Alaya acusa a la Junta de actuar más como defensa que como acusación en los ERE
Nuevo recado de la jueza de los ERE a la Junta de Andalucía. A través de un auto, Mercedes Alaya acusa a la Administración autonómica de tener una “posición más propia de una defensa que de una acusación particular” al tener conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra el auto que ordenaba la imputación de una veintena de cargos y excargos públicos de la Junta. Dicho recurso lo debe resolver aún la Audiencia Provincial, pero la jueza sale al paso fijando nuevas declaraciones y manteniendo la que la Junta impugnaba en su recurso, la del exinterventor general Manuel Gómez Martínez, prevista y confirmada para este jueves.
En un auto fechado este lunes, Alaya llama a declarar a varios nuevos imputados, entre ellos a Antonio Lozano, director general de Presupuestos 2002-2009 y actual viceconsejero de Presidencia e Igualdad (17 de septiembre); Buenaventura Aguilera, director general de Presupuestos 2009-2012 (19 septiembre); Justo Mañas, viceconsejero de Empleo 2010-2012 (30 septiembre); Ramón Díaz, exdiputado socialista (9 octubre) y Antonio Diz-Lois Ruiz, exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo (10 septiembre).
Si la Junta hubiera interpuesto un recurso de reforma en el propio juzgado “posibilitaría una explicación razonada”, según expone Alaya en su auto, si bien el hecho de acudir directamente a la Audiencia “llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía” ya que se trata de una medida “que puede afectar el curso normal del procedimiento, por implicar un retraso significativo en la instrucción”.
Las transferencias de financiación, en los anexos al Presupuesto
Dice la jueza que en la actual fase de la causa “no está previsto un auto a modo de juicio de imputación como pretende la Junta” pues “es en la primera comparecencia de cada imputado, como así viene sucediendo a lo largo del procedimiento, cuando se expresa por el órgano instructor un relato pormenorizado de hechos punibles y una calificación penal provisoria”. Según argumenta, el auto impugnado por la Junta es “una llamada al procedimiento de una serie de personas a las que debe tomárseles declaración, y ésta por obvia garantía jurídica no puede ser en otra calidad que en la de imputado”, desmontando la tesis de la Junta de que en aquel auto no se explicitaban los reproches penales concretos, como dijeron altos dirigentes de la Junta y del PSOE-A en su momento, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Alaya va más allá y entra a valorar la posición de la Junta en su recurso. En este punto indica que “por más que la Junta de Andalucía y algunas defensas consideren que las sucesivas Leyes de Presupuestos han obligado al uso de la transferencia de financiación al IFA para el pago de las subvenciones laborales ordenadas por la Consejería de Empleo, dicho argumento carece de veracidad”. La jueza entra a valorar en este auto que las Leyes de Presupuesto desde 2002 a 2009 han contemplado créditos para librar por parte de Empleo transferencias de financiación al IFA “en ningún caso las citadas leyes han expresado que tales fondos o transferencias” tuvieran que destinarse a la concesión de subvenciones sociolaborales.
Para la jueza, “es obvio que la Ley de Presupuestos no debe contravenir el resto del ordenamiento jurídico”, pero la referencia al otorgamiento de tales subvenciones como destino sólo se contiene en las memorias e informes anexos al Presupuesto, “que no forma parte integrante del contenido” de la citada Ley de Presupuestos, “ni de su articulado, ni de sus estados de gastos”, no siendo en ningún caso aprobados por el Parlamento. Alaya subraya este contenido de su auto.
Por tanto Alaya, “valorando a juicio de esta instructora las posibilidades de éxito o fracaso de ambos argumentos”, mantiene la declaración de Manuel Gómez Martínez para este jueves y efectúa los citados nuevos señalamientos para los meses de septiembre y octubre. Conta este nuevo auto cabe recurso de reforma en el término de tres días.
