Casi ocho años después de que un juzgado de instrucción empezara a investigar a funcionarios y políticos de varios municipios Almería por el presunto cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obras, el caso Hispano-Almería avanza lentamente con las primeras declaraciones de algunos investigados. No hay condenados, ni siquiera acusados y, visto el ritmo del proceso, aún queda mucho para eso, si es que se produce. Hace apenas unos días, el juzgado de instrucción 3 de Almería ha llegado a la conclusión de que debe tomar declaración como investigados a trece personas, además de a los representantes legales de las empresas que supuestamente pagaron las mordidas.
Entre los llamados a declarar hay un solo cargo político, Antonio García Aguilar, por entonces concejal de Salud y Medio Ambiente de Roquetas de Mar. En cambio, no pasará por los juzgados Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y expresidente del PP de Almería, a pesar de que su municipio es el vértice de la investigación y un informe de la UDEF concluye que el PP almeriense y el de Roquetas usaron la trama para financiarse irregularmente. Las acusaciones (PSOE y la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT)) habían pedido su imputación, pero la jueza no ha resuelto sobre esta petición más de un año después. Tampoco ha resuelto nada respecto al resto de diligencias pedidas por las acusaciones particular y popular.
Los dos autos del juzgado, a los que este medio ha tenido acceso, acuerdan citar a declarar a trece personas, además de los representantes legales de Hispano Almería, Alcosan, Gesponiente y Taller de Arquitectura Almería, tal y como pedía la Fiscalía. Empezaron a declarar este martes. Además, el juzgado pide a la Agencia Tributaria que le remita las declaraciones de renta y patrimonio de 2000 a 2010 de los investigados, así como las cuentas anuales y el impuesto de sociedades de las empresas bajo la lupa. También quiere conocer todo el patrimonio de los sospechosos y los movimientos de sus cuentas.
Esta es la primera ocasión en que la jueza cita a declarar como investigados a técnicos y políticos de Roquetas de Mar. La jueza considera que podrían haber cometido delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación, de negociaciones prohibidas a autoridades y de pertenencias a organización y grupo criminal.
Un total de nueve presuntos delitos, que la UDEF ya desgranó en un extenso informe emitido hace más de un año, en el que documentaba la existencia de recibís de los que se deducía la existencia comisiones ilegales a favor de técnicos municipales y cargos políticos del PP de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar, La Mojonera y Diputación de Almería.
El informe, que daba nombres y apellidos de los perceptores, apuntaba a la entrega de 36.000 euros en 2003 (año de elecciones municipales) asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”. Además, en los 'recibís' incorporados a la causa había otros 18.000 euros en concepto de “campaña municipal - Diputación” y 25.000 euros aportados al “PP Níjar”. En total, la UDEF contabiliza 136.500 en pagos al PP.
Según ese informe, el Ayuntamiento de Roquetas cometió irregularidades en la adjudicación de 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, según la Policía, que entre 2000 y 2010 ejecutó actuaciones por valor de más de 77 millones de euros.
La investigación de las presuntas comisiones pagadas a funcionarios y políticos del PP almeriense ha seguido un camino tortuoso. La investigación, que hoy acumula los 40 tomos y 365.000 folios, se inició en octubre de 2013, cuando la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentó cerca de 10.000 documentos a la Fiscalía que documentan, presuntamente, la existencia de una trama para el cobro de comisiones ilegales en los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Vícar, Níjar, La Mojonera, Almería y la diputación provincial.
Esos documentos demostrarían que el Grupo Hispano-Almería obtuvo un gran número de obras públicas a cambio de premiar económicamente a técnicos, funcionarios y políticos locales. Hay recibís que documentan el cobro de un total de 1,1 millones por parte de un arquitecto técnico municipal. En total, los recibís suponen 5,4 millones de euros en 62 expedientes, en los que faltan documentos o constan modificados por más del 20% permitido por la ley.
En octubre de 2020, un mes después de recibir el prolijo informe de la UDEF y más de seis años después de asumir la investigación, la jueza instructora decidió inhibirse, poner fin a su instrucción y enviarla troceada a los juzgados de Roquetas de Mar y El Ejido. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, entendía que los presuntos delitos que había investigado como un todo hasta ese momento se podían individualizar en cada municipio.
En cambio, los denunciantes siempre han defendido que existe un modus operandi común y un entramado criminal que desemboca en la cúpula del PP almeriense. Creen por tanto que toda la investigación debe recaer en un único juzgado, y que su troceamiento solo provocará más demoras y que la trama criminal quede impune. Pocos meses después, la decisión de la jueza fue corregida por la Audiencia Provincial, que devolvió la investigación al juzgado de instrucción 3 de Almería.
Quejas por el retraso
Este nuevo inconveniente ha terminado por retrasar otro año un proceso que ya venía de seis años de demoras. En este tiempo han fallecido dos de los ahora investigados, que sin embargo han sido también llamados a declarar.
Además, se mantiene cada una de las piezas separadas, sin que se haya abierto una pieza política en la que se investigue la posible implicación del PP almeriense, beneficiario de recibís y donaciones del Grupo HALSA, según los investigadores policiales. “La UDEF está diciendo que hay causa común y financiación irregular del PP. ¿Por qué no se investiga esto? ¿Qué criterio usa la juez?”, se pregunta una fuente de AMAyT.
La causa ha sido declarada de gran complejidad, y la jueza instructora ha pedido el refuerzo de un magistrado y dos funcionarios para su juzgado. Los retrasos en la investigación han motivado la interposición de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por parte de AMAyT. La asociación denuncia que la lentitud en abrir una pieza que investigue la presunta conexión de todas las adjudicaciones irregulares podría acabar desembocando en la prescripción de posibles delitos.
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