El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), ha aseverado este jueves que el Ayuntamiento de este municipio almeriense hará “todo lo posible” para que se quede “legalizada” la situación del residencial Balcón de Golf cuya demolición ha ordenado en firme el Tribunal Supremo (TS). A este respecto, Amat ha defendido la licencia para estos 129 apartamentos se otorgó en 2003 “sin ningún informe desfavorable” por parte de la Junta de Andalucía.
“Vamos a hacer todo lo que se pueda para no perjudicar a nadie porque los propietarios compraron de buena fe; posiblemente, algunos estén hasta pagando todavía y no los podemos machacar”, ha expresado el regidor popular en un pleno ordinario donde se ha dado cuenta del fallo firme del Supremo, y en el que los grupos municipales en la oposición han exigido “explicaciones” y también la dimisión del propio alcalde.
Amat por su parte ha afirmado antes de empezar el debate que el Ayuntamiento “defenderá a rajatabla” los intereses de las personas perjudicadas, a quienes la sentencia reconoce el derecho “a ser indemnizadas” con cargo a los presupuestos municipales de Roquetas y ha destacado que van a “luchar”.
“¿Cuántas sentencias se han hecho y no son ejecutables? Lo que no vamos a permitir es buscarle la ruina a mucha gente a la que le ha costado trabajo comprar esas viviendas”, ha continuado el primer edil para añadir que ya ha mantenido una reunión con la comunidad de vecinos de Balcón del Golf en la que ha aprovechado para transmitir la postura del equipo de Gobierno.
Por otra parte, Amat ha criticado la actuación de la Junta en el procedimiento, toda vez que impugnó en 2006 la licencia de primera ocupación “cuando la obra ya estaba hecha y algunas viviendas vendidas” y ha asegurado que los permisos municipales se concedieron “correctamente” y con “todos los informes favorables”. “Si se hubiera dado una licencia con un informe desfavorable, sería responsabilidad del equipo de Gobierno, pero no es así”, ha concluido.
En el marco del debate plenario, que la oposición ha focalizado en las consecuencias de la sentencia no solo para los propietarios de los 129 apartamentos, en un 80% como primera residencia, sino también para las arcas municipales a tenor del fallo, el primer teniente de Alcalde y portavoz, Juan José Rodríguez, ha enmarcado el contencioso-administrativo que ha tenido dos fases en 2006 y en 2015, en un “contexto” de “persecución notable y notoria” sobre “el alcalde de Roquetas de Mar y entonces presidente provincial del PP y su familia”.
“Estamos hablando de una época durante la que, en el momento de mayor fortaleza del PSOE en Andalucía, en el que Gabriel Amat era el único en todas las provincias andaluzas capaz de ganarles en las urnas, había un funcionario en la Junta dedicado exclusivamente a analizar todos y cada unos de los expedientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, pidiendo ampliación de información casi semanalmente”, ha dicho Rodríguez.
A continuación, el portavoz del Ayuntamiento ha señalado que el propio consistorio actuó en la tramitación urbanística de Balcón del Golf de forma “absolutamente pulcra y transparente, respetando a pies juntillas los informes técnicos preceptivos” y ha instado a la oposición a “buscar culpables” en la administración autonómica, que, según ha apuntado, “aprobó en 2003 los 129 apartamentos turísticos”.
Asimismo, Rodríguez ha precisado –en la misma línea expresada por el alcalde– que el Ayuntamiento “trabaja conjuntamente con la Junta de Andalucía” para encontrar “una solución” ya que “hay muchas vías jurídicas” para “respetar a rajatabla” la sentencia del Tribunal Supremo y para “intentar que sea lo menos lesivo para los propietarios”.
Por su parte, desde la oposición el PSOE ha calificado el residencial con piscina sobre el que sobrevuela el derribo como “un pelotazo urbanístico” y una “auténtica barbaridad” y ha destacado que, de acuerdo al baremo indemnizatorio que se establece en el fallo, la ejecución costará al Ayuntamiento de roqueras de Mar “unos 17 millones de euros, más del 15% del presupuesto normal anual”.
“Esto es muy grave, muy grave, porque el Ayuntamiento está obligado a hacer un informe sobre el valor de los 129 apartamentos, sótano, garaje, piscina y demás construidos, que nunca será inferior al mayor de los valores catastrales, más un 30% y deberá hacer constar el importe como garantía mediante la correspondiente modificación presupuestaria como garantía”, ha indicado el concejal socialista Rafael Jesús Torres.
Del mismo modo, Torres ha entrado en la “responsabilidad política” y ha pedido a Amat que entone “el mea culpa y deje de mirar para otro lado”. “Alguien debe dimitir y queremos que se nos muestre quién es el responsable porque alguien tiene que responder de este disparate que va a causar un perjuicio tan grande”, ha subrayado desde la bancada socialista.
ha recalcado que los afectados por la resolución judicial “no pueden ser los perjudicados” de una “nefasta gestión” y ha ofrecido “colaboración” del grupo municipal para hallar una salida “desde el acatamiento a las resoluciones judiciales”.
Por su parte, la concejal de Vox, Soledad Pérez, ha señalado que el Ayuntamiento debe dar una “respuesta” a los damnificados “sobre los que no debe recaer el hecho de que se diera una licencia irregular” y se ha preguntado por las “medidas” que está adoptando al respecto el equipo de Gobierno tras serle notificada la sentencia de 20 de noviembre.
Ha planteado, asimismo, cómo se va a consignar la partida presupuestaria destinada a las posibles indemnizaciones y si se va a “habilitar un canal para facilitar” su reclamación, al tiempo que ha apuntado si está entre las opciones “alcanzar acuerdos” con propietarios o si, por el contrario, “se les va a dejar a su suerte”.
También ha intervenido en el plenario el portavoz de Almería Avanza, José Andrés Montoya, quien ha considerado que, al margen de otros debates, “lo que está claro es que van a ser los roqueteros los que tengan que pagar” y ha afirmado que, si el Gobierno municipal sostiene que “no es culpa suya”, debe “denunciar a la Junta de Andalucía”.
“A nosotros nos importa ahora mismo lo que va a costar la demolición y la situación en la que van a quedar los afectados, y vamos a estar a favor de cualquier medida para esas personas que compraron esa vivienda y se quedan sin su casa durante tanto tiempo”, ha manifestado al tiempo que ha deseado que “ojalá no se eche abajo” el residencial.
Por último, la portavoz de IU-Podemos, Belén Pérez, ha expresado la “preocupación” de su grupo por el “impacto” en los vecinos de Roquetas de Mar, “sobre cuyas espaldas y bolsillos va a recaer la decisión política y la mala gestión de Gabriel Amat” y ha remarcado que IU lleva “denunciando desde 2006” la actuación irregular “recibiendo el silencio, como es la tónica habitual”.
“No se puede jugar a ser Dios cuando lo que está en riesgo es el dinero de nuestros vecinos. La ejecución de esta sentencia significa que tendrán que hacer frente con su dinero y eso no es justo”, ha señalado Pérez, quien ha exigido “coherencia” y que “respondan” con “su propio patrimonio todos los concejales que votaron a favor” de la licencia municipal que ahora ha sido declarada nula. “No se puede jugar con el dinero de los roqueteros e irse de rositas”, ha concluido.
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