MEDIO AMBIENTE
El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que abra una “investigación preliminar” para verificar si es cierto que hay zonas con actividad radiológica fuera de la valla que perimetra el área bajo vigilancia en Palomares (Almería), la pedanía de Cuevas del Almanzora donde cayeron cuatro bombas con plutonio en 1966. Dos se rompieron y liberaron a la atmósfera unos nueve kilos de material radiactivo, que nunca se recogió al completo. Ecologistas en Acción asegura que hay al menos cinco lugares fuera del vallado donde los niveles de radiactividad son superiores a lo permitido, la mayoría en suelo urbano.
En septiembre los ecologistas llevaron esta denuncia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que esta semana les ha informado de que ya ha pedido al ejecutivo comunitario que investigue. Una denuncia similar fue presentada en enero de 2022 ante el Consejo de Seguridad Nuclear, que descartó el riesgo. Los ecologistas piden que el Gobierno descontamine esos puntos de “libre acceso” o, si no, que el Estado sea sancionado por mantener abierto al tránsito terrenos que podrían implicar un riesgo radiológico.
“He pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”, señala la misiva suscrita por Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones, y a la que ha tenido acceso este medio. Sin embargo, también recuerda que la Comisión Europea ya llevó a cabo una misión de verificación en 2019. “Las actividades de verificación determinaron que las instalaciones necesarias para realizar el monitoreo continuo de los niveles de contaminación por plutonio en aire, agua, suelo y productos agrícolas en el área del accidente de Palomares son adecuadas. La Comisión se cercioró de que estas instalaciones están en funcionamiento y funcionando de manera eficiente”, subraya.
En realidad, no fue exactamente así. En el curso de aquella visita, los técnicos de la Comisión comprobaron que España tenía las instalaciones adecuadas, pero que alguna estaba rota. Por eso, no se realizaban las mediciones de plutonio desde 2016. El aparato necesario instalado en el CIEMAT no se había repuesto por los recortes presupuestarios. Este problema se solucionó en 2020, un año después de la visita de los expertos europeos. Entonces se retomaron los análisis y la Comisión se dio por satisfecha, en este aspecto.
Además, los expertos europeos comprobaron que la principal recomendación de 2010, limpiar la zona de residuos radiactivos, no se había cumplido, y pidieron a España que le informase de los avances antes de final de 2021. Algo que España no ha hecho, tal y como desveló elDiario.es Andalucía. En su lugar, remitió en marzo de 2020 un documento (sin firma ni fecha) advirtiendo a la Comisión de que las “autoridades españolas” ignorarían su petición porque la consideran ajena a las competencias europeas. Ni el Consejo de Seguridad Nuclear ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el de Transición Ecológica explicaron entonces quién y cuándo se elaboró, y por qué se remitió sin fecha y firma, pese a haber sido cuestionados por este medio.
Preguntado nuevamente por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores cree que el informe de la misión europea debería haber reflejado que “la solución definitiva precisaría contar con la asistencia de EEUU”, ya que nuestro país “no tiene actualmente instalaciones para almacenar convenientemente las tierras contaminadas”. El documento fue elaborado por “las autoridades españolas”, recopilando aportaciones de diferentes departamentos ministeriales y organismos afectados, según explica ahora el Ministerio.
Tampoco los tribunales han dado el impulso necesario para abordar la limpieza definitiva de la zona. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado que no va a ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear que limpie, de una vez por todas, la radiactividad que sigue contaminando sus tierras.
La denuncia de los ecologistas admitida ahora a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se apoya en un análisis de espectometría gamma realizado en Zurich (Suiza) a partir de muestras tomadas en Palomares.
En 2010, el Estado valló algunos terrenos, que ahora está expropiando definitivamente. Según esos análisis, también hay radiactividad en algunos lugares concretos fuera del vallado, por los que circulan habitualmente personas y ganado. En la muestra recogida en la acera de números impares de la calle Diseminado La Punta, en el núcleo urbano de Palomares, se registró un máximo de 61 bequereles por gramo de Americio 241, 244 bequereles por gramo de plutonio 239 + 240, de 183 para el plutonio 241 y de 6,1 para el “peligroso isótopo” de plutonio 238. Todos esos parámetros superarían la concentración máxima derivada para una dosis efectiva de un milisiervert/año. Se trataría de una superficie irregular de unos 14 metros cuadrados que lindan con la valla.
Muy cerca de ese lugar está el almacén del CIEMAT con 670 kilos de material radiactivo traído desde Madrid en 2016. El documento de Ecologistas en Acción también detalla la existencia de cuatro puntos radiactivos a algo menos de un kilómetro del núcleo urbano.
Esas mismas conclusiones fueron remitidas al Consejo de Seguridad Nuclear en enero de 2022 por José Herrera Plaza, residente en la zona y uno de los investigadores más tenaces del suceso y del posterior “proyecto Indalo” (con el que se monitorizó y experimentó con sus consecuencias).
El CSN explicó a este medio que las pruebas radiológicas del Programa de vigilancia que aplica sobre muestras ambientales (suelos, animales y vegetales) tomadas en Palomares prueban que la “contaminación residual” se mantiene “en un rango de valores constantes”. “Las actuaciones adoptadas en la zona garantizan que no existe riesgo radiológico inaceptable para la población”, señaló entonces el organismo, que admitió que tenía previsto realizar “verificaciones adicionales”.
El pasado noviembre, el CSN envió sus nuevas conclusiones a Herrera y archivó la denuncia: no hay nada radiactivo fuera de la valla, concluye. “La disposición del vallado (…) previene del riesgo radiológico existente, minimizando a su vez el perjuicio que el mismo pudiera provocar a terceros”, decía esa carta. El regulador nuclear cuestionaba que los análisis aportados por Herrera se hicieran con los equipos adecuados y tomando bien las muestras.
“Ponen en solfa nuestros datos, cuando resulta que todos son del CIEMAT menos uno de los análisis, que hizo un laboratorio de Suiza homologado, que además coincide con los suyos. Están cuestionando sus propios datos”, protesta Herrera, que denuncia la “indolencia” de las autoridades. “Saben desde 2007 que en Diseminado de la Punta tenían que poner el vallado hasta el asfalto. Le pedí al ayuntamiento que al menos pusiera una capa de hormigón, que ayuda a frenar la radiación de americio, pero miran a otro lado”. En 2015, Greenpeace remitió al CSN unos análisis de muestras tomadas en dos lugares de tránsito público que llegaban a conclusiones similares a las suyas.
Para Herrera, Palomares es una “zona franca” donde se obvia la legislación sobre residuos nucleares. Y como ejemplo, cita el Plan de Mejora Integral de las instalaciones del CIEMAT. “Allí no vive nadie y no existe riesgo radiológico para los trabajadores, pero llevan gastados 100 millones en 22 años”.
“Las leyes se incumplen sistemáticamente”, lamenta el investigador: “¿Cómo se puede permitir que haya un contenedor con 670 kilos de tierra con material radiactivo en mitad del pueblo? Aunque no tengan peligro, tendrían que estar en una instalación de residuos de segunda clase, que es donde estaban en el CIEMAT”. Algo así no se permitiría en ningún otro lugar, concluye.
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