando en inmigración, se produjo la primera huelga general al gobierno de José María Aznar, y ha aseverado que los autobuses de los sindicatos fletados en Andalucía para acudir a Madrid “se pagaron con dinero de los proyectos” para inmigrantes, en los que una parte era para formación. Tal y como, según ha dicho, consta en las justificaciones pertinentes de los propios sindicatos.

Durante el interrogatorio, la instructora ha preguntado al testigo con qué fondos se financiaba la Faffe y el mismo ha respondido que, en mayo de 2011, le fue adjudicada una subvención para acción formativa por 16 millones de euros cuando la fundación ya se había extinguido -esto ocurrió el 5 de mayo de 2011- condenando tras ello el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) A al SAE, agencia que se subrogó, a devolver la cantidad. La jueza ha planteado, al hilo, si no es una situación “absurda” y “poco creíble” que la administración se devuelva a sí misma 16 millones de euros, respondiendo el testigo que “sí”. Y que también ve absurdo que se haya adjudicado una subvención para una acción formativa a una entidad que ya no existía.

En la jornada de este lunes también ha intervenido el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, único imputado en la causa junto al también exconsejero Ángel Ojeda, quien ha cuestionado a Teodoro Montes sobre el número de veces que ha interpuesto denuncias por las irregularidades vinculadas a la formación. El funcionario ha respondido que ha interpuesto dos, una por el asunto del mobbing y otra contra su jefe de servicio, Daniel Fito, por la “requisa” de los expedientes vinculados a la Faffe. Esta última que fue archivada. Ha asegurado que interpuso las denuncias por razón de su condición de funcionario y su responsabilidad, pero no por animadversión o venganza.