Su hermano de 18 años murió el pasado 1 de julio atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama. Este lunes conoció el auto de archivo del caso, ocurrido en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria (Almería) durante una inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica. “No estamos conformes y no nos vamos a callar”, asegura Abdel T., que muestra sus dudas acerca de cómo se ha desarrollado la investigación por parte del juzgado de Purchena.
Para acordar el sobreseimiento provisional de la causa, la jueza considera, basándose principalmente en la autopsia, que se trató de un fallecimiento “accidental” y no observa delito en la actuación de los cinco trabajadores investigados. “Entre unos y otros están tapando la verdad”, dice el joven en conversación telefónica con eldiario.es Andalucía. “Dicen que es una muerte violenta accidental pero provocada en parte por una medicina que le dieron ellos. Nos dijeron que activaron el protocolo para protegerlo a él pero lo que hicieron fue matarlo”, denuncia.
El centro de reforma Tierras de Oria (Almería) lo gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) pero su titularidad la ostenta la Junta de Andalucía. La grabación de los hechos, a la accedió eldiario.es Andalucía, mostraba que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.
Sin esposas
“El vídeo no he podido verlo. La jueza dice que el protocolo de contención se activó porque mi hermano estaba muy agitado y llevaba puestas unas esposas. Un hermano sí pudo ver el vídeo en el despacho del abogado y vio que no estaba esposado en el momento en el que le tiraron a la cama”, como así pudo comprobar este medio. “Mentiras y mentiras por parte de la Junta y del juzgado”, lamenta.
El juzgado, aunque reconoció que la colocación boca abajo no es la más recomendable en una contención pese a que el protocolo entonces vigente la permitía, defiende que se adoptara tal posición. “Su colocación boca arriba le podría haber ocasionado graves lesiones, no considerándose procedente la retirada de las esposas hasta que se calmara”, dice el auto de archivo. En el vídeo al que tuvo acceso este medio se aprecia que el joven ya no llevaba las esposas cuando le empujaron hasta la sala de contenciones y le colocaron sobre la cama. También dice la jueza que, en la valoración médica que se hizo a su ingreso en el centro, no se indicó que él presentase “alguna contraindicación a la aplicación de las medidas de contención”. “Pero ese informe lo hacen en el centro, ¿no?”, se pregunta el hermano del joven fallecido.
Abdel T. tampoco entiende “por qué acuden como testigos personas que estaban implicados en la activación del protocolo ya que son ellos los que han causado la muerte. Van a testificar a su favor. Son muchas cosas. Tenemos testigos que dicen que mi hermano no estaba agresivo ese día”, comenta.
“Impunidad para un homicidio”
El familiar espera poder poner un recurso contra el auto de archivo, planteando también “pedir una segunda autospia” ya que la aportada a la investigación finalmente “no coincide” con las que difundió el diario El País los días 11 de julio y 31 de julio. “Son muchas cosas”, indica. Abdel T. no sabe exactamente “qué va a pedir” el representante legal de la familia pero asegura que “no nos vamos a callar, con o sin abogado”.
En la grabación de los hechos se ve cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar. La grabación fue incorporada al procedimiento el 24 de julio, como parte del anexo del atestado del equipo de la Policía Judicial de Huércal-Overa (Almería).
Para un abogado que ha seguido de cerca el caso, el auto de archivo “es la triste comprobación de espacios de impunidad cada vez más grandes y más fuertes en esta democracia, y que intereses no claros impiden el funcionamiento de las instituciones, con lesión para derechos fundamentales”, señalando que ha existido “impunidad para un homicidio causado por fuerza bruta en la inmovilización de un menor preso. Si llega a pasar con un terrorista de ETA, dimite hasta el Ministro del Interior. ¿Cómo puede considerarse algo fortuito ese homicidio tras el empleo de esa fuerza desmedida?”, denuncia el letrado.