La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Marbella, Beatriz Fernández, ha citado a declarar como imputada a la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, del Partido Popular, así como al director de Patrimonio, el abogado Mario Ruiz, además del jefe de los servicios jurídicos municipales, Enrique Sánchez. Los tres deberán comparecer en la misma condición de querellados el 10 de septiembre por los presuntos delitos de estafa y prevaricación, denunciados por el conocido promotor inmobiliario libanés Reda Alaywan.
El inversor afincado en la Costa del Sol se considera perjudicado por el Consistorio marbellí, al resolver una concesión administrativa de su propiedad sin su conocimiento ni consentimiento. Solicita también que la alcaldesa y el resto de querellados hagan frente, de forma cautelar, a una fianza de 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. De no ser satisfecha esa cantidad se pide el embargo de sus bienes. La cifra guarda relación con el valor de tasación aportado sobre la concesión administrativa de tres parcelas, que sobrepasa los 18 millones de euros.
Fue el pasado 19 de mayo cuando la magistrada notificó la providencia en la que resuelve citar a declarar a Muñoz y los otros dos altos cargos municipales. La decisión de la instructora se produce siete meses después de que Alaywan ampliara la querella que interpuso en 2011, por estafa, únicamente contra el empresario José Miguel Villarroya Villar.
Se da la circunstancia de que en abril de 2013 Villarroya fue condenado a un año de cárcel por cohecho en el llamado ‘caso blanqueo’, también conocido como ‘caso Pantoja’. Fue hallado culpable de sobornar al exalcalde Julián Muñoz. La sentencia está recurrida ante el Supremo.
Según la ampliación de querella de Alaywan, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los hechos denunciados guardan relación con una serie de acuerdos que en 2011 alcanzó la Junta de Gobierno Local, presidida por Ángeles Muñoz, así como la propia alcaldesa, con el empresario José Miguel Villarroya, sin el conocimiento de Reda Alaywan, mediante los cuales se pactó una indemnización de 574.000 euros. Todo ello en relación con la extinción de la concesión administrativa que la entidad Kriptonita S.A. poseía sobre tres parcelas municipales que suman casi 43.000 metros cuadrados.
Se pone de manifiesto la existencia de una “trama defraudatoria”, llevada a cabo por los querellados. En el caso concreto de Ángeles Muñoz se describe a la alcaldesa como “coautora o cómplice” de un delito de estafa, atribuido como autor material a José Miguel Villarroya.
La imputación que hace recaer el querellante sobre Muñoz se enmarca en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2011. No obstante, dicha acusación se extiende a a quienes “pudieron participar y tomar el acuerdo”, así como hacia las personas que hayan informado favorablemente sobre el mismo en el Consistorio marbellí.
Un segundo delito de estafa
Hay un segundo delito de estafa atribuido por el abogado Manuel Sanchís a la regidora: consistió en la disposición llevada a cabo por el Ayuntamiento de Marbella de parte de los terrenos de la concesión administrativa propiedad de Kriptonita S.A a favor de la mercantil Proconsol Investment Corporation S.L. Se trata de 5.000 metros de parcela que han sido cedidos a dicha empresa para la ubicación de un helipuerto.
Como paso previo a los presuntos delitos de estafa denunciados se alude a la existencia de distintas resoluciones administrativas llevadas a cabo que se califican como “arbitrarias y adoptadas por autoridades o funcionarios públicos a sabiendas de su injusticia”. Todo ello se traduce en el delito de prevaricación, también recogido en la querella.
El empresario libanés había comprado en 2004 a Villarroya la totalidad de las acciones de la citada sociedad mercantil, por 7 millones de euros, y por tanto era el único titular de la sociedad. Sobre los terrenos estaba prevista la ubicación de un parque de ocio. Finalmente no pudo llevarse a cabo por no contemplarlo el nuevo PGOU de 2010.
Alaywan sostiene en la querella que Villarroya le ocultó “en todo momento” la existencia de una serie de “negocios jurídicos”, anteriores a la transmisión de acciones de Kriptonita a su favor.
El 18 de mayo de de 2011 la alcaldesa y Villarroya suscribieron de mutuo acuerdo la resolución de la concesión administrativa y pactaron una indemnización de 574.000 euros para el empresario.
Sanchís, firmante de la querella contra la alcaldesa y los otros dos altos cargos municipales, argumenta que la resolución de la concesión se hizo “de manera arbitraria” por los querellados y “con el único propósito de dejar sin efecto cualquier acceso a reclamación de perjuicios por parte de la entidad concesionaria”, reza el documento de 17 folios de extensión.
“La totalidad de los funcionarios y autoridades querelladas, principalmente la alcaldesa de Marbella, tenían perfecta constancia durante todo este periodo de que la entidad concesionaria era Kriptonita y la persona propietaria de sus acciones, por sí o a través de sociedades por él controladas, era Reda Alaywan”.
Desde que el inversor libanés se hizo con la totalidad de las acciones de Kriptonita S.A. él personalmente comenzó a dirigir y protagonizar personalmente todas las gestiones llevadas a cabo ante el Ayuntamiento y la propia alcaldesa actual. De ahí que su letrado destaque en la querella que Ángeles Muñoz, Mario Ruiz y Enrique Sánchez, conocían sobradamente que Reda Alaywan era el propietario de la mercantil cuando alcanzaron el acuerdo con Villarroya.
Un helipuerto en lugar de un auditorio
Ángeles Muñoz prometió en la campaña electoral de 2011 que en las tres parcelas objeto de este litigio se construiría un auditorio frente al mar. Tres años después de esa promesa incumplida los terrenos albergarán un helipuerto.
En marzo se conocía que el Ayuntamiento debe indemnizar a Villarroya con más de 574.000 euros, a raíz de una sentencia en la vía de lo contencioso administrativo. Fuentes jurídicas aseguran que Villarroya ya ha cobrado 20.000 euros del total.
Aunque en mayo de 2011 la Junta de Gobierno Local reconoció los 574.000 euros a favor del empresario por la resolución de la concesión, dos meses después, en julio de 2011, anuló sus propios actos.
El equipo de gobierno del PP había alegado, tras la denuncia de Villarroya, que anulaba el acuerdo de indemnización ante la imposibilidad de cumplir con el convenio, debido al nuevo PGOU vigente de 2010, así como por las dudas existentes sobre el verdadero titular de la concesión administrativa.
Lo que llama poderosamente la atención es que Ángeles Muñoz haya autorizado que 5.000 metros de los casi 43.000 que pertenecen a Reda Alaywan, a través de Kriptonita S.A., vayan a albergar un helipuerto sin su consentimiento: “Aquí nos estafan y encima meten un helipuerto en nuestros terrenos”, lamentan fuentes cercanas al inversor libanés.
La querella también destaca que se defraudaron y burlaron los derechos de Alaywan, como propietario de las acciones de Kriptonita S.A., “a cambio de una rídicula cantidad”, en alusión a los 574.000 euros; “con el único objeto de que la sociedad no pudiera ser indemnizada de los perjuicios que el cambio urbanístico les podría ocasionar y de que la alcaldesa cumpliera con su promesa electoral de crear un importante auditorio junto a las playas de Marbella, a costa de Kriptonita S.L.”.