Los ecologistas denuncian nuevas “trampas” para no demoler El Algarrobico y recurren al Constitucional

Nada es lo que parece en torno a El Algarrobico. O sí. A principios de la semana pasada, José Luis Amérigo, alcalde socialista de Carboneras, hizo una convocatoria “por vía de urgencia”: 48 horas después se modificaría el PGOU de Carboneras para declarar que no se puede construir en los terrenos de El Algarrobico, tal y como han dicho los tribunales en repetidas ocasiones. El anuncio se hacía cinco años después de que se convirtiera en firme la sentencia que le obligaba a ello y cinco días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía diera al alcalde precisamente cinco días antes de multarle con 700 euros por incumplir aquella sentencia.

El miércoles se celebró el esperado Pleno que aprobó declarar que el suelo de El Algarrobico (a veinte metros del mar y en el parque natural Cabo de Gata-Níjar) es no urbanizable de especial protección, con el voto a favor de los concejales socialistas y un concejal no adscrito y la abstención del resto.

La reclasificación del suelo supone trasladar al planeamiento municipal lo que ya establecen la Ley de Costas y la norma de protección del Cabo de Gata. Hace décadas que se sabe que El Algarrobico, paralizado hace 17 años, está donde no puede estar, y solo faltaba el municipio por recogerlo.

Los ecologistas alertan de una “trampa”

Sin embargo, horas después de que el Ayuntamiento diera este histórico paso, los ecologistas han vuelto a dar la voz de alerta. Creen que la modificación puntual aprobada es nula de pleno derecho, porque no se han respetado los trámites básicos. La ley es muy clara: para aprobar una modificación puntual del planeamiento urbanístico, primero va la aprobación inicial, después un trámite de información pública para que posibles interesados puedan alegar, y luego la aprobación definitiva.

Nada de esto se ha hecho en Carboneras, que directamente ha realizado la aprobación definitiva. “Lo sabe de sobra el Ayuntamiento”, lamenta José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace. El consistorio alega que, al estar acatando una sentencia, la modificación no es discrecional y puede hacerse como la ha hecho. Para Domínguez, es otra “trampa” para no cumplir con las resoluciones. Ya advirtió que con dar cuenta de la modificación no bastaba, y el tribunal acabó dándole la razón. Aquello supuso un retraso de dos años.

“Nadan y guardan la ropa. Pretenden evitar las multas, diciendo al TSJA que han cumplido, y evitan una reclamación de Azata [la promotora], porque en realidad no han modificado el planeamiento”, dice el abogado. El consistorio podría tener que enfrentarse a una reclamación de la constructora por haberle concedido una licencia en terrenos en los que no se podía construir. El actual equipo de gobierno alega que nunca ha parado, pero que el asunto es tan peliagudo que es necesario medir cada paso con informes técnicos y jurídicos.

El alcalde: “Los pasos tienen que ser escrupulosos”

En el Pleno, la oposición cuestionó los verdaderos motivos de la modificación urgente. “¿No será esa urgencia porque el tribunal ha notificado al alcalde que en cinco días si no cumple lo van a multar con 700 euros cada 20 días?”, preguntó Felipe Cayuela, de Carboneras Avanza.

“Siempre he cumplido lo que la justicia me ha ordenado”, dijo Amérigo al terminar la sesión. “El tiempo es relativo, pero hemos ido dando los pasos que los informes y dictámenes nos han mandado”. El alcalde señaló que “los pasos tienen que ser escrupulosos”, y deslizó que hay “otros” que parecen interesados en que al Ayuntamiento “le caiga todo”, en referencia a una posible indemnización. “¿La sensibilidad del Ayuntamiento es que se derribe el Algarrobico después de tantas sentencias?”, le preguntaron: “La sensibilidad del Ayuntamiento es cumplir con lo que la justicia nos diga”.

El Ayuntamiento se explica sobre todo en los escritos al tribunal. Y allí insiste: no tiene “el más mínimo interés” en eludir el cumplimiento de las sentencias porque, a pesar de lo que algunos barruntan, no pretende dar un uso urbanístico a los terrenos. Si ha pasado tanto tiempo es porque se necesitan informes, que tienen su complejidad y porque, admite, se ha dado algún paso en falso, pero sin mala fe. El consistorio dice que las sospechas de Greenpeace serían meras “conjeturas”, que no es como parece y que sería “terriblemente injusta” la imposición de una multa.

Campañas de cartelería y una queja al CGPJ

El caso es que la realidad física sigue igual que hace 17 años, con el hotel en pie, y los papeles se mueven con tal lentitud y están tan enmarañados que los ecologistas ya no saben qué más hacer para que se produzcan avances. La semana pasada probaron con una campaña de presión: imitando los carteles electorales del PSOE, denunciaron irónicamente la inacción de los socialistas. Al menos lograron la reacción de Juan Espadas, que recordó que Carboneras estaba cerca de reclasificar los terrenos.

También han presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial. “Ninguna de las más del medio centenar de resoluciones judiciales relacionadas con el Hotel del Algarrobico han tenido efecto alguno por la negativa del Ayuntamiento de Carboneras a cumplirlas”, le informan. “Esta irregularidad ha sido posible por la inacción de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada”.

En el último año y medio, el TSJA ha advertido en cinco ocasiones al alcalde Amérigo con que le multará si no cumple su sentencia de 2016, firme desde 2018. Pero aún no le ha impuesto multa alguna. Tampoco ha dado traslado a Fiscalía, a diferencia de lo ocurrido en Marbella, donde el TSJA ha multado con mil euros a la alcaldesa y la Fiscalía le ha abierto una investigación por no ejecutar una sentencia y una orden de demolición.

Se da la circunstancia de que actual asesor del ayuntamiento de Carboneras es Jorge Muñoz, contratado por 35.000 euros. Muñoz es magistrado en excedencia de la sala del TSJA que tramita los juicios de El Algarrobico, y dictó dos polémicas resoluciones favorables a la construcción en 2014, luego revocadas por el Tribunal Supremo.

Otra de las firmantes de aquellas sentencias, y por tanto excompañera de Jorge Muñoz, sigue siendo magistrada de la sala y es ahora la encargada de que se ejecute la resolución que, contrariamente a su criterio en 2014, declara que los suelos de El Algarrobico no son urbanizables. Los últimos escritos del ayuntamiento de Carboneras ya no los firma Muñoz, sino una abogada junior de su despacho, Martínez Echevarría. Algo inusual.

Recurso de amparo

La última opción de los ecologistas es el Tribunal Constitucional, al que han presentado recurso de amparo esta misma semana por la negativa del Tribunal Supremo a abrir directamente expediente de demolición y derribar El Algarrobico. En su recurso, Greenpeace explica que el Ayuntamiento de Carboneras incumple “de forma sistemática” todas las resoluciones judiciales “ante la pasividad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Los ecologistas creen que se está vulnerando su derecho a la tutela judicial: “Los efectos de las sentencias no pueden depender de una decisión en vía administrativa”, protesta María José Caballero, portavoz de la entidad. Está por ver si el paso de esta semana es el primero para la demolición del hotel ilegal.