La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación frente a la providencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción 4 de la ciudad, Beatriz Fernández, que decidió citarla a declarar como imputada el próximo 10 de septiembre por los presuntos delitos de estafa, prevaricación, falsedad y usurpación. Todo ello tras la querella interpuesta por el inversor libanés Reda Alaywan, tal y como desveló eldiario.es/Andalucía el pasado 23 de mayo.
Según el citado recurso, al que ha tenido acceso este medio, la regidora, así como el resto de querellados (Mario Ruiz, director de Patrimonio del consistorio marbellí, y Enrique Sánchez, jefe de la asesoría jurídica municipal) pretenden que la magistrada formule las imputaciones mediante un auto judicial, en lugar de la providencia.
“Entendemos que la resolución dictada es nula, pues debió tener forma de Auto, con base a los artículos 141,312 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, señala la procuradora Nanda Berjano Alberto en un escrito que firma también el letrado Enrique Sánchez, uno de los tres imputados.
La representación de los tres querellados alude a la “falta de motivación” de la providencia por la que se cita a Muñoz, Ruiz y Sánchez tras la ampliación de querella formulada contra ellos por el promotor libanés.
“Sería, además, razonable que la imputación fuese precedida de la prueba documental precisa para obtener el convencimiento acerca de la pertinencia de la atribución de carácter delictivo de los hechos narrados y, en su caso, de la participación que los querellados hayan podido tener en ellos”, reza el documento.
Diversos juristas consultados por eldiario.es/Andalucía han apuntado que la providencia, como tal, no es una resolución judicial recurrible. No obstante -añaden- “siempre se da por hecho la interposición de recursos” contra la misma.
La defensa, un asesor jurídico municipal externo
Paralelamente, Ángeles Muñoz y sus dos altos cargos de confianza coimputados han designado para su defensa a un asesor jurídico municipal externo. Se trata de Alberto Peláez, integrante del bufete Gaona Abogados cuyos servicios contrató años atrás el equipo de Gobierno del PP. Fue tras un concurso para la llevanza de pleitos de la administración local. Este jurista ya representó a Marbella, como acusación particular, en el macrojuicio del ‘caso Malaya’.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Marbella se personó como acusación particular ante la jueza Beatriz Fernández nada más conocer que Reda Alaywan había ampliado la querella inicial contra la alcaldesa.
Fue en Enero pasado cuando una procuradora y un letrado municipales solicitaron la personación. Lo hicieron cuando ni siquiera la magistrada había decidido si aceptaba las nuevas imputaciones propuestas contra Muñoz. La querella inicial iba dirigida únicamente contra el empresario José Miguel Villarroya Villar, condenado en firme por cohecho, al quedar probado que sobornó al exalcalde Julián Muñoz. Fue en el marco del llamado ‘caso blanqueo’, también conocido como ‘caso Pantoja’.
No fue hasta el pasado 9 de mayo cuando la jueza aceptó la personación como acusación particular del Ayuntamiento de Marbella. Diez días después, el 19 de mayo, dictaba la providencia mediante la que citaba a declarar como imputada a la primera edil marbellí.
Así pues, Muñoz y los otros dos altos cargos acudirán a declarar defendidos por un abogado municipal y tendrán enfrente, como acusador particular, a otro letrado externo del Consistorio. Se trata de Fidel Escudero, miembro del bufete Gaona Abogados, al igual que Peláez.
El PSOE solicitó informes sobre el pago al abogado de la alcaldesa
El portavoz del PSOE local y parlamentario andaluz por Málaga, José Bernal, ya solicitó un informe al interventor municipal tras conocerse la imputación de la alcaldesa. Pretendía conocer si se habían hecho pagos a Gaona Abogados para llevar la defensa de Muñoz y los otros dos querellados.
Durante una rueda de prensa, celebrada el pasado 26 de mayo, Bernal aseguró también haber pedido otro informe al secretario municipal “para conocer si procede o no que el contrato con Gaona Abogados cubra la defensa de los querellados”.
El líder de la oposición marbellí recordó que “en su momento el PSOE solicitó, y así dijo el Ayuntamiento que iba a hacer”, que los concejales que “fueran imputados en casos de presunta corrupción no podrían ser defendidos por la asesoría jurídica municipal”. Bernal recordó el caso del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde una serie de ediles del PP han sido condenados por aprobar pagos al abogado de un imputado por corrupción.
Cuando este medio preguntó días atrás a la alcaldesa si no había pensado en sufragar de su propio bolsillo el abogado defensor, para evitar polémicas y reproches de la oposición, Muñoz respondió que desconocía quién era su letrado defensor. Se refirió al jefe de la asesoría jurídica municipal y coimputado, Enrique Sánchez, como la persona que debería determinar la vía de defensa.