Algarrobico: la herencia que debe derribar el próximo consistorio de Carboneras
Debía ser un imán para el turismo que atrajera a cientos de turistas a una de las últimas playas vírgenes del litoral español, pero terminó convirtiéndose en un simbólico cadáver de hormigón: el de la destrucción de la costa.
El Algarrobico, el hotel de 21 plantas y 500 habitaciones construido por la constructora Azata del Sur, en la playa del municipio de Carboneras (Almería), sigue erguido un año más, una nueva campaña electoral. Sin que ninguna administración se atreva a ponerle, al gato, el cascabel del derribo.
Es imposible saber cuándo caerá el coloso. Mañana, en un mes o dentro de diez años. Organizaciones ecologistas como Greenpeace creen que el hotel quedará reducidos a escombros en unos cinco años. Muchas sentencias judiciales, poca voluntad política y un enredo judicial que ni siquiera los expertos son capaces de descifrar por completo tras 15 años de pleitos en los juzgados de Almería, Granada y Madrid.
Lo que, en cualquier caso, está claro es que al consistorio que salga tras las elecciones de este domingo le tocará enfrentarse, por acción u omisión, con la demolición de este hotel ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata.
Inacción de las administraciones
En Greenpeace denuncian que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Carboneras siguen “esperando procedimientos judiciales del caso con mayor número de sentencias judiciales para derribar un inmueble. No comprendemos qué mas necesitan para hacer lo que tienen que hacer, que es cumplir con las sentencias”.
Hace más de un año, el Tribunal Supremo confirmó la anulación el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras: el hotel se levantaba en suelo ilegal. El ayuntamiento de la localidad almeriense está obligado desde entonces a rehacer su PGOU y ordenar el derribo del edificio. Pero no lo ha hecho.
“El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley y modificar su PGOU. Tiene un suelo calificado como urbanizable y las sentencias le han dicho que ese suelo es natural y, por tanto, no cabe que tengan ese suelo como urbanizable”, apunta Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace. El hotel no solo está demasiado cerca del mar, sino que está construido en espacio protegido.
Greenpeace volvió a acudir a los tribunales para agilizar los trámites. “A finales de 2017, como no se estaba haciendo caso a las sentencias, le pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligara al Ayuntamiento de Carboneras a modificar su PGOU y adoptar las sentencias”, señala la ONG verde.
Junta y Gobierno asumieron los gastos del derribo
Aunque durante más de una década, el embrollo judicial se ha enredado por los recursos y alegaciones de la constructora, Azata del Sur, el Ayuntamiento y la Junta, las administraciones han llegado, eso sí, a un acuerdo para asumir los gastos del derribo.
En 2011, el expresidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, y la exministra socialista de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, acordaron que los gastos de la demolición correrían a cargo del Gobierno central y los del reciclaje de los escombros y la restauración del paraje, a cargo de la Junta.
En 2018, con una Junta socialista y un Gobierno central popular, ambas administraciones le manifestaban a este diario que el acuerdo seguía “vigente” y que se mantenía el “compromiso” de derribarlo.
La Junta de Andalucía indicó que el protocolo de colaboración “sigue vigente y en su cláusula segunda se indica que el Ministerio abordará la financiación de la demolición y que la Junta abordará el desescombro y la correcta gestión de los residuos que esta demolición genere”.
Por su parte, el Gobierno de España apuntaba que “el Ministerio firmó un Protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico. El Ministerio ha manifestado su compromiso de colaborar en la cofinanciación de esta recuperación, que supone la demolición del hotel”.
Ambos gobiernos, de nuevo signo, deberán corroborar un acuerdo que se remonta ocho años atrás.
La demolición saldría por unos siete millones de euros. La Junta de Andalucía se comprometió a crear un “plan de empleo extraordinario”, mientras el consistorio local reclama medidas económicas sociales, como “la instalación de grandes empresas que crearán centenares de puestos de trabajo en el levante almeriense” o evitar el derribo y emplear el hotel como residencia de ancianos. Los tribunales ya han hablado al respecto: el Algarrobico debe caer.
